Las supuestas irregularidades en los contratos firmados por el Ministerio del Interior con una empresa dirigida por exmandos policiales no es, ni mucho menos, una noticia nueva para el Partido Popular. Pese a que en los últimos días varios de sus principales dirigentes han manifestado públicamente su sorpresa por el contenido de un informe policial sacado a la luz por el diario El Mundo en el que se denunciaba la presunta existencia de contratos amañados por valor de 2,4 millones de euros, lo cierto es que destacados miembros del partido conservador conocían desde hace al menos un año y medio la existencia de estas supuestas corruptelas en el departamento entonces dirigido por Alfredo Pérez Rubalcaba. De hecho, el entonces diputado y hoy director general de la Policía, Ignacio Cosidó, hizo en el Congreso de los diputados tres solicitudes de información sobre la compañía señalada, Interligare, y su relación con la Administración. En concreto, Cosidó planteó una pregunta parlamentaria y dos solicitudes de información al Ejecutivo socialista. Pese a la parca respuesta que obtuvo entonces de éste, no consta que Considó insistiera en el tema.
Cuando Cosidó preguntó sobre Interligare, el Ejecutivo socialista se limitó a responder que Interior "no disponía de datos" de empresas privadas.
Según consta en el Boletín Oficial de las Cortes Generales del 29 de junio de 2011, Cosidó presentó la pregunta sobre Interligare el 24 de febrero de ese año. El actual director general de la Policía, que ya entonces se había convertido en el azote parlamentario de Rubalcaba con sus interpelaciones sobre el caso Faisán, interrogó entonces al Gobierno por escrito: "¿Existe algún familiar de algún cargo del Ministerio del Interior que haya formado parte del Consejo de Administración de Interligare o que haya mantenido alguna relación laboral con dicha empresa?". Ese mismo día, Cosidó registraba también sendas solicitudes de informe a la Administración sobre el mismo tema. En una de ellas, para que Interior le facilitara copia de "los expedientes de contratación entre la empresa Interligare y todos los organismos dependientes del citado Ministerio". En la segunda, pedía "copia de los expedientes de las subvenciones concedidas por el Gobierno a la empresa Interligare".
Según los datos que obran en la propia web del Congreso, el Gobierno socialista sólo contestó a la pregunta parlamentaria y, además, de modo bastante escueto: "En relación al asunto por el que se interesa Su Señoría se informa que el Ministerio del Interior no dispone de datos sobre los consejos de administración de empresas privadas, ni conoce la relación de sus empleados". Era el 3 de junio y el asunto cayó a partir de ese momento en un aparente olvido para el PP, y ello pese a que pocos meses después el principal señalado por el supuesto escándalo, Pérez Rubalcaba, iba a ser el rival en las elecciones generales de Mariano Rajoy. De hecho, no consta que los populares hicieran ninguna referencia a este escándalo en la campaña electoral del 20-N. Vozpópuli se puso ayer en contacto con portavoces de la Dirección General de la Policía, que declinaron comentar esta información. No obstante, personas cercanas al propio Ignacio Cosidó señalaron a este diario que cuando éste solicitó la información en el Congreso los datos que tenía "eran sólo sospechas".
Tras la llegada de Mariano Rajoy al poder, uno de los policiales señalados, el comisario Gabriel Fuentes, quien había ocupado los cargo de consejero y vicepresidente de la empresa bajo sospecha, fue nombrado asesor externo (no aparece en ningún organigrama e Interior niega una relación oficial) del actual secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa. Este policía, que fue el máximo responsable de la lucha antiterrorista del último gobierno de Felipe González, figura actualmente como apoderado de In Situ Grupo Consultor, S.A., una compañía que se define en su web como "respuesta a la necesidad de las empresas de contar con información de alta calidad para la toma de decisiones, en un marco de competencia global cada vez más complejo".
En un juzgado de Aranjuez
Pese al parón por parte del PP, el caso tomó impulso en noviembre del pasado año, cuando aún no se había producido el traspaso de poder entre el ejecutivo socialista y los populares. Entonces, el comisario M.B., de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de Policía, inició las pesquisas que finalmente han acabado en un juzgado de Aranjuez (Madrid), la localidad donde tiene su sede social la empresa Interligare. Son estos informes, que han sirvieron al juez para abrir diligencias por estafa, falsedad documental, cohecho, tráfico de influencias y delito contra la Seguridad Social, las que han servido de base en los últimos días a las informaciones del diario El Mundo que han destapado el escándalo.
Se da la circunstancia que el comisario autor del informe es el mismo que realizó parte de las pesquisas sobre el polémico ático de Marbella que tiene alquilado Ignacio González, el vicepresidente de Esperanza Aguirre. Otra investigación que ha provocado numerosos quebraderos de cabeza en Genova y, sobre todo, al propio director general de la Policía y al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. De hecho, el caso fue una de los motivos que llevó a Cosidó a cesar de manera fulminantemente a comienzos de julio al comisario general de Policía Judicial, Enrique Rodríguez Ulla, quien había impulsado estas pesquisas tras una denuncia del SUP, el sindicato mayoritario de la Policía. Poco después, según fuentes de este Cuerpo, también era relevado de su puesto el comisario M.B.
Para entonces, las pesquisas sobre Interligare ya había generado varios informes, incorporados a las diligencias abiertas en el juzgado de Aranjuez. En ellos se señala a tres altos cargos de Interior con Rubalcaba, a dos hijos de uno de ellos y a un empresario cercano al ex ministro José Blanco como parte clave de una supuesta trama que entre 2008 y 2010 consiguió presuntamente de modo fraudulento contratos oficiales a dedo para Interligare. Estos informes sugieren también, pero de un modo mucho menos contundente, un supuesto caso de espionaje a la sede de Génova. Sin embargo, ha sido a este último detalle al que se han aferrado los dirigentes del PP en sus declaraciones de los últimos días para pasar de puntillas sobre la otra parte del escándalo, la financiera, de la que el Boletín Oficial de las Cortes Generales da fe que ya conocían hace año y medio, cuando aún estaba en la oposición.
