El Juzgado de Instrucción número uno de Huelva ha imputado a la presidenta del PP de Punta Umbría (Huelva), María Sacramento, tras la querella presentada por la asesora jurídica de la Cofradía de Pescadores de la localidad, por un presunto delito de injurias.
En un auto judicial notificado este miércoles, al que ha tenido acceso la agencia Efe, el juez admite a trámite la querella al entender que los hechos denunciados pudieran ser constitutivos de delito e incoa diligencias previas y cita a la querellante para que comparezca en el juzgado con el fin de ratificar el escrito presentado el próximo 15 de diciembre. Asimismo, cita a la querellada, María Sacramento, para ser oída, en calidad de imputada, dentro de dos meses y medio, el 22 de febrero de 2016.
La querella interpuesta contra Sacramento por injurias graves con publicidad tiene su origen en unos hechos ocurridos en enero de este año, concretamente a partir del día 25, cuando ésta comenzó a publicar una serie de comentarios a través de su perfil de la red social Facebook que entiende la querellada que "presentan caracteres delictivos".
"Calla su culpa y engaña al sector"
Los mensajes estaban relacionados con las ayudas económicas por toxinas del sector de la chirla, rezando el primero de ellos: "El 100% de los barcos y un 98% de los tripulantes de draga hidráulica de Sanlúcar de Barrameda van a cobrar sin ningún tipo de problemas las ayudas. Sin embargo, el garbanzo negro, en este asunto es Punta Umbría, por la mala gestión de la persona encargada de los expedientes que además, calla su culpa y engaña al sector".
La presidenta del PP de Punta Umbría tendrá que declarar como imputada el 22 de febrero
A raíz de esta publicación continuó insistiendo con varios comentarios hasta que en una de ellos indicó: "Los armadores lo único que han hecho mal es confiar en quien no debieron confiar pensando que un asesor/a jurídico/a lo haría todo correctamente. Y no ha sido así, desgraciadamente. Ahí está el/la principal culpable".
Expone la querellante que es notorio y público que desde 2012 presta sus servicios como asesora jurídica de la cofradía de pescadores de la localidad y que 48 barcos de la chirla acudieron a la entidad para entregar la solicitud referente a las solicitudes de ayudas por parada por toxinas. Señala además que desde la cofradía entregó a cada armador las resoluciones de la administración autonómica por las que se regulaban dichas ayudas.
Considera que lo manifestado por Sacramento "además de no ser cierto y absolutamente carente de veracidad, se realiza con el único objeto y ánimo perseguido de ofenderme e injuriarme públicamente, llevándose a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio a la verdad" y, por tanto, produciendo intromisión en su honor, en el de su despacho profesional y de todos sus componentes. Y ello porque la presidenta del PP, en aquel momento parlamentaria andaluza, sabía que las ayudas se denegaban por faltar un requisito y no por culpa del asesor jurídico.
