"Me rebelo contra la corrupción y los corruptos", fue la frase que pronunció el nuevo líder del PP andaluz, Juan Manuel Moreno, en su coronación del pasado sábado. Dos días después del Congreso Regional afirmaba en la misma línea que el "Gobierno de la Junta [del PSOE] se ha caracterizado en los últimos 32 años por la corrupción", haciendo alusión, de paso, al caso de los ERE fraudulentos. Propuso además a la presidenta de la Junta de Andalucía, la socialista Susana Díaz, un pacto en favor de la regeneración. Sin embargo, a la vez que mostraba tales intenciones, Moreno integraba en su nuevo Comité Ejecutivo a una dirigente cuyo nombre figura de manera destacada en uno de los último informes que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha incorporado al sumario del caso Gürtel.
Se trata, en concreto, de la alcaldesa de Jerez de la Frontera (Cádiz), María José García-Pelayo, quien participó supuestamente en la adjudicación de contratos irregulares a las empresas de la trama encabezada por Francisco Correa a través de un procedimiento sin publicidad y recabando la documentación de las sociedades cuando ya habían sido ejecutados sus trabajos, según precisa el informe de la UDEF. García-Pelayo es también senadora en la actualidad.
La Policía detalla que el Ayuntamiento jerezano adjudicó de forma "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa por valor de 214.027 euros
El informe, que fue remitido el pasado viernes al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y al que ha tenido acceso este diario, explica que los hechos se remontan a la última semana de enero de 2004 cuando el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Jerez, bajo la tutela de este Ayuntamiento, adjudicó de forma supuestamente "irregular" varios contratos a dos sociedades de Correa para el montaje de un pabellón en la Fería Internacional de Turismo (FITUR) de aquel año, para el acondicionamiento de la Plaza Mayor de Madrid para un espectáculo ecuestre y por la organización de una fiesta flamenca en el Parque del Retiro, también de la capital. Todo ello por un valor de 214.027 euros.
El nombre de García-Pelayo figura, en calidad de alcaldesa y presidenta de este Instituto de Promoción y Desarrollo, en los contratos que dieron cobertura a los servicios llevados a cabo por las empresas de la Gürtel. La UDEF detalla que consta su "antefirma y firma" en los documentos, aunque la Policía señala que la rúbrica es la de otra persona autorizada, en concreto, la de Bernando Villar, teniente de alcalde y delegado municipal de promoción en aquel momento. En los documentos también figuran las firmas de Manuel Báez, que ejercía de su secretario del Instituto de Jerez, y de Pablo Crespo, número 2 de la trama y en ese momento consejero delegado de Special Events, una de la empresa clave de la red empresarial de la organización de Correa.
La alcaldesa y el jefe de prensa de Arenas
El informe de la UDEF dedica, incluso, un pequeño apartado a la alcaldesa al hacer una relación de "personas intervinientes" en la concesión de los contratos. En él, los agentes detallan tanto los puestos que ocupaba cuando se firmaron los contratos -alcaldesa y presidenta del Instituto de Promoción- como que en la actualidad sigue al frente del consistorio gaditano y es "senadora nacional por la formación politca Partido Popular por la provincia de Cádiz". En el Congreso Regional del pasado fin de semana, García-Pelayo fue nombrada por Moreno presidenta del Comité de Gobiernos Locales, un órgano colegiado del PP andaluz integrado como tal en la Ejecutiva autonómica. Con este nombramiento, el PP de Cádiz ha reforzado su presencia en dicha dirección, ya que, además del puesto otorgado a García-Pelayo, Antonio Saldaña, seguirá como coordinador de Ordenación del Territorio, Aurelio Romero será secretario del Comité Electoral y Lidia Menacho ocupará la secretaría de Educación.
No obstante, el verdadero 'protagonista' del informe de la UDEF es otro destacado miembro del PP al que los agentes adjudican un "papel fundamental" en la adjudicación de los contratos bajo sospecha. Se trata de Isidro Javier Cuberos, quien fuera jefe de prensa del PP andaluz y luego director de Comunicación del Ministerio de Trabajo con Javier Arenas. Cuberos es señalado por la Policía como el intermediario entre las empresas del Grupo Correa y las personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez. "El llamado Isidro Javier Cuberos canalizó el cobro de su comisión a través de la emisión de una factura por parte de su empresa Cuberos Comunicación S.L. a nombre de Special Events, por importe de 53.355 euros", precisa la Policía.
En un comunicado de prensa, el Consistorio jerezano ha salido rápido a señalar que "el Tribunal Superior de Justicia ya archivó el 30 de mayo de 2011 la denuncia interpuesta por el PSOE contra la alcaldesa, María José García-Pelayo, por el caso Gürtel". El Gobierno local añade que "en la propuesta de actuación del informe de la UDEF, del 28 de febrero, en ningún caso se plantean acciones sobre personas vinculadas al Ayuntamiento de Jerez". De hecho, la UDEF sólo ha planteado por ahora al magistrado que tome declaración a Cuberos en lo que parece el inicio de un nuevo frente dentro de la trama de corrupción.
