Génova no quería que los papeles de Bárcenas terminaran en la Audiencia Nacional con la instrucción del 'caso Gürtel' aunque sea en pieza separada. Intentó evitarlo cuando el juez Pablo Ruz modificó su decisión inicial del pasado 5 de febrero de no mezclar un asunto con otro, aunque el magistrado se corrigió a sí mismo tras un recurso de los socialistas valencianos. La dirección nacional de los populares acogió ayer con malestar la decisión del juez, aun a sabiendas de que todo apuntaba a que el caso pasase a sus manos tras las cuatro querellas que se habían presentado, con la apertura, además, de diligencias previas por parte del juez Gómez Bermúdez tras la actuación judicial de Izquierda Unida contra el PP.
Finalmente, los papeles, a los que el PP intenta negar toda veracidad denunciando que han sido "presumiblemente prefabricados ad hoc", están judicializados y devuelven a Génova no sólo al centro de la investigación sobre la Gürtel sino que de nuevo lanza sombras de duda sobre posibles vínculos de la trama corrupta de Francisco Correa con la financiación del PP, sospecha que los populares creían exorcizada. Después de forzar la dimisión de la mayoría de los implicados de alguna u otra manera por la Gürtel bien en Madrid, Valencia, Castilla y León y Génova 13 y de presentarse como víctimas de la trama, el PP regresa al ojo del huracán.
Alexis Godoy, en representación procesal del PP, presentó en su momento un recurso contra la petición de los socialistas valencianos para que el juez Ruz asumiera el caso de las anotaciones contables de Bárcenas argumentando que tras dicha reclamación existían "motivaciones políticas" y "mediáticas". El escrito, al que tuvo acceso la agencia Servimedia, aseguraba que "las informaciones y conclusiones aparecidas en los medios de comunicación" y las vertidas en la petición del PSPV son "radicalmente falsas y están desprovistas de cualquier mínima acreditación", por lo que "no tienen otro objeto que menoscabar y poner en entredicho el buen nombre, honor y reputación del PP y sus dirigentes", que constituye en buena medida la argumentación de la demanda presentada contra el diario El País y el "codemandado" Luis Bárcenas, tal y como lo calificaron ayer los vicesecretarios del PP Carlos Floriano y Esteban González Pons.
El PP decididó ayer no salir a comentar la decisión del juez Ruz, que ha pedido a Anticorrupción que le remita las diligencias que abrió con las declaraciones del propio Bárcenas y de su amigo y abogado Jorge Trías Sagnier. De hecho, la Fiscalía también contaba con la petición del juez de la Audiencia Nacional. Hoy será la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, la que se someta a las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa que sigue a la reunión del Consejo de Ministros, aunque hasta el momento ha derivado esta cuestión a Génova. Ayer, María Dolores de Cospedal participó en un acto de su partido con motivo del Día de la Mujer Trabajadora que se celebró con señal televisiva.
El acto de conciliación de la demanda por despido impropio se celebra el día 15. Génova segura que "no hay nada que conciliar con Bárcenas" e insiste en que lo echaron en 2010
Quienes sí hablaron ayer fueron los vicesecretarios Carlos Floriano y Esteban González Pons, aunque lo hicieron ante de conocer la decisión de Ruz. Sí hablaron de la demanda del PP, presentada, según Floriano contra quien ha provocado "más daño" y de forma "más cruenta" a su formación, según afirmó en RNE, en alusión al diario de Javier Moreno. Al igual que haría González Pons en la Cope, señaló que el PP va "contra Bárcenas" en calidad de "codemandado", "en tanto en cuanto tiene que responder ante los tribunales si esos documentos son o no son suyos" para que así quede claro en sede judicial que esos papeles "se han fabricado por alguien para hacer daño al PP".
Por otro lado, un alto cargo de Génova señaló ayer a Vozpópuli que “no hay nada que conciliar con Bárcenas” en relación a la cita que el próximo día 15 reunirá en magistratura al demandante, esto es, el extesorero del partido, y al demandado por despido impropio, el PP, que no tiene ninguna intención de llegar a acuerdos con el que durante más de veinte años asumió la tareas de gerencia y, más tarde, las de tesorería. Legalmente, el acto de conciliación precede a la presentación formal de la demanda por despido improcedente. En caso de falta de acuerdo o de inasistencia del demandando, el demandante debe formalizar su denuncia. Las fuentes populares consultadas insisten en que “nos veremos las caras en magistratura”. Ayer mismo, un representante legal del PP entregó en la Inspección de Trabajo la documentación que se supone acredita que Bárcenas fue despedido en el año 2010 y que cobró su finiquito prorrateado y con pagos a la Seguridad Social.
