El ladrillo trae de cabeza al PP. Cuatro de sus sedes, entre ellas la principal de la madrileña calle Génova, están bajo sospecha de haber sido financiadas con fondos de una supuesta caja 'B'. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, investiga tres de ellas dentro de la pieza de los 'papeles de Bárcenas' abierta dentro del sumario del caso Gürtel. Se trata de las de Madrid, Bilbao y Logroño. Las pesquisas sobre la cuarta, la de Palma de Mallorca, están aún en una fase inicial bajo la dirección de la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. No obstante, todas ellas tienen un elemento en común: la información aportada en los últimos meses por Luis Bárcenas mediante documentos y su propio testimonio han sido claves para poner algo de luz a los cimientos 'en negro' del que fuera su partido.
Sede de Génova: La investigación sobre la remodelación de el principal inmueble del partido es la que se encuentra más avanzada y la que, de hecho, acumula mayor cantidad de pruebas e informes sobre las supuestas irregularidades cometidas para sufragarla. El juez Ruz ya ha dejado claro en varios autos que considera que buena parte de aquella remodelación, acometida entre 2006 y 2008, se pagó con dinero negro procedentes no sólo de la caja 'B' que manejaba Bárcenas, sino también de otras contabilidades opacas desconocidas hasta ahora. Fueron estas sospechas las que llevaron al magistrado a ordenar el registro 'de facto' del inmueble en diciembre de 2013 para buscar documentación contable sobre dichos trabajos que el PP no había entregado pese a los requerimientos del magistrado. Gonzalo Urquijo, el propietario del estudio de arquitectura Unifica Servicios Integrales SL que realizó los trabajos, está acusado de delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental y falsedad contable. El juez aún no ha detallado los delitos atribuibles a los dirigentes del PP por este caso.
Varios informes de la Agencia Tributaria apuntan a que el PP invirtió 1,7 millones de euros de su supuesta contabilidad B en pagar parte de la remodelación de la madrileña sede de Génova 13
Los últimos informes encargados por el juez inciden en la idea de las graves irregularidades y, de hecho, ya han cuantificado el importe de las mismas. Fue en octubre cuando la Agencia Tributaria hizo llegar a Ruz un análisis en el que confirmaba que el PP pagó buena parte de la reforma con dinero procedente de su supuesta 'caja B'. El documento llegaba a concretar que sólo en los trabajos de la primera planta del edificio la formación destinó más de 750.000 euros de "fondos ajenos al circuito económico legal", aunque también apuntaba que estas irregularidades se repitieron en la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta y la séptima planta del edificio. Ya en un informe anterior del departamento de Cristóbal Montoro entregado en la Audiencia Nacional en junio se apuntaba en el mismo sentido. En él, ya se reflejaban descuadres de cerca de un millón de euros por las obras de otras plantas. Por tanto, los supuestos pagos en negro suman por ahora 1,7 millones de euros.
El último informe sobre dicha remodelación, realizado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) y conocido a comienzos de esta semana, abundaba en este mismo sentido y, además, reforzaba una sospecha ya apuntada en los autos por el juez Ruz: la supuesta existencia de otras cajas B ya que los apuntes contables del extesorero sólo justifican una parte de las irregularidades detectadas tras analizar los certificados de obra intervenidos en los registros de Génova y de las oficinas del estudio de arquitectura. Una idea que, sin embargo, no era nueva. De hecho, el propio Luis Bárcenas aseguró al juez Ruz en su última declaración ante él, la de abril del pasado año, que existían contabilidades paralelas en numerosas organizaciones territoriales del partido y que funcionaban de modo autónomo respecto a la que él llevaba en sus célebre 'papeles'. La próxima semana, los expertos de Hacienda que firmaron estos últimos informes comparecerán en la Audiencia Nacional para ratificar sus informes. Según fuentes jurídicas, puede ser el paso previo para que el magistrado concrete las acusaciones y los acusados por la 'oscura' remodelación de Génova 13.
Sede de Bilbao: La existencia de supuestas irregularidades en la compra del inmueble donde se sitúan las oficinas principales de los 'populares' en el País Vasco fue destapada por Luis Bárcenas en su declaración de julio de 2013. Aquel día, el extesorero entregó al juez Ruz diversas carpetas con documentación, entre ellas una de color verde con la palabra 'Bilbao' escrita. En su interiror, documentos bancarios que según el antiguo responsable de finanzas del PP demostraban que la sede de la capital vizcaína había sido pagada entre 1999 y 2005 al menos parcialmente con fondos procedentes de supuestas donaciones ilegales de constructores. Bárcenas detalló en su declaración ante el magistrado que durante aquellos años el partido "tenía mucho dinero" y que él en persona se encargaba de hacer desde Madrid las transferencias al partido en el País Vasco para que éste hiciera frente a la deuda.
Bárcenas aseguró que en los años en los que se pagó la hipoteca de la sede en Bilbao el partido "tenía mucho dinero" procedente de donaciones
El pasado mes de octubre, el juez Ruz dictó un auto en el que ponía en duda el origen de los fondos utilizados por el PP para adquirir su sede en Bilbao. Aquel escrito, respaldado por estudios de la UDEF, concretaba entonces que el PP creó una contabilidad llamada 'Sede Vizcaya' que se nutrió mediante donaciones opacas, una de las cuales fue efectuada por el directivo de la empresa guipuzcoana Bruesa Construcciones SA. El presidente de esta mercantil, Antonio Pinal Gil, ya tuvo que declarar como imputado en la Audiencia Nacional por haber aparecido su nombre, precisamente, en los 'papeles de Bárcenas'. Según detallaba Ruz en su escrito, el fin de dicha contabilidad paralela no era otro que "controlar la operación de financiación de la compra de la citada sede así como el pago de las cuotas de las obras de acondicionamiento" de la misma.
El último avance en la investigación sobre la financiación del edificio de la capital vizcaína se produjo el pasado mes de enero. Entonces, la Fiascalía Anticorrupción entregó en la Audiencia Nacional por sorpresa cinco informes que en los dos últmos años había encargado a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda). Entre ellos había uno fechado en febrero de 2014 referido, precisamente, a los documentos entregados por Bárcenas al juez Ruz en su declaración de julio de 2013. En el mismo se hacía un amplio repaso a la adquisición de Bilbao y apuntaba que para cubrir dicho gasto la contabilidad 'Sede Vizcaya' se nutrió en parte de una cuenta de donativos que el partido mantuvo abierta entre 1998 y 2005 con otro fin muy distinto: dotar de seguridad privada a sus cargos públicos en el País Vasco en plena ofensiva etarra. El documento también resaltaba la existencia de al menos once transferencias de dinero sospechosas ya que no aparecen en la contabilidad de Génova 13 y tampoco hay "justificante documental".
Sede de La Rioja: La investigación sobre la adquisición y remodelación de la misma la inició el juez Ruz en mayo de 2013, cuando solicitó los libros de contabilidad del partido en esta región junto a los de otras cinco delegaciones autonómicas y provinciales de la formación que figuraban mencionadas en los 'papeles de Bárcenas'. No obstante, no fue hasta octubre de ese año cuando el magistrado concentró buena parte de sus esfuerzos en investigar el verdadero sentido del apunte contable que reflejaba la supuesta entrada de 200.000 euros de dinero negro en las arcas de Génova procedentes del PP de La Rioja. Entonces, el juez dictó un auto en el que ordenaba a los funcionarios de la IGAE que realizaran un informe sobre dicho movimiento y la posterior salida por transferencia de la misma cantidad de vuelta a las arcas de la formación regional.
Ruz lleva cerca de dos años investigando dentro del sumario de los 'papeles de Bárcenas' el supuesto 'blanqueo' de 200.000 euros utilizados en 2008 para adquirir la sede del PP en La Rioja
Para ello, puso a su disposición la contabilidad del PP que ya se había incorporado entonces a la causa, así como la transcripción de la declaración que Bárcenas hizo en julio ante el juez y copia de la documentación que éste había entregado en el juzgado aquel día. Tres meses después llegaba el análisis de la IGAE y el juez citaba como testigos a dos dirigentes riojanos del partido: su secretario general, Carlos Cuevas, y la gerente, Ana Elvira Martínez. Al término de las evasivas y ambiguas declaraciones de ambos, el magistrado les reclamó abundante documentación. Días después llegaban a la Audiencia Nacional 333 folios, entre los que había contratos privados de compraventa, escrituras, poderes notariales, estudios arquitectónicos, licencias municipales y trece facturas relacionados con la adquisición y la remodelación de dicha sede.
Según la misma, el PP gastó cerca de 1,5 millones de euros en 2008 en dotarse de una nueva sede en la capital riojana que, según declararon ante el juez Ruz los dos dirigentes que comparecieron como testigos, se cubrieron con el dinero de los dos préstamos hipotecarios concedidos por el Banco Santander, los propios recursos del partido, donativos de los afiliados y "la ayuda de la sede nacional", en referencia a los 200.000 euros que investiga el magistrado. Según manifestaron en la Audiencia Nacional tanto Cuevas como su compañera, esta cantidad se la remitieron desde Génova "a fondo perdido" y sólo se enteraron de que les habían transferido al mirar el extracto de la cuenta en la que fue ingresado el dinero. El juez también recela de otros elementos que se desprende de la documentación entregada hasta ahora por el PP sobre dicha sede regional. Así, ha detectado un sobrecoste en la reforma del edificio de más de 100.000 euros que no está justificado en los papeles entregados. También le ha llamado la atención los sorprendentemente bajos honorarios del arquitecto que se encargó del proyecto (poco más de 1.000 euros, IVA incluido) y las actas del Comité Ejecutivo regional de la formación que reflejan que éste órgano despachó la decisión de la compra de los locales en sólo veinte minutos.
Sede de Palma de Mallorca: Ha sido la última en ser puesta bajo sospecha y, también, la única que no investiga el juez Ruz sino la Fiscalía Anticorrupción de Baleares. En un primer momento, las pesquisas se centraron sobre cómo sufragó el PP que entonces dirigía el hoy encarcelado Jaume Matas la reforma de las instalaciones, situadas muy cercas del parlamento autonómico. Sin embargo, recientes testimonios, entre ellos el de Luis Bárcenas ante una comisión de investigación de la Cámara balear, han ampliado la investigación también a su adquisición hace doce años. La Policía ya ha acudido al Registro de la Propiedad para aclarar los puntos oscuros de una compra que se destapó, curiosamente, a raíz de la polémica adjudicación para la consturcción de un hospital en la isla, el de Son Espasses, y por el que han declarado recientemente en el Parlament empresarios y políticos, entre ellos el propio extesorero cuando aún estaba preso.
Un exconcejal del PP reveló a Anticorrupción la supuesta entrega de fondos por parte empresarios para la compra de la sede de Palma. Bárcenas lo ratificó después ante una comisión del parlamento regional
Sin embargo, la primera sospecha es anterior. En concreto, de septiembre del pasado año, cuando el exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma y antiguo dirigente del PP Javier Rodrigo de Santos declaró ante la Fiscalía. Aunque en un primer momento su testimonio iba a versar únicamente sobre las supuestas irregularidades en la adjudicación del centro hospitalario, el exedil también apuntó que la sede del PP en las islas había sido presuntamente costeada por el constructor Antonio Pinal, dueño del Grupo Brueso, quien aparecía en los papeles de Bárcenas y al que también relaciona el juez Ruz con la adquisición de la sede de Bilbao. El pasado 14 de enero, Rodrigo de Santos compareció ante la comisión parlamentaria de investigación sobre Son Espasses, donde se reafirmó en sus revelaciones a Anticorrupción, aunque no quiso entrar en detalles, precisamente, porque la Fiscalía lo estaba investigando.
Quien sí lo hizo fue Bárcenas, quien en una declaración ante la comisión parlamentariapor videoconferencia desde la cárcel de Soto del Real, aseguró que Pinal, "entre otros empresarios", aportó fondos para sufragar la hipoteca con la que se había adquirido el edificio. El extesorero, que negó que a cambio de ello el constructor hubiera recibido adjudicaciones, recordó que el mismo también había participado en la compra del edificio de Bilbao para, dijo, "echar una mano" al partido. Como hizo el PP vasco cuando salieron a la luz las supuestas irregularidades en la compra de la sede de la capital vizcaína, el partido en Baleares se apresuró a negar cuaqluier tipo de pagos en 'B'. Según los datos que aportó, el local principal fue comprado en 2003 por 1,05 millones de euros, y un año después adquirió un local anexo por 579.000 euros. El PP ha asegurado que la hipoteca para ambas compras, suscrita con el Banco de Crédito Balear, no vence hasta el año 2026. Sobre los 886.000 euros que costó la reforma de ambos locales, el partido se ha limitado a asegurar que fue cubierta con las cuotas de los afiliados y aportaciones de sus altos cargos.
