Los querellantes del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, quieren garantizar su presencia en la Audiencia Nacional el próximo 1 de junio. Para ello han solicitado al magistrado que le investiga por delitos de lesa humanidad, Santiago Pedraz, que acuerde como medida cautelar prisión incomunicada y sin fianza contra el político saharaui en aras a evitar su fuga y la destrucción de posibles pruebas. Según explican, la acusación que pesa sobre el hombre que ha desatado la crisis diplomática y migratoria en Ceuta es lo suficientemente grave como para tratar de asegurar que cumplirá con el requerimiento judicial.
La Asociación Saharaui para la defensa de los Derechos Humanos recurre de este modo la decisión del magistrado de no acordar medidas cautelares contra Ghali, el cual se encuentra hospitalizado en Logroño. En el escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, explican que los informes médicos que obran en la causa permiten presuponer que será dado pronto de alta y añaden que existen indicios serios de que habría cometido delitos de torturas, lesiones, detención ilegal o terrorismo, entre otros. Se trata de una petición que choca con lo acordado esta misma semana por Pedraz, el cual decidió reabrir la causa contra Gahli pero declinó imponerle ninguna medida alegando que no había indicios claros de su participación en lo recogido en las querellas.
Sin embargo, la defensa de esta asociación sostiene que se debería acordar la prisión para el líder del Frente Polisario, que ingresó en el Hospital San Millán de La Rioja a mediados de abril con la identidad falsa de Mohamed Benbatouche. La Policía Judicial acreditó que Ghali provenía de Argelia (posee carnet diplomático argelino) y entró en España a través de Zaragoza. Su estado de salud, según expusieron, era de "extrema debilidad" debido a complicaciones tras infectarse del coronavirus, motivo por el cual ingresó en la UCI del hospital. No obstante, también vaticinaron que podría recibir el alta definitiva a mediados de este mes.
Por ese motivo, la asociación que le ha llevado ante la Justicia reclama al titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que rectifique la decisión tomada esta misma semana y que evite que eluda a la Justicia. Según explican, además de querer garantizar su presencia en este proceso, temen que pueda destruir pruebas en relación a las acusaciones que pesan sobre él por parte de otros activistas saharauis. También añaden el riesgo de reiteración delictiva; otro de los supuestos necesarios para acordar esta medida. No obstante, tanto Pedraz como la Fiscalía de la Audiencia Nacional declinaron imponer medida alguna contra Ghali acordando que no se le notificaría su citación del 1 de junio hasta que lo permitiera su estado de salud.
Antecedentes ante la Justicia española
Ghali, cuya presencia en España ha desatado una crisis sin precedentes con Marruecos, ya eludió sus citas con la Justicia en los últimos años. De hecho, los magistrados que sucedieron a Pedraz al frente de este juzgado (Pablo Ruz y José de la Mata) le llamaron a declarar en 2013 y 2016, respectivamente, aunque no respondió a ninguna de las citaciones. La causa que arrancó en 2008 quedó en punto muerto en octubre a pesar de que entonces incorporaron otra querella, en ese caso presentada por el activista saharaui Fadel Breica. Su defensa le acusó de torturas, detención ilegal y delito de lesa humanidad por unos hechos ocurridos en junio de 2009. Entonces, y tras organizar varios actos contrarios a la línea oficial del Frente Polisario, Breica fue detenido por militares de este movimiento y sometido a descargas eléctricas, según denunció.
Aunque el magistrado inadmitió en un principio la querella apuntando que se trató de hechos cometidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros, finalmente preguntó a la Fiscalía en aras a unir los dos procedimientos contra Ghali. Además, reabrió el que se remonta a 2008 contra cerca de una treintena de personas al acreditarse que el líder del Frente Polisario se encontraba hospitalizado en España. Precisamente su presencia en España provocó la rápida reacción de Marruecos, que pidió explicaciones por este asunto. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, respondió que le admitió por razones humanitarias. No obstante, Rabat respondió deliberando sus fronteras para facilitar la entrada de ciudadanos marroquíes a través de Ceuta. Se calcula que lograron entrar en territorio español más de 8.000 personas.
