El Teniente General retirado del Ejército de Tierra, Pedro Pitarch, ha criticado duramente la actuación del Gobierno en las recientes inundaciones por la DANA que asoló el este de España. En una entrevista en "Es la Mañana de Federico", Pitarch afirmó que el Ejército “no es del Gobierno, es de los españoles” y señaló que el Ejecutivo habría incumplido su deber de emplear las Fuerzas Armadas en la gestión de esta catástrofe. Sus declaraciones han reavivado el debate sobre el papel de las Fuerzas Armadas en emergencias civiles y sobre la posible negligencia gubernamental en la respuesta a este desastre natural.
Durante la entrevista, Pitarch señaló que, según el artículo 15 de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, el Ejército tiene la misión de "preservar la seguridad y bienestar de los ciudadanos" en situaciones de “grave riesgo, catástrofe, calamidad u otras necesidades públicas”. En este sentido, recordó que las Fuerzas Armadas tienen no solo el derecho, sino el deber de actuar en casos de emergencia, como el que se vivió recientemente en el litoral mediterráneo.
Pitarch aseguró que la interpretación de este artículo implica una misión clara para el Ejército en casos de catástrofes naturales, y que el Gobierno no debería haber obstaculizado esa actuación. En su opinión, “el Ejército tiene la misión de asistir a la población en circunstancias como estas, y su actuación no puede depender de la decisión unilateral del Ejecutivo”. "La ley es clara. No es una cuestión de elección, sino de mandato. Las Fuerzas Armadas están para proteger a la ciudadanía en situaciones de emergencia", afirmó el Teniente General.
Una respuesta tardía y sin suficiente personal
Pitarch destacó que la intervención militar, especialmente en zonas afectadas de difícil acceso, podría haber mitigado los daños y acelerado la búsqueda de desaparecidos. Argumentó que el Ejército de Tierra cuenta con unidades especializadas, como el Batallón de Vías de Comunicación y el Regimiento de Pontoneros, que están entrenadas precisamente para gestionar emergencias de esta magnitud. A su juicio, la tardanza en desplegar al Ejército de forma adecuada refleja "una falta de planificación y voluntad" por parte de las autoridades. "Las especialidades del Ejército de Tierra son amplias y están específicamente orientadas a tareas como el auxilio de la población civil. Son expertos en reconstrucción de vías, montaje de puentes temporales y en operaciones de rescate en situaciones de emergencia", apuntó Pitarch, quien lamentó que estos recursos no se hayan movilizado con celeridad desde el primer momento.
La lentitud en la intervención, según Pitarch, pone en evidencia un déficit de coordinación y planificación en las operaciones de rescate. El general retirado sugirió que este retraso podría haberse debido a una “intención de trasladar la responsabilidad” a los gobiernos autonómicos y locales, en lugar de asumir plenamente el mando de las operaciones desde el Gobierno central. El Teniente General se mostró tajante al afirmar que "el primer responsable de todo lo que sucede es el Gobierno del Estado". En su opinión, el Ejecutivo se habría negado a asumir sus responsabilidades y a activar el despliegue militar en un momento de crisis en el que, según él, las Fuerzas Armadas deberían haber sido la primera respuesta. “No se puede tener el mando y el honor sin asumir las responsabilidades. El Gobierno ha decidido no actuar, y al hacerlo, ha impedido que el Ejército cumpla con su función legal de proteger a la ciudadanía”, aseveró.
Para Pitarch, esta presunta inacción gubernamental ha tenido consecuencias directas en las zonas afectadas, donde muchas personas quedaron atrapadas o incomunicadas. Las imágenes de pueblos enteros aislados y las cifras de personas desaparecidas, según el Teniente General, podrían haber sido distintas si el Ejército hubiera sido autorizado para intervenir inmediatamente. “Se ha echado en falta un mando claro y una toma de decisiones rápida y efectiva”, sentenció.
La intervención del Ejército y su relación con las competencias autonómicas
El uso del Ejército en emergencias civiles es un tema delicado que ha generado debate en torno a las competencias autonómicas y la intervención del Estado en el ámbito local. En su análisis, Pitarch consideró que, en casos de desastre natural, la coordinación entre el Estado y las comunidades autónomas debe ser un imperativo, y que no debería haber obstáculos en este tipo de situaciones para la intervención militar. "El Ejército no es del Gobierno, es de los españoles”, reiteró Pitarch, argumentando que esta fuerza está llamada a actuar cuando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos se ven amenazados, independientemente de las disputas competenciales.
A pesar de la distribución de competencias entre los gobiernos autonómicos y el Ejecutivo central, el Teniente General defendió que el Gobierno debería asumir un papel de liderazgo en emergencias de esta magnitud, y colaborar con las administraciones locales en lugar de esperar a que estas soliciten ayuda. Desde su perspectiva, los retrasos en la intervención son “injustificables” y socavan la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Por su parte, el retirado Rafael Dávila Álvarez, ha expuesto que la acuñada frase "si quieren ayuda que la pidan", ya es "un eslogan que define todo un periodo trágico de la reciente historia de España. Es un insulto desde el altavoz más poderoso ubicado en La Moncloa, cuyo sonido de desconfianza nos desafía con inusitada soberbia". Dávila considera que el presidente ha "insultado a la nación" y que se debería salir "de casa gritando, suplicando, mendigando ayuda, porque no hay nada seguro".
"Todo tiene un límite y ese ha llegado. Cuando la sociedad tiene miedo, algo muy grave se adivina en el horizonte. El gigante asoma tras la montaña. Solo hacía falta perderlo todo. Es el momento. Lo hemos perdido todo, lo que éramos y lo que queríamos ser". "No perdamos el orden sobre nosotros mismos y el control de la situación. No olvidemos lo ocurrido. Luchemos, pero no admitamos que esta situación y sus culpables continúen", ha expuesto Dávila.
