Son demasiados en la lista y cada uno de los 307 asesinatos de ETA sin autor material conocido dejó tras de sí vidas sesgadas y familias y amigos sumidos en el dolor. Entre esa relación de nombres a la espera de que se haga justicia se encuentran algunas víctimas especialmente conocidas como el periodista José María Portell, el socialista Florian Elespe o el juez José María Lidón. Pero hay muchos más en el último estudio al respecto elaborado durante meses por la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) recién remitido a la Audiencia Nacional, que lo usará como referencia.
Portell fue asesinado el 28 de junio de 1878 en la puerta de su casa de Portugalete (Vizcaya). Tenía en ese momento 44 años, mujer y cinco hijos de entre once y cuatro años. Cuando le mataron desempeñaba el puesto de redactor jefe en la Gaceta del Norte, dirigía la Hoja del lunes y ejercía de corresponsal para La Vanguardia, ABC y Associated Press. Según recuerda el libro ‘Vidas Rotas’, en una entrevista que le hicieron antes de morir dejó dicho que la noticia que le gustaría publicar era: “Por fin hay paz en Euskadi”.
Eran las 8.45 de la mañana de aquel día de junio cuando tres terroristas se aproximaron a su coche en el que iba a ir a trabajar. Uno se colocó a la altura de la ventanilla del conductor y el otro por detrás del vehículo antes de comenzar a disparar. Su mujer Carmen Torres estaba en casa haciéndose el café: “Me he asomado al balcón y enseguida he visto que era él. He visto la puerta abierta y el claxon sonando. He bajado, todavía respiraba”, declaró. 40 años después, no hay nadie condenado por este atentado.
Una vida rutinaria
Tampoco lo hay por el asesinato del concejal socialista de Lasarte Florian Elespe. Le mataron el 20 de marzo del año 2001 cuando hizo una parada en un bar antes de ir a casa a comer. En ese momento un etarra se acercó por la espalda y le disparó dos veces en la cabeza y luego salió corriendo junto a otro compañero que hacía labores de vigilancia. Nunca se ha sabido quiénes fueron. La familia de Elespe le había pedido en vano que extremase las medidas de seguridad y no llevase una vida tan rutinaria.
El estudio de la AVT, dirigido por una de sus abogadas Carmen Ladrón de Guevara, ha visto la luz justo la misma semana en la que el diario Gara ha hecho público el último boletín interno de ETA (‘zutabe’) en el que los terroristas cifran en 774 sus asesinatos, decenas menos que los que considera el Ministerio del Interior y las asociaciones de víctimas, entre 852 y 829. La AVT, que ha actualizado un primer censo elaborado en 2011, considera un caso sin resolver aquel del que no haya sentencia condenatoria sobre al menos un autor material, es decir, quien aprieta el gatillo. Eso se repite 307 veces, casi un tercio de los asesinatos cometidos por la banda.
Es el caso del juez de la Audiencia Provincial de Vizcaya, José María Lidón, asesinado sólo unos meses después que Elespe en 2001. También fue en el momento de subirse al coche con su mujer cuando irrumpieron dos terroristas en el garaje y abrieron fuego contra él. Solo pararon cuando apareció el hijo del matrimonio y comenzó a gritar. Por este crimen fue condenado en 2005 Orkatz Gallastegui por facilitar la información del objetivo. El Ministerio del Interior le achacó el atentado a los etarras Hodei Galarraga y Egoitz Gurrutxaga, pero nunca llegaron a ser condenados porque murieron en 2002 al explotarles la bomba que portaban en un coche.
Otras víctimas sin justicia
Hay más casos similares como el de Margarita González, una ama de casa cuyo crimen fue estar en lugar equivocado en el momento equivocado. Quedó sepultada bajo los escombros de su casa provocados por la fuerte explosión con la que ETA quiso matar al entonces líder de la oposición José María Aznar en Madrid el año 1995. También están los dos concejales del PP en Rentería, José Luis Caso y Manuel Zamarreño, asesinados en 1997 y 1998, respectivamente. Jesús María Pedrosa, concejal en Durango.
A la espera de que se le haga justicia sigue también el juez del Tribunal Supremo Francisco de Querol o el presidente del PP de Aragón, Miguel Giménez Abad. La lista es interminable hasta llegar a las dos últimas víctimas de ETA en territorio español, los jóvenes guardias civiles Diego Salva y Carlos Sáenz, asesinados en 2009 en Palmanova.
Los 307 casos sin resolver ascienden a 378 sin autor material condenado si se incluyen los muertos en atentados del terrorismo yihadista y los GRAPO. Solo en torno a esta última banda de extrema izquierda y aún sin disolverse hay 37 casos de víctimas también con nombres y apellidos como Damián Seco, Antonio Cívico, Casimiro González, Florentino García, Juan José Sucino, Pedro Gabarri, Luis Constante o Marcos Vidal, entre otros muchos.
