España

Piden cuatro años de cárcel para la guardia civil que denuncia el maltrato animal en Canarias

La sargento Gloria Moreno ha recibido cinco expedientes sancionadores en menos de un año en Canarias

La Fiscal Ramona Muñoz Casas ha solicitado al juzgado número dos de Arrecife (Lanzarote, provincia de Las Palmas) la pena de cuatro años de cárcel para el 'azote' del maltrato animal, la sargento del Servicio de protección de la naturaleza (SEPRONA), Gloria Moreno, a través de un escrito al que ha tenido acceso este periódico.

El argumento en el que se apoya la fiscal es la denuncia que hizo Moreno a un guardia civil por presuntamente 'chivarse' a los cazadores de las inspecciones que emprendía la sargento. La denuncia fue archivada, siendo este elemento del que se vale la fiscal para denunciar ahora a Moreno por "falsedad documental" ya que "ostentando el cargo de Sargento Jefe de la Guardia Civil del destacamento del Seprona de Lanzarote (...)y a sabiendas de que sus manifestaciones no se correspondían con la realidad, elaboró un oficio con fecha 20 de noviembre de 2015, dirigido al Capitán Jefe de la Compañía de Costa Teguise...conteniendo en el mismo unas afirmaciones mendaces, y en las que le atribuía la comisión de unas irregularidades en el ejercicio de sus funciones al Guardia Civil Miguel Ángel Padial Ortiz destinado en el mismo destacamento del Seprona de Lanzarote, y por lo tanto subordinado de la acusada". La fiscal incluye en su denuncia a seis testigos, entre los que aparece el propio Padial. 

En declaraciones a Vozpópuli, la abogada de Moreno, María Jesús Díaz Veiga, alega que su defendida solo puso por escrito, como le dijo su superior que lo hiciera, lo que un testigo, biólogo, le comunicó, e insiste en que la denuncia "sorprende por lo desmedido de la pena y por la falta de sustancia de los hechos denunciados pero ya no nos extraña, dentro del conjunto de la estrategia de acoso reiterado que desde agosto de 2017 se viene desarrollando contra ella desde la jefatura de la Comandancia de la Guardia Civil de la provincia de Las Palmas”. A preguntas de este periódico, desde la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas responden que "el asunto está judicializado y no nos pronunciaremos".

A principios de semana, la ONG Greenpeace mostraba su "preocupación" por el caso de la Sargento, ya expedientada entonces por "excederse" en la defensa del medio ambiente. "No es tolerable que la protección del medio ambiente acarree consecuencias negativas para quienes defienden la naturaleza frente a las agresiones de los que ponen sus intereses por encima del bienestar del resto y de las futuras generaciones", afirmaba el portavoz de la organización ecologista, Javier García Raboso, que denunciaba una "posible persecución" a Moreno.

"Posible persecución"

La ONG se hacía así eco de las denuncias de la abogada de Moreno. En conversación con este periódico, Díaz Veiga relata que Moreno llegó a su actual puesto a finales del año 2015 y al poco de llegar, encabezó una operación contra la caza furtiva de pollos de pardela cenicienta (un ave protegida) por la que una veintena de personas están siendo ahora investigadas. La sargento Moreno se presentó en el islote de Alegranza e identificó y denunció a 19 personas que se estaban dando un festín de pollos de parcela, un ave protegida y dentro de una Reserva Natural. Entre los denunciados había gente importante de la sociedad conejera, entre otros el empresario constructor y hotelero Fernando González Berriel y otros miembros de su familia", denuncia Díaz Veiga, que puntualiza que  "11 de los denunciados están hoy a la espera de juicio y podrían ser condenados a fuertes multas económicas y a varios años de inhabilitación", a la vez que afirma que la caza de pardela cenicienta era un secreto a voces en la isla que había sido tolerado durante décadas. 

La sargento, además, activó las investigaciones de varias denuncias de maltrato animal que hasta entonces no habían sido atendidas e investigó las irregularidades en la perrera municipal de Arrecife. Durante el año 2016 estuvo de baja por maternidad. "Entre agosto de 2017, cuando volvió de su baja por maternidad, y abril de 2018, la sargento Moreno recibió cinco expedientes disciplinarios... está sufriendo un claro hostigamiento, precisamente por cumplir con su obligación de proteger el medio ambiente", asegura la abogada. "El guardia Padial, el mismo que ahora le ha denunciado, fue el jefe del Seprona de Lanzarote durante los meses en que la sargento Moreno estuvo de baja por maternidad, período durante el cual no se tramitaron las denuncias presentadas por los ciudadanos, teniendo que hacerse cargo de ellas la sargento Moreno a su vuelta tras el parto" .

La Sargento ha recibido 5 expedientes, uno de los cuales puede alejarle del Seprona de forma definitiva

De los cinco expedientes que ha recibido, tres han sido archivados (uno de ellos, por haber emitido contestación a las protectoras de animales señalando que no constaban sus denuncias), pero uno de los restantes supone una falta "muy grave" que ha mantenido a Moreno suspensa del servicio durante los últimos tres meses y podría suponer su apartamiento definitivo del Seprona: fue uno originado por una denuncia del veterinario municipal de Arrecife, Javier López, por el "acoso" de las inspecciones ordenadas por Moreno que desataron un procedimiento judicial en el que se investigaron delitos de prevaricación y de falsedad documental - como el de haber entregado en adopción a una misma pareja de alemanes a 300 perros sin microchip y de los que se desconoce el destino - por los que López sería imputado. El procedimiento ha sido archivado de forma provisional. El País ha informado de una carta que envió el coronel Arranz Vicario al veterinario pidiendo disculpas por la actuación de la sargento e informándole de que le ha abierto expediente disciplinario interno.

Esta última semana, en suma, se ha sumado la denuncia de la Fiscalía, que podría suponerle a Moreno hasta cuatro años en prisión, "multa de 12 meses con una cuota diaria de 10 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa, inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 3 años e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, y abono de las costas".

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