El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, ha pedido a la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que declare la nulidad de la investigación. Su letrado, Miguel Durán, ha cargado contra la instrucción a cargo del magistrado Santiago Pedraz por llevar a juicio la causa. "Es un procedimiento artificioso de un montaje policial de quien fue la acusación principal, el BBVA", ha dicho tras señalar al comisario jubilado José Manuel Villarejo como el precursor de la causa bajo encargo de la entidad bancaria presidida por Francisco González.
"Aún no nos explicamos cómo ni porqué se siguió adelante. Esto deviene de una causa espuria que se sirve de causas parapoliciales en el que el papel de Villarejo es muy determinante", ha insistido el letrado. Estos presuntos encargos señalados por la defensa de Pineda se investigan en una de las piezas del caso Tándem que se mantienen bajo secreto de sumario en el Juzgado Central de Instrucción número 6. El propio Pineda figura como perjudicado en la pieza por los supuestos trabajos de espionaje que se realizaron en su contra.
La petición de anulación de la anulación de la investigación ha tenido lugar en el marco de su exposición de 17 cuestiones previas durante la primera sesión del juicio del caso Ausbanc. Entre sus alegaciones ha insistido en la "incompetencia" de la Audiencia Nacional como órgano enjuiciador del procedimiento y ha cargado contra el juez de instrucción Santiago Pedraz, a quien acusó de haber estado "teledirigido" por BBVA, que hasta hace poco ejercía como acusación. "El instructor debió declinar su competencia", ha insistido.
"Hay un policía conchabado con el BBVA"
El abogado de Pineda ha hecho hincapié en que la entidad bancaria y el comisario Villarejo están detrás de la denuncia anónima -del 2 de febrero de 2015- con la que se dio inicio a las diligencias. "Está clarísimo el cohecho. Hay un policía conchabado con el BBVA para lograr que en la UDEF se hagan eco de esa denuncia. (...) Es un fraude procesal como una catedral", ha subrayado.
Durán ha recordado que todo el procedimiento se deriva de aquella denuncia anónima "instrumentada" en la que debió haberse profundizado antes de dirigir acusaciones contra su cliente. "Todo lo que se ha derivado de aquella denuncia debe ser considerado nulo y fuera de este procedimiento", ha señalado.
Primera sesión del juicio
Pineda y otros diez acusados se han sentado en el banquillo de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. A partir de las 10.40 de la mañana se ha celebrado la primera de una veintena de sesiones que se alargarán hasta mediados de abril. La causa llega a su fase de juicio tras más de dos años de investigación en el Juzgado Central de Instrucción número 1 al considerar que había quedado acreditada la existencia de una organización criminal liderada por el presidente de Ausbanc.
Pineda se enfrenta a 118 años y cinco meses de prisión por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales
El ministerio público considera que Pineda ideó la creación de una asociación "sin finalidad de lucro" para buscar el enriquecimiento ilícito personal. Según sostiene el fiscal en su escrito de acusación, el acusado estuvo al frente de una asociación de consumidores para "presionar a las entidades financieras y mercantiles en busca de financiación, lo que enmascaraba bajo los denominados convenios publicitarios a cambio de proporcionar una publicidad favorable en las revistas de la asociación".
En el marco de las cuestiones previas, las defensas han cargado contra el Ministerio Fiscal por querer adherir un nuevo informe policial al escrito de acusación en este momento procesal y no en septiembre, cuando se presentó el escrito. “Es extemporáneo y genera indefensión”, han acordado los letrados.
Hasta 118 años de prisión
Pineda se enfrenta a 118 años y cinco meses de prisión por delitos de organización criminal, extorsión, estafa y blanqueo de capitales. Su esposa, María Teresa Cuadrado, afronta 21 años y 11 meses de cárcel.
Entre el resto de procesados se encuentran también el presidente de Manos Limpias, Miguel Bernad, quien afronta 24 años y 10 meses de cárcel; y Viriginia López Negrete, la abogada que acusó a la infanta en el caso Nóos, para quien la Fiscalía pide 11 años y 11 meses de prisión. Todos ellos han sido acusados de integrar una trama de extorsiones a cambio de retirar acusaciones y presionar a los bancos.
