Dos asociaciones judiciales han puesto en duda la asignación de una plaza en la Carrera Fiscal. Tanto la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV) ponen en cuestión el puesto de fiscal adjudicado a Sofía Marchena, hija del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, y ponente en la causa abierta contra los líderes independentistas.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) hacía público hace unos días la lista de los aprobados en las oposiciones a jueces y fiscales, y apuntaba una disposición: "Incluir a la opositora doña Sofía Marchena Perea con la puntuación y la plaza obtenida". La calificación de Marchena era de 68,20 en 2016 cuando aprobó la oposición, incorporándose así a la Escuela Judicial. Pero tuvo que abandonarla al poco de empezar por una enfermedad.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió suspenderla como funcionaria a finales de 2017 hasta que su situación cambiase. A lo que añadió que "la alumna se incorporará a la relación de aspirantes que superen el proceso selectivo de oposición a las carreras judicial y fiscal" cuando se recuperase y manteniendo la nota de 68,20 puntos. Según la ley, alguien que se ha iniciado para ser juez no puede pasarse a fiscal en la etapa formativa: la permeabilidad entre los dos puestos no existe.
Según la ley, alguien que se ha iniciado para ser juez no puede pasarse a fiscal en la etapa formativa: la permeabilidad entre los dos puestos no existe
El proceso abierto este año contaba con 65 plazas para jueces y 35 para fiscales. Esta última profesión judicial era a la que Marchena quería optar, aunque en un primer momento se inscribió para ser jueza. Pero cuando en el BOE se adjuntó la relación de los aprobados y el apunte que obligaba a incluir a Marchena como una de las personas que accedía al cuerpo de Fiscalía salto la sorpresa: ni la hija del miembro del Supremo mantenía su nota ni eran 35 las plazas adjudicadas.
Marchena entraba como la número 36 con una nota de 52,31, casi 16 puntos menos que en 2016. En cuanto a ampliar el número de plazas, las normas que rigen al CGPJ son taxativas: no se puede. Según ha explicado el órgano judicial en Twitter, se acordó que, para no perjudicar al resto de aspirantes, se le asignó la nota más baja de las obtenidos por los aprobados, a fin de que no quitase la plaza a nadie que hubiese optado por la Carrera Fiscal.
Las asociaciones piden explicaciones
En un comunicado, la UPF ha pedido "que se proporcione a esta asociación y a la opinión pública, información y la debida documentación en relación a la creación, para el próximo curso de formación inicial de la carrera fiscal, de una nueva plaza que se suma a las existentes, y que se adjudica a una persona procedente de la carrera judicial".
"Nuestra asociación, entre sus propuestas sobre formación, siempre ha incluido la existencia de un curso de formación inicial conjunto entre todos los opositores que hubieran superado las pruebas de acceso, para después, y una vez superado el mismo, se proceda a la elección. Creemos que esta opción supondría mayores beneficios para el buen funcionamiento de la justicia y el ejercicio de nuestras profesiones, abriendo nuevas posibilidades para ambas carreras", recuerda la UPF.
La otra asociación que pide explicaciones, la AJFV, ha reclamado una copia del acuerdo por el que se modifica la nota de Sofía Marchena y "las razones por las que se decidió 'crear' una plaza adicional de fiscales en la presente convocatoria".
Además, reclaman una copia de la solicitud de "transformación de una plaza inicialmente prevista para jueces, en una plaza para fiscales, así como copia de la resolución del ministerio de Justicia acordando dicha transformación", y copia de la solicitud del resto de aspirantes.
Al cierre de esta edición, este periódico ha podido confirmar que ninguna de las dos organizaciones judicales han recibido respuesta alguna a sus peticiones específicas.
