La magistrada al frente del caso Plus Ultra, Esperanza Collazos, ha abierto una pieza separada en el procedimiento relativa a todo el trámite seguido en el Consejo de Transparencia sobre la petición de información del rescate. La instructora adhiere a la causa la documental de este procedimiento administrativo que se abrió después de que una particular solicitara los informes del Gobierno previos a la concesión de la ayuda pública de 53 millones de euros. El propio Ministerio de Transportes, a quien se le requirió esta información, se ha dirigido al juzgado para acceder a la documental del sumario y cumplir con el requerimiento.
La nueva documental incorporada a la causa, y a la que ha tenido acceso Vozpópuli, recoge todo el trámite que se ha seguido en paralelo a la causa penal para poder acceder al informe de la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) de 24 de febrero de 2021. El documento, que fue uno de los recabados por la SEPI antes de dar luz verde al rescate, lo solicitó una particular junto con el expediente completo de esta ayuda el pasado 13 de mayo. Sin embargo, el Ministerio de Transportes que entonces dirigía José Luis Ábalos, denegó el acceso al informe.
En su respuesta aludió al carácter reservado del documento y expuso que la divulgación de toda esta información podría causar un perjuicio al procedimiento. Sin embargo, la demandante interpuso recurso ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno alegando que se trataba de una ayuda pública no sujeta a la confidencialidad y el ente terminó dándole la razón. El Consejo explicó en su respuesta que el derecho a la información pública no tiene carácter absoluto y recordó que el Real Decreto que regulaba la concesión de ayudas por la pandemia establecía una reserva específica de confidencialidad.
"El interés público es palmario"
Ahora bien, Transparencia afeó a Transportes que aludiera a la Ley 9/1968 sobre Secretos Oficiales para pedir que no se difundieran los informes sobre Plus Ultra. "Es evidente que el ámbito de aplicación de esta norma no alcanza los documentos solicitados por cuanto su contenido no reúne las condiciones que para la declaración de una materia como clasificada se exigen", respondió. También dijo que en este caso el interés público por conocer estos documentos previos al rescate de la aerolínea es "palmario" en tanto se elaboraron en el marco de un procedimiento para conceder ayudas de fondos públicos destinados a empresas afectadas por la pandemia.
Plus Ultra dice que no está obligada a dar información de la compañía y mantiene que el informe de Transportes es confidencial
Por ese motivo estimó la reclamación e instó al Gobierno a conceder el acceso total o parcial a todo este expediente. Además dio un plazo de 15 días para que Plus Ultra realizara las alegaciones oportunas. La compañía contestó el pasado 26 de enero y lo hizo para reivindicar el carácter confidencial del informe remitido a la SEPI. En su respuesta dijo que no era un sujeto obligado a atender las peticiones de acceso a la información pública y que consideraban que, de los 7 puntos que contenía el informe de Aviación Civil, solo se podría dar cuenta del último.
Informe capado
De esta forma se opusieron a que Transparencia tuviera acceso al resto de apartados de este documento relativos a la estructura de la propiedad, la dimensión de la compañía, su posicionamiento en el mercado latinoamericano, su situación en el contexto de la covid y las perspectivas de recuperación del sector. Pese a ello, en toda la documental que ahora se incorpora a la causa penal se incluye este informe en su totalidad, si bien se ocultan algunos datos determinantes de la compañía como la identidad del fundador, del presidente, el porcentaje de usuarios de nacionalidad extranjera o los principales datos económicos a fecha de 2020.
Transportes explica al respecto que ha considerado "procedente" facilitar el acceso parcial de este informe de febrero del año pasado por entender que estos datos afectan a los intereses económicos de Plus Ultra. Además, ha informado de toda la deriva administrativa a este juzgado que desde el pasado mes de abril investiga las condiciones del rescate por presuntos delitos de malversación y fraude con la concesión de esta ayuda.
Fiscalía pide el archivo
La magistrada ha dado traslado de toda esta documental a las partes que integran la causa para que se pronuncien al respecto. Se trata de un movimiento que se produce a la espera de volver a celebrar el careo de los peritos. El juzgado anuló esta diligencia -practicada el pasado 18 de enero- después de que las acusaciones que integran la causa (Manos Limpias, PP y Vox) advirtiesen de fallos en el sonido de esta grabación. De esta forma, la juez ordenó repetir el careo de los expertos el próximo 29 de marzo.
De un lado se encuentran los peritos de la SEPI y de Plus Ultra que sostienen que la compañía cumplía los requisitos para acceder a la ayuda y, de otro, los designados por el juzgado. Este despacho reiteró en sede judicial que, en el marco del análisis de la documental facilitada, detectaron algunas incorrecciones que les llevaron a concluir que la firma estaría en causa de disolución en diciembre de 2019. Por su parte, tanto la Fiscalía como la Abogacía General del Estado (que defiende al consejo gestor de la SEPI imputado en la causa) han solicitado el archivo de la misma.
La magistrada respondió al Ministerio Público que tomaría una decisión tras volver a escuchar en sede judicial las conclusiones de los expertos. La fiscal precisó en su último escrito remitido a la causa que el holding público no cometió prevaricación ni malversación con la ayuda porque la decisión última de otorgarla no fue del consejo gestor sino del Consejo de Ministros. Con todo recordó que los informes de los auditores avalaban la entrega y expuso que las diferencias plasmadas por los peritos eran contables. En modo alguno dijo que se produjera una contradicción tal que hiciera pensar que la resolución sobre el rescate de Plus Ultra fue arbitraria.
