La secretaria general de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, utilizó su oficina de eurodiputada, sostenida gracias a la asignación de Bruselas para "gastos generales", con fines poco europeístas. La que fuera número dos de la lista liderada por Pablo Iglesias el pasado mayo acogió en el local alquilado por su formación en la ciudad de Cádiz actividades de funcionamiento interno, como la celebración de asambleas locales, donde se trataron cuestiones propiamente del partido. En realidad, estas sedes en los países de origen son concebidas fundamentalmente para prestar atención de primera mano a los ciudadanos sobre políticas comunitarias.
Una denuncia de tres exmiembros del Consejo Ciudadano de Cádiz, que fue remitida a la Comisión de Garantías Democráticas estatal, recoge cómo el sector de Anticapitalistas, antigua Izquierda Anticapitalista (IA), ha ostentado, a su juicio, el control de la formación en esta ciudad andaluza. El círculo sectorial Desarrollo socioeconómico local de Cádiz, al que pertenecen los denunciantes, recoge una serie de maniobras protagonizadas por el entorno de Teresa Rodríguez, militante de Anticapitalistas (fue cabeza de lista de IA en Cádiz en las municipales de 2011). Desde el grupo afín a Rodríguez evitaban estrechar lazos con Ganemos y conformar una candidatura unitaria con más posibilidades de éxito de cara a las municipales del próximo 24 de mayo.
Entre esas artimañas, los críticos se refieren a cómo las asambleas semanales del Círculo de Cádiz fueron "convocadas incumpliendo los plazos y siempre en la oficina parlamentaria de Teresa Rodríguez, un espacio donde caben cómodamente unas 25 personas. Acudimos cuarenta o cincuenta personas hacinadas en ese espacio tan pequeño, lo que acrecentó las tensiones", relatan.
Las sedes de los eurodiputados en sus países de origen son concebidas fundamentalmebte para prestar atención de primera mano a los ciudadanos sobre políticas comunitarias
Podemos inauguró en Cádiz su oficina el pasado 31 de octubre, siendo la segunda apertura en la misma comunidad tras la de Sevilla, estrenada poco antes. El equipo de Teresa Rodríguez manifestó entonces que esta sede abría sus puertas con el objetivo de "difundir la actividad parlamentaria de la eurodiputada y la creación de un contacto entre esta labor europea y la realidad inmediata de la ciudad". Sin embargo, esta oficina ha servido durante el mandato de Rodríguez (dejó el escaño el 5 de marzo y se centró en las elecciones andaluzas) para otros menesteres, entre ellos discutir la estrategia electoral del partido para el 24-M en medio de insultos y descalificaciones, según sostiene el círculo de los denunciantes.
El mantenimiento de estas sedes (alquiler y suministros) corre a cargo del Parlamento europeo, que destina 4.320 euros mensuales a "cubrir los gastos en el Estado miembro de elección, tales como los gastos de gestión de oficina de los diputados, los gastos de teléfono y los gastos postales, así como la compra, el funcionamiento y el mantenimiento de los equipos informáticos y telemáticos". Aquí también se incluyen "las actividades de representación y las facturas de hotel y otros gastos adicionales relacionados con el viaje en el Estado miembro de elección". Sin embargo, tal y como ha denunciado UPyD, estos "gastos generales" no requieren una justificación detallada ante el Parlamento europeo. La formación magenta ha propuesto a Transparencia Internacional someter estas dietas de los parlamentarios europeos a procesos de auditoría y fiscalización, con el fin de "aportar claridad sobre los ingresos de estos cargos públicos".
El artículo 25.1 del Estatuto de los europarlamentarios señala que "los diputados tendrán derecho a una dieta global para gastos generales para sufragar los gastos derivados de sus actividades parlamentarias que no se sufraguen con otras dietas en virtud de las presentes medidas de aplicación o de otras reglamentaciones del Parlamento". Este precepto habla de "actividades parlamentarias", mientras que Teresa Rodríguez ha dedicado estos recursos públicos a la celebración de asambleas del partido sobre cuestiones internas. Fuentes parlamentarias añaden a Vozpópuli que la Eurocámara no permite que este tipo de dietas sean gastados en "eventos electorales".
Podemos no teme ninguna investigación
La normativa del Parlamento europeo sí delimita con claridad el uso de la otra gran asignación que reciben los eurodiputados, los 21.034 euros mensuales para contratar asesores o "colaboradores personales libremente seleccionados por ellos". Aquí, el citado Estatuto subraya en el artículo 33.2 que "sólo se cubrirán los gastos correspondientes a la asistencia necesaria y directamente vinculada al ejercicio del mandato parlamentario de los diputados". En relación a esto último, una denuncia anónima llegó la pasada semana hasta la misma Oficina Antifraude europea (Olaf), que analizará si Podemos podría estar utilizando a asesores del Parlamento Europeo, pagados con dinero comunitario, para realizar tareas de partido en España.
La secretaria de Coordinación entre Áreas de Podemos, Irene Montero, señaló este lunes en rueda de prensa que "no hemos recibido ningún tipo de comunicación oficial" sobre este asunto y destacó que "estamos completamente abierto a cualquier tipo de investigación".
