El fiscal ha solicitado al juez que tramita una investigación en el juzgado de instrucción nº 26 de Madrid la imputación de un responsable y un arquitecto del Área de Patrimonio y Arquitectura de la dirección general de la Policía. La denuncia fue presentada por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) en el juzgado hace algo más de un año y aportó un escrito anónimo sobre una supuesta corrupción en la Policía Nacional.
El anónimo tenía como título "graves daños a los intereses de la Administración como consecuencia de corrupción en el departamento de Obras y Arquitectura de la Dirección General de la Policía". El juzgado, y los propios asuntos internos de la Policía, han investigado el asunto tras la llegada de ese anónimo, especialmente en los aspectos que señalaba el escrito.
"Se tiene constancia -añadía el texto- de la continua política de irregularidades y arbitrariedades en la tramitación de expedientes de obras y prestaciones de servicios técnicos y consultorías debido a su falta de transparencia".
Se negociaba sin publicidad
Consideraba el redactor que se partían los contratos y se negociaban sin publicidad, lo que ha producido una continua adjudicación de contratos menores a una misma empresa sobre obras localizadas en un mismo emplazamiento o edifico. En algunas ocasiones concurría a los concursos una misma persona física que era administrador de varias empresas que se encuentran situadas en la misma dirección fiscal.
También denuncia que se produce "la anómala situación de que empresas ubicadas en Madrid se desplazan a realizar obras a localidades muy distantes y no se adjudican a empresas localizadas en el término municipal donde saldría más barato". Las adjudicaciones técnicas también se hacen a servicios o estudios de Madrid, aunque geográficamente los trabajos queden muy alejados.
Señalaba que no había concurrencia real en los concursos "pues todas son amañadas de antemano" y añadía que se han producido perjuicios para la Administración "bien por escoger ofertas muy elevadas, fuera del precio del mercado, o por elegir direcciones facultativas relacionadas con técnicos del citado departamento".
"Es públicamente conocido -añadía el documento- que se reparten honorarios por asegurar los contratos con los técnicos externos que gravan los contratos con sobrecostos que no se producirían si toda la gestión de obras y proyectos se realizara con verdadero interés de la Administración".
Empresas amigas
Inisitía el anónimo que se adjudicaban contratos a empresas amigas "o compinchadas" siempre simulando adjudicaciones con unas bajas ridículas.
Se fraccionaba un presupuesto en varios menores y así "se adjudicaba a otros amigos". Se llegaban a hinchar los honorarios facultativos hasta más del 30% de la ejecución material de una obra, añadía en la denuncia.
Señalaba el documento que las irregularidades "estaban dirigidas siempre a las mismas empresas y a los mismos técnicos, circunstancias que implicaban una connivencia del técnico que llevaba la zona geográfica y el jefe de área, que tienen en común que ninguno de los dos son policías "y su nivel de compromiso con la institución deja mucho que desear".
