De escoltas de personalidades a policías 'a la espera de órdenes'. El Ministerio del Interior aún no ha decidido dónde recolocará a los 588 policías que en los últimos días han dejado de prestar servicios de protección dinámica a jueces y fiscales. La Comisaría General de Seguridad Ciudadana, de la que dependen los agentes, citó ayer por grupos a un importante número de ellos para indicarles que, por el momento, se queden “en casa y pendientes del teléfono” ante la falta de destinos para ellos. Fuentes del propio departamento que dirige Jorge Fernández Díaz han reconocido en las últimas horas a este diario que donde irá finalmente cada uno de ellos aún “está en estudio”, pero que la inmensa mayoría serán destinados a “labores de seguridad ciudadana” sin especificar cuáles.
En pocos meses, se ha pasado de 2.890 escoltas a sólo 1.456. Ahora no se encuentran vacantes para los que abandonan esta función
La reducción del número de agentes dedicados a escoltar a personalidad es uno de los proyectos estrella del departamento, que en los últimos meses ha conseguido reducir en tres fases los 2.890 existentes cuando llegó el PP al poder entre policías, guardias civiles y miembros de empresa de seguridad a sólo 1.456. La última de esas reducción, la acometida en los últimos días, ha sido la más polémica al provocar la airada reacción de buena parte de los personas a las que se les retiraba la protección, en su inmensa mayoría jueces y fiscales de la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, además de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). De hecho, desde el lunes no ha cesado el cruce de declaraciones, cartas y acusaciones entre Interior y miembros de la judicatura, en la que éstos acusan al Ministerio de no haber valorado correctamente los riesgos a los que están sometidos los integrantes de estos tribunales, además de tomar la decisión de la noche al día sin avisar.
La medida, sin embargo, sí ha sido bien acogida por los propios agentes y sus organizaciones sindicales, aunque también con críticas. Si bien todos los sindicatos policiales aplaudieron en un primer momento el recorte de los servicios de escoltas, ya que llevaban años denunciando que se producían abusos y muchas eran injustificadas, el Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el cuerpo, ya denunció el martes “improvisación” por parte del Ministerio del Interior. En una nota de prensa, esta organización denunció que los agentes que dejaban de ser escoltas no sabían aún cuál iba a ser su futuro destino. "Este Ministerio toma decisiones sin tener en cuenta que quienes sufren las consecuencias de esas decisiones son policías que no pueden improvisar en su trabajo”, recalcaban.
La constatación de esa improvisación se produjo finalmente ayer por la mañana en la madrileña sede de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, donde fueron citados por grupos un número importante de los agentes afectados. Según fuentes policiales, el máximo responsable de la misma, el comisario Florentino Villabona, se limitó a informarles de que por ahora no había ninguno destino para ellos y que, por tanto, les recomendaban se fueran a su casa a esperar una llamada en las que se les informase cuál iba ser su próximo puesto.
Demasiados agentes para Madrid
Según fuentes sindicales, la inmensa mayoría de los 588 policías que han dejado ahora de ser escoltas, más los 422 que dejaron de serlo en las dos fases anteriores, pertenecen a la plantilla de Madrid, donde precisamente en las próximas semanas se incorporan más de 1.000 de los nuevos agentes que salieron de la academia de Policía de Ávila hace unos días. “No hay puestos en las comisarías y en los servicios centrales para todos ellos”, denunciaron ayer a este diario fuentes sindicales, que recuerdan que a los escoltas no se les puede destinar a una nueva plantilla fuera de su comunidad “porque sí, y sobre todo por la improvisación de Interior”.
Sin embargo, en el departamento que dirige Fernández Díaz restan importancia a la situación que se plantea –“es la letra pequeña de una medida que va a ahorrar mucho dinero al contribuyente”- y no descartaban que finalmente “algunos agentes, o de los nuevos o de los que prestaban servicio de protección, deban ser destinados a otras comunidades”. Según estos portavoces, la recolocación de estos policías “es cosa de quince días o de menos”. Mientras, los exescoltas deberán esperar en sus domicilios, junto al teléfono, una llamada que aclare su futuro profesional.
