El abogado defensor de tres guardias civiles y un funcionario acusados de espiar en 2008 a políticos del PP enfrentados con la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre ha dicho este lunes que el exconsejero Francisco Ganados “sabía perfectamente lo que estaba pasando y nunca hizo nada”.
Así lo ha comentado a los periodistas el letrado, Ramón González, ante la Audiencia Provincial de Madrid antes del juicio de los tres guardias civiles y tres funcionarios por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, al usar teléfonos y vehículos a su cargo para espiar al exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo y al exconsejero Alfredo Prada, entre otros.
El abogado ha acusado al Partido Popular de la época de Esperanza Aguirre de iniciar en 2009 el caso para "esconder" el estallido de la Gürtel y crear "una cortina de humo" con esta investigación, focalizando las miradas en los supuestos espías a sueldo.
"Todo es ficticio. Nunca hubo espionaje. Es absolutamente torticero", ha recalcado en relación a las cantidades fijadas por la acusación socialista basándose en cuantías absurdas.
Diez años, tres archivos
Este caso es juzgado más de una década más tarde, con jurado popular, en contra del criterio de la Fiscalía y después de que la causa fuera archivada hasta en tres ocasiones y otras tantas reabierta por la Audiencia de Madrid.
Durante la sesión de este lunes está previsto que se constituya el jurado que tendrá que emitir el correspondiente veredicto al final del juicio, en el que ejercen la acusación la Comunidad de Madrid y una exdiputada socialista.
Sin acusación fiscal
La Fiscalía pide la absolución de los acusados al no considerar los hechos constitutivos de delito porque, a su juicio, realizaron una tarea propia de la función pública.
El citado abogado defensor ha afirmado que este caso es “una guerra que ha iniciado el PSOE para sacar réditos electorales” porque de 2009 a 2014 la Comunidad de Madrid consideró a los ahora acusados inocentes.
Por otro lado, ha asegurado que calcular la cuantía del delito es “imposible de determinar” y que las cifras dadas por la acusación, 162.000 euros, son “ficticias y absurdas” y han sido obtenidas de manera “torticera”.
Por último, ha apuntado que los acusados “solo estaban cumpliendo unas órdenes” y que en el juicio no van a aceptar nada.
Entre los acusados se encuentran el exdirector general de Seguridad de la Comunidad de Madrid Sergio Gamón y el guardia civil en excedencia José Luis Caro Vinagre, condenado por la Audiencia Nacional a un año y medio de cárcel por el supuesto chivatazo en relación a la trama Púnica a Francisco Granados, que supuestamente también fue expiado.
