Decenas de activistas del denominado Tsunami Democràtic han irrumpido a las 8:15 horas de este miércoles en una oficina de CaixaBank situada en la calle Torrent de l'Olla del barrio de Gràcia de Barcelona para denunciar que esta entidad "financió" una campaña del Gobierno contra el referéndum del 1-O.
El Tsunami Democrátic es una plataforma -cuya dirección no se ha dado a conocer públicamente- que nació hace varias semanas en las redes sociales para impulsar acciones de respuesta ante una eventual sentencia condenatoria contra los líderes del 'procés' desde "la no violencia y la desobediencia civil".
Vestidos de azul, algunos con máscaras blancas y con carteles con el lema "Esta empresa financia la represión", la mayor parte de los activistas que han entrado en la mencionada sede se han sentado en el suelo en silencio.
En paralelo, un par de ellos han repartido octavillas entre los trabajadores y han leído una carta en la que se asegura que CaixaBank "dio y sigue dando su apoyo a las maniobras del Estado para vulnerar los derechos y las libertades de sus ciudadanos; a veces de forma evidente, a veces financiando desde atrás".
Hojas de reclamaciones
De hecho, el Tsunami Democràtic ha acompañado la acción de protesta con la presentación de hojas de reclamaciones oficial en las que también se menciona a Banco Santander, BBVA, Telefónica, Repsol, Iberdrola, El Corte Inglés e Inditex.
En la reclamación, se pide a estas empresas que dejen de "financiar a gobiernos que niegan el diálogo y aplican la represión legitimando la prisión y la violencia para evitar afrontar un conflicto democráticamente".
También se pide que estas empresas no participen en "campañas dirigidas a generar miedo entre la población" y que anteponga "los derechos y la dignidad de las personas" a sus intereses económicos.
Y es que, en el apartado de los motivos de la queja, la plataforma sostiene que "esta empresa, conjuntamente con las empresas del apartado anterior, financió una campaña del Gobierno de Mariano Rajoy contra el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre de 2017".
A continuación, agrega que "las decisiones sobre el futuro de Cataluña las tienen que tomar los ciudadanos del país y no las grandes empresas del IBEX-35 organizando campañas del miedo".
