El avance de las manecillas del reloj ha dejado de ser un problema para los socialistas, o al menos un problema presente. Aunque los de Pedro Sánchez siguen trabajando aprobar la ley de amnistía lo antes posible y, así, asegurar el sí de Junts de cara a los Presupuestos Generales del Estado, Moncloa cuenta con un as debajo de la manga para ampliar las negociaciones en el Congreso.
Tras el rechazo de los de Puigdemont a la proposición de Ley orgánica de la amnistía en el Pleno de la Cámara Baja, la norma vuelve a la Comisión de Justicia donde se deberá aprobar un nuevo dictamen antes del 21 de febrero. Este es el plazo decretado por la Mesa del Congreso, que ha interpretado que al tratarse de una proposición de ley tramitada por procedimiento de urgencia, los plazos -incluido este- deben reducirse a la mitad. En este caso, da a la comisión 15 días naturales.
No obstante, los socialistas cuentan con una baza para conseguir que los anuncios clave, resultantes de las negociaciones, no coincidan con las elecciones gallegas. Según cuentan a Vozpópuli fuentes parlamentarias, la fecha límite marcada para que la comisión apruebe un nuevo dictamen no es definitiva. Los grupos del Gobierno de coalición podrían solicitar una prórroga y conseguir más tiempo para negociar con Junts.
De igual modo, la dinámica parlamentaria que seguirá durante las próximas semanas el texto de la amnistía será ligeramente diferente a lo que ya ocurrió en el mes de enero. Ahora, las negociaciones entre los independentistas y el equipo de Pedro Sánchez, entre los que se encuentra el ministro Félix Bolaños, marcarán el calendario parlamentario.
Fuentes parlamentarias explican que las próximas reuniones, ya sean la convocatoria de la Ponencia o de la Comisión de Justicia (con la presencia en Sala de todos sus miembros) vendrán marcadas por los encuentros y desacuerdos entre los socialistas y Junts en el fragor de las negociaciones. Es decir, la Comisión se reunirá para votar nuevas enmiendas transaccionales o las que ya se aprobaron el pasado 23 de enero, cuando exista un acuerdo.
Las elecciones gallegas frenarán la tramitación parlamentaria de la amnistía
Asimismo, las próximas elecciones a la Xunta de Galicia no sólo paralizará la actividad del Pleno del Congreso, sino que también puede afectar al resto de comisiones de la Cámara Baja. Según describen las mismas fuentes, no se suelen celebrar votaciones en ninguna comisión durante la última semana de campaña electoral.
Según el calendario de actividad del Congreso, la semana del 12 al 16 de febrero no tiene actividad plenaria ni parlamentaria, lo que podría prolongar la llegada del texto de la amnistía al Pleno hasta el 7 de marzo. Eso sí, sin contar con la posibilidad de que la Comisión de Justicia solicite una prórroga.
El artículo 131.2 del reglamento de Congreso recoge, no obstante, que si la proposición de ley no recibe el visto bueno de la Cámara Bajar, pero su dictamen sí, "el proyecto será devuelto a la Comisión, que deberá emitir nuevo dictamen en el plazo de un mes". Por tanto, contando con posibles prórrogas y el retraso provocado por los comicios gallegos, la ley de amnistía podría llegar a Pleno el próximo 21 de marzo, eso sí, como plazo máximo.
Sánchez no quiere cambiar el texto de la amnistía
De esta forma, el PSOE dispondría de más tiempo para imponer a los independentistas su línea roja con los delitos de terrorismo. Asimismo, con esta nueva baza, los socialistas evitarían que dar anuncios comprometidos respecto a los acuerdos por la amnistía en vísperas de las elecciones en Galicia. De esta forma, Ferraz busca proteger a su candidato, José Ramón Goméz Besteiro.
Pedro Sánchez se reafirma en su postura y lanza un órdago a Puigdemont: el texto de la amnistía está completo. El Gobierno cierra la puerta, por el momento, a incluir nuevas enmiendas transaccionales tal y como exige Junts. Los socialistas ofrecen a los independentistas catalanes una segunda vía, modificar el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
El plan pasa por otorgar más peso a los fiscales a la hora de solicitar prórrogas en los plazos de instrucción y evitar que los jueces dilaten las diligencias de un caso. En este caso, para evitar que el magistrado García Castellón o el juez Joaquín Aguirre sigan ampliando la instrucción del caso Tsunami -por el que Puigdemont se enfrenta a un delito de terrorismo- y a la causa seguida por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Barcelona, que busca esclarecer las conexiones del expresidente catalán y varios investigados con Moscú.
Además de los plazos previstos para la tramitación de la ley de amnistía en las Cortes, habría que sumar el tiempo necesario para reformar la LECrim. Como ya ha ocurrido en otras ocasiones, existen leyes en proceso de tramitación en el Congreso a las que incorporar esta modificación. Ante el amplio calendario que dibujan las negociaciones pendientes con Junts, el PSOE empieza a pensar cómo afrontar la legislatura sin el apoyo de los de Puigdemont.
