El aterrizaje de PP y Cs en el Gobierno de la Junta de Andalucía, después 36 años de poder omnímodo del PSOE, está resultando mucho más sereno y prudente de los que algunos vaticinaban. Juanma Moreno, presidente gracias al voto de Ciudadanos y Vox, está dando muestras de una solvencia irreprochable y una imprescindible templanza para evitar choques, enfrentamientos y tormentas. Socialistas y podemitas sacarán a la gente a la calle, en pleno proceso electoral, vaticinaban los espíritus menos optimistas. Pablo Iglesias lo intentó, pero su empeño de 'movilización antifascista', apenas se prolongó unas horas.
Todo está transcurriendo dentro de una normalidad en calma, con precisión suiza y un 'saber hacer' incuestionable. Moreno Bonilla no ha querido darle armas a la oposición socialista para que incendiara las calles en vísperas de la crucial cita electoral del 28A. Está cumpliendo sus promesas, pero paso a paso. Sin cortar cabezas y sin hacer sangre. Escrupulosamente, sin ruido.
La imagen del nuevo Gobierno andaluz no ha sufrido desgaste alguno desde su toma de posesión. Más bien, lo contrario
El nuevo Ejecutivo andaluz, mitad y mitad de populares y naranjas, tomó posesión el 22 de enero. Cumple ahora tres meses. "La cosa funciona", dicen los representantes de las dos formaciones. También lo comentan los empresarios, sectores sociales y el mundo sindical. Tampoco ha habido demasiadas tensiones con Vox, salvo en algunos aspectos muy determinados, como la Memoria Histórica, ya en vías de solución. "Esto más que el cambio tranquilo va a ser la revolución tranquila, porque hay que abordar una metamorfosis radical, desde la raiz", comenta un dirigente del PP con responsabilidades en el nuevo Gobierno.
Deudas, facturas y listas de espera
El panorama que se encontraron al aterrizar en el Palacio de Sant Telmo era desolador. Cien veces peor de lo que se imaginaban. Más de mil millones de euros en facturas impagadas, medio millón de personas 'invisibles' en listas de espera sanitarias, 750 millones en sentencias de impagos, cientos de escuelas a las que ni siquiera se les ha pagado el IBI, 25.000 funcionarios 'fantasma', casi 3.000 altos cargos designados 'a dedo' sin responsabilidades concretas. Una jungla imposible de sanear en pocos meses.
Moreno Bonilla es un político paciente. Tenía claro que encarrilar esta situación requería mucha mano firme pero también mucha habilidad. Puso al frente de su equipo de Gobierno a Elías Bendodo, consejero de Presidencia y verdadero 'factótum' de la Junta. Su vicepresidente, Juan Marín, de Ciudadanos, designó a la consejera Rocío Ruiz como su mano derecha en el Ejecutivo. Bendodo y Ruiz comunican bien, comparecen a la par en las ruedas de prensa y consiguen una imagen de tranquilidad imprescindible en su ardua travesía.
El primero y fundamental objetivo era abordar el 'infierno fiscal' en el que Susana Díaz y sus predecesores socialistas habían convertido a Andalucía. Se han puesto ya en marcha las primeras y drásticas medidas en el ámbito de Hacienda que afectarán a la gran mayoría de los andaluces Así, las bonificaciones del 99 por ciento en sucesiones y donaciones, un gesto claro de la orientación liberal del nuevo Gobierno.
Un andaluz que done 10.000 euros a su hijos, antes pagaba 783 euros. Ahora pagará 7,83. También habrá rebaja en el IRPF, en un marco progresivo de cinco años, para colocarlo en la media nacional del 9,5 al 22,5. O el ahorro en transmisiones patrimoniales, para personas físicas y para pymes y autónomos. Todo ello "con memoria jurídica y con memoria económica" apunta Juan Bravo,el titular de Hacienda y ficha clave en el nuevo engranaje de la Junta. Fuera demagogias, fuera gestos a la galaría.
Bravo se ha encontrado ante un desafío sin precedentes. Tiene que completar tres presupuestos. El de la prórroga de este año, el de 2019 y el del 2020. Una situación sin parangón desde 1996, que fue el último año en el que se prorrogaron las cuentas públicas andaluzas. Y, además, sin Gobierno central, ni Congreso en funcionamiento y con unas elecciones generales de por medio.
Cuñados y enchufados
El tema de los empleados públicos es otro capítulo de espanto. Cinco días antes de las elecciones andaluzas, por ejemplo, se nombraron 67 altos cargos en el departamento de Salud. Hay más de 25.000 empleados en la llamada 'administración paralela' que desarrollan su actividad en una especie de limbo, ya que, por las características singulares de su acceso al puesto, apenas pueden hacer algo más que sentarse en una silla. Casi 3.000 cargos de libre designación sin cometido aparente verán la puerta de salida.
PP y Cs se comprometieron a transformar la Administración y convertirla en una maquinaria útil y ejemplar para todos los andaluces. "Aquí sobra la mitad de la gente", comentan en privado. Se hará. A su debido tiempo. También se meterá mano a Canal Sur, la televisión más cara de España, con cientos de operarios y empleados y cuantiosos contratos a productoras ajenas. "De amiguetes y cuñados", dice un trabajador de la casa. Y con un desarrollo profesional entre el partidismo y el sectarismo.
La imagen del nuevo Gobierno andaluz no ha sufrido desgaste alguno desde su toma de posesión. Más bien, lo contrario. Tanto Casado como Rivera lo exhiben como ejemplo sobre cómo podrían funcionar de bien las cosas si se traslada a escala nacional. Dos partidos que se entienden, que funcionan mano a mano y sin que salte chispa alguna. Una transición que pone en evidencia la chapuza de la administración socialista, asaeteada por los escándalos (como los Ere), la inoperancia, la ineficacia y el desprecio absoluto hacia la sociedad a la que decían servir. "Andalucía debería ser la vacuna contra cualquier gobierno del PSOE, no saben gestionar, ni les preocupa lo más mínimo; tan sólo alimentan el clientelismo para ganar elecciones", comenta un dirigente del PP.
