El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado el Decreto por el que se regula la prórroga de los Presupuestos regionales de 2019, que alcanzan la cifra de 20.072 millones de euros.
Así lo ha expuesto la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en rueda de prensa posterior al Consejo, medida que adoptan "ante la falta de comunicación por parte del Gobierno en funciones de España de los ingresos que le corresponde a la región para 2020 en concepto de entregas a cuenta, lo que complica el poder diseñar unas cuentas rigurosas".
En este contexto de "incertidumbre", el Ejecutivo autonómico considera que "no sería responsable elaborar unos nuevos presupuestos sin un Gobierno de España aún constituido y sin previsión de ingresos", pues hacerlo "podría suponer el tener que realizar modificaciones posteriores, en función de los ingresos reales, que podrían ser inferiores a los estimados en estos momentos".
Además, el Gobierno regional recuerda que este año Madrid ha recibido "unos ingresos inferiores" a los comunicados por parte del Estado para 2019 y con los que la Comunidad elaboró los presupuestos.
En concreto, la región madrileña va a recibir 53,6 millones menos en concepto de entregas a cuenta, lo que equivale al presupuesto del programa de gratuidad de libros de texto o el programa de justicia gratuita.
Ayuso solicita el ingreso íntegro de las entregas a cuenta comprometidas para este año
El Ejecutivo madrileño ha enviado un requerimiento al Ministerio de Hacienda solicitando el ingreso íntegro de las entregas a cuenta comprometidas para este año, es decir, reclamando los casi 54 millones restados a la Comunidad.
Ajustes de 2019
El Decreto que este viernes se ha abordado en el Consejo de Gobierno implica la prórroga de los créditos para gastos inicialmente previstos en la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2019, incluyendo los ajustes consolidados a lo largo de este ejercicio, así como los créditos iniciales de todos los capítulos de ingresos recogidos en los Presupuestos aprobados en 2018.
El Decreto afecta a todos los organismos, entidades, empresas y fundaciones públicas dependientes, que deberán ajustar sus respectivos presupuestos a las circunstancias actuales.
De esta forma queda garantizada la normal prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, por lo que la sanidad, la educación, los servicios sociales, el transporte, la vivienda y el empleo "no se van a ver afectados por esta prórroga".
