Publicado: 01/07/2024 14:10
Actualizado: 01/07/2024 17:03
Nuevo varapalo para los líderes del 'próces'. El Tribunal Supremo ha decidido no aplicar la amnistía a los delitos de malversación por los que fueron condenados 4 de los 13 enjuiciados por el 1-O en 2019, y por los que peligra la vuelta de Puigdemont a España. El alto tribunal sigue el criterio ya marcado por los fiscales del 'procés' y determina que la malversación no tiene encaje en la ley aprobada por el Congreso de los Diputados. En la resolución dictada por el magistrado Pablo Llarena se acuerda, además, mantener la orden de detención contra Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín y Lluis Puig.
Respecto a los ya condenados por los actos del 1-O, la posición del TS impide que Oriol Junqueras, y otros tres exconsellers puedan beneficiarse, por el momento, de la norma diseñada por los socialistas a su medida. Junto al exvicepresidente de la Generalitat se encuentran Jordi Turrull, Raül Romeva y Dolors Bassa, condenados por los delitos de desobediencia y malversación agravada.
Y es que el intento por parte del Gobierno de indultar a los líderes del 'procés' no pudo materializarse al completo en el caso del dirigente de ERC y los otros tres condenados. Hace cosa de un año el Tribunal Supremo hizo pública su sentencia tras la reforma en el Código Penal de los delitos de sedición y malversación por la que mantenía las penas de inhabilitación a los principales líderes del 'procés'. El tribunal descartó que el nuevo tipo de malversación atenuada diseñado por los de Pedro Sánchez fuese aplicable en esta causa, ya que este estaba previsto para casos en los que se haya hecho un uso indebido del dinero público y no se haya destinado al fin previsto.
Ahora, en la misma línea que lo defendido en su escrito por los fiscales del 'procés, la Sala Segunda desoye el criterio impuesto en el Ministerio Público por García Ortiz y descarta -de nuevo- exonerar los delitos de malversación del 1-O. De esta forma, Junqueras y Bassa no podrán ocupar cargo público hasta el año 2031 y Turull y Romeva hasta 2030.
Además de las caras más conocidas por la consulta independentista de 2017, la amnistía ha sido diseñada para el perdón de los delitos de cientos de enjuiciados por el 'procés'. No obstante, la aplicación de la amnistía dictada por el Supremo pone en jaque las causas abiertas contra otra veintena de exaltos cargos del Govern imputados por malversación. Este es el caso de la causa que se sigue contra Josep Maria Jové y Lluís Salvadó, para los que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia ya ha pedido la extinción de la responsabilidad penal y civil y el archivo de la causa.
La mano derecha de Oriol Junqueras (conocido como uno de los cerebros del 1-O) y Lluís Salvadó continúan a la espera de que se celebre el juicio aplazado recientemente por el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona. Ambos se enfrentan a una imputación por delitos de desobediencia, prevaricación administrativa y malversación agravada.
La gran causa por los preparativos del 'procés'
La resolución dictada este lunes por la Sala Segunda el TS afecta también a la causa sigue el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona por los preparativos del 'procés'. Un procedimiento que dura ya siete años y en el que permanecen como investigados 24 exaltos cargos del Govern de Puigdemont, empresarios y los exdirectores de TV3 y Catalunya Ràdio.
De ellos, 17 son los imputados por malversación de fondos públicos, en su mayoría, excargos de varias consejerías o departamentos del Gobierno de Puigdemont. En total, se les imputa un gasto que supera los 3,5 millones de euros, además de delitos de prevaricación, desobediencia o falsedad documental.
Ahora, el alto tribunal sienta jurisprudencia sobre la amnistía a los delitos de malversación, lo que supone un peligroso precedente para aquellos que esperaban beneficiarse de la medida de gracia aprobada por el Gobierno. No obstante, ante la novedad del proceso de amnistía -inédito en España-, la decisión final sobre la aplicación de la amnistía la tendrá un juez, o en su caso Europa.