La diputada de Unidos Podemos Carolina Bescansa ha presentado este miércoles tres propuestas para de "cambio constitucional para hacer frente a la crisis territorial española" que, en su opinión, tiene reflejo en el desafío independentista catalán, que califica como "la primera crisis de Estado del siglo XXI" y a la que atribuye una "enorme gravedad política y social".
En esos términos se expresa la cofundadora de Podemos, que se ha mostrado crítica con la posición de su partido durante el 'procés', en el documento que ha remitido a sus compañeros, donde detalla las propuestas "que aspiran a resolver una parte importante de los problemas de la estructura territorial de España" y anima a su difusión en "todos los espacios de la organización".
En concreto, Bescansa propone "la transformación del Senado en una cámara de representación territorial con competencia exclusiva en la distribución anual de los recursos consagrados a la financiación autonómica", así como en la legislación relativa al cupo vasco y los fondos de compensación. La segunda propuesta reclama la "delimitación y estrechamiento de las competencias del poder ejecutivo", al que atribuye la creación de "grandes desigualdades en el desarrollo del autogobierno".
En este sentido, Bescansa defiende que el Gobierno pierda su función a la hora de nombrar al fiscal general del Estado, de actualidad tras la muerte de José Manuel Maza en Argentina el pasado sábado, y que esta recaiga en el Congreso. Asimismo, considera que la decisión sobre la aplicación del artículo 155 de la Constitución, empleado en Cataluña ante el desafío independentista, debería corresponder al Congreso.
Defiende igualmente la elección directa del presidente del Gobierno a través de sufragio universal a dos vueltas y, en cuanto a los entes locales, señala que el Ejecutivo no debe ser competente para intervenir las cuentas cuando se logre superávit. Igualmente, indica que el Gobierno no podrá vetar la admisión por parte de la Mesa del Congreso de propuestas que no afecten a los presupuestos generales ya aprobados.
Posibilidad de referéndum
La tercera propuesta presentada por la diputada, que fue secretaría de Programa y Proceso Constituyente de Podemos, reclama "la renovación democrática de la legitimidad del marco constitucional español a través de un proceso de aprobación popular que respete la voluntad del conjunto del pueblo español", indica, así como "la voluntad de los pueblos, regiones, comunidades, países y naciones que conforman España".
Sobre esta propuesta, Bescansa defiende una "nueva constitución" que consagre estas reformas y sea legitimada "a través de un referéndum" en el conjunto de España, pero también en "todos y cada uno de los pueblos que integran España".
En este sentido, admite que una reforma constitucional "necesita ser el resultado de un amplio y sosegado debate en el que participen todos los partidos políticos", y detalla que, tras un referéndum en toda España para legitimar la "constitución reformada", si algún territorio del país rechazase el "nuevo texto", se podría celebrar una "consulta" específica en ese territorio.
Bescansa detalla cuáles serían los pasos a seguir en ese escenario. Primero, indica que el parlamento autonómico de la comunidad que haya rechazado la nueva constitución debería disolverse y convocar elecciones. Tras la formación de un nuevo gobierno autonómico, la nueva cámara deberá votar si celebra una consulta vinculante para preguntar a la ciudadanía "si desea o no que se celebre un referéndum en que el ejercer el derecho a decidir la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente".
"Si el pleno del parlamento territorial aprobase con el 55% de los votos o más la propuesta de celebrar una consulta a la ciudadanía para saber si esta desea o no la celebración de referéndum sobre su relación territorial con el Estado, se procederá a su inmediata convocatoria", detalla el documento de Bescansa, que especifica incluso el plazo para su celebración: en los 100 días posteriores a su aprobación en el parlamento, y estará organizada por "una comisión mixta compuesta por representantes de todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y del parlamento territorial".
Si en la primera consulta la ciudadanía apoya la celebración de un referéndum para "la plena integración en el Estado o la creación de un nuevo marco jurídico independiente", éste debería celebrarse en menos de un año. Y si la mayoría opta por la 'independencia', la propuesta de Bescansa plantea nuevas elecciones autonómicas para que el parlamento resultante deba aprobar, con una mayoría de tres quintas partes de la cámara, para hacer efectiva la secesión.
