La subcomisión de la Comisión Constitucional del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley Electoral ha acordado pedir una prórroga de seis meses para sus trabajos, aunque la mayoría de grupos calcula que los cambios se limitarán a cuestiones puntuales como el fin del voto rogado, en el que hay cierto consenso entre los grupos, según indicaron fuentes parlamentarias.
Esta ponencia de estudio, creada en abril de 2017 y que preside Jesús Posada, también presidente de la Comisión Constitucional, ha recibido media docena de comparecencias sobre asuntos como el voto electrónico, la participación electoral de personas con discapacidad o el voto desde el extranjero, pero aún está lejos de empezar el debate de propuestas y recomendaciones.
Los grandes cambios no han encontrado eco
Hace unos meses Ciudadanos abrió una ronda de contactos con los otros grandes partidos para abordar ejes troncales del sistema electoral, como las reglas del escrutinio (ley D'Hont), la representatividad o la circunscripción, pero sólo encontró receptividad en Unidos Podemos, mientras que el PP y el PSOE mostraron otras prioridades.
Un año después de su creación, miembros de la subcomisión admiten que los objetivos de la reforma serán limitados por falta de consenso. Han comprobado que cuanto más ambiciosos sean los objetivos, menos consensos se conseguirán.
A lo largo de estos meses sí se han visto coincidencias entre los grupos parlamentarios en lo relativo a fomentar la participación electoral de personas con discapacidad o para acabar con el voto rogado
Inicialmente se presentaron propuestas para rebajar a 16 años la mayoría de edad de voto, estudiar el fin de la Ley D'Hont, propiciar la elección directa de alcaldes, acabar con las listas cerradas o desterrar la provincia como circunscripción, pero esas idea no cuentan con suficiente respaldo para sacar adelante una Ley Electoral, que exige mayoría absoluta, y además resta poco tiempo de legislatura.
Cambiar el voto exterior
A lo largo de estos meses sí se han visto coincidencias entre los grupos parlamentarios en lo relativo a fomentar la participación electoral de personas con discapacidad o para acabar con el voto rogado que se puso en marcha en 2011 y que obliga a los españoles residentes en el extranjero a solicitar previamente el voto en cada convocatoria de generales y autonómicas.
Ese cambio hizo caer en picado la participación de los inscritos en el Censo de Residentes Ausentes (CERA) y su supresión es demandada por quienes no suscribieron aquella reforma (IU, Podemos, Ciudadanos y CC), pero también por casi todos sus firmantes, especialmente el PSOE, el PDeCAT (la antigua Convergència) e incluso el PP (sobre todo organizaciones territoriales como la gallega).
Incluso el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, el socialista Josep Borrell, ha hablado de la necesidad de suprimir el voto rogado para fomentar la participación electoral de los residentes en el extranjero.
Eso sí, aunque hay consenso para acabar con ese sistema, aún no hay coincidencias sobre qué modelo debe adoptarse en su lugar, sabiendo que no puede volverse a la legislación previa, que estaba permanentemente cuestionada por denuncias de fraude.
