Hace unos días, se dio una situación curiosa en la Asamblea de Madrid. En la rueda de prensa posterior a la junta de portavoces del pasado 9 de septiembre, la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, anunció que habían registrado en la Mesa una proposición no de ley (PNL) para reprobar a Ana Millán, vicepresidenta de la Asamblea, por las diligencias abiertas contra ellas por parte del TSJM.
Cuando llegó el turno de Carlos Díaz-Pache, portavoz del Partido Popular, y preguntado por los medios de comunicación acerca de esta petición de Más Madrid, respondió que no tendría recorrido alguno, pues la figura de la reprobación no existe ya en el reglamento interno de la Asamblea.
Por tanto, el movimiento de Más Madrid, visto desde fuera, se antojaba más efectista que efectivo, con la legislación en la mano. Sin embargo, la pregunta era otra. ¿Por qué no se puede reprobar a alguien en la Asamblea de Madrid? La reprobación es una figura habitual dentro del ámbito político, sea a nivel nacional, regional o municipal.
Acudiendo a los registros, PSOE y PP son los Grupos Parlamentarios que, históricamente, más han usado este recurso de la reprobación. En concreto, desde 1988, los socialistas la han empleado 11 veces y los populares 10, respectivamente.
La Mesa de la Asamblea cambia el criterio
Sin embargo, todo esto cambió hace más de un año, en octubre del 2022. La Mesa de la Asamblea, con mayoría del PP (no absoluta) tras las elecciones del 4 de mayo de 2021, donde obtuvieron 65 diputados, decidió poner fin a varias décadas de reglamento interno y modificar dicho criterio, lo que tuvo bastantes consecuencias. La primera, ya no se podía reprobar.
Una modificación que partidos como Más Madrid han sufrido en sus propias carnes. Fuentes del partido cuentan a este periódico que pasaron de tener tramitada en enero de 2022 (aunque después rechazada) una PNL para reprobar a la entonces Consejera de Juventud, Familia y Política Social, Concepción Dancausa, a que en octubre del mismo año no tramitaran una PNL para reprobar a Enrique Ossorio, actual presidente de la Asamblea.
Esto no termina aquí. Al haber estrechado tanto el cerco sobre lo que se puede o no fiscalizar, la oposición en la Comunidad de Madrid está teniendo serios problemas ante la imposibilidad de acceder a contratos de pasadas legislaturas o sustentar comisiones de investigación en acciones del Gobierno que sean anteriores a los hechos acontecidos desde la formación del actual equipo de Díaz Ayuso.
Alberto Oliver, diputado de Más Madrid, considera que "esta deriva se une a la modificación del Consejo de Transparencia para asumir de forma directa el nombramiento de su dirección y retirar la potestad sancionador. Además de la modificación de la Cámara de Cuentas para reducir su capacidad de análisis y recomendación". Esto supone, en palabras de Oliver, "cercenar los derechos de la oposición de forma salvaje".
Un asunto que PSOE y Más Madrid tienen en el Tribunal Constitucional por vía de recurso de amparo. Juan Lobato lamenta la situación actual, alegando que "no nos dejan plantear nada de nada". "Cuestiones que hace un año nos calificaban, ahora ya ni eso. Y luego el tema de no poder información de legislaciones pasadas... puedes hacer lo que te dé la gana. No tiene ningún tipo de sentido", comenta a Vozpópuli el portavoz socialista en la Asamblea.
En datos, el Gobierno de la Comunidad de Madrid respondió a un total de 7.506 iniciativas, entre preguntas orales y escritas, peticiones de información y comparecencias en la Asamblea de Madrid entre septiembre del año pasado y junio de 2024. Las peticiones de información, eso sí, suelen ser bastante concretas, no otorgan un panorama general en determinados temas.
Este cambio de criterio no va a dar marcha atrás, y menos con tres años más de mayoría absoluta del PP por delante, pero no deja de ser curioso que se fiscalice con ahínco (y toda la razón) al Gobierno central y se puedan poner este tipo de trabas en tu propia Asamblea.
