"Sé que hay muchas preguntas... Yo también tengo muchas respuestas". José Luis Ábalos aguantó el órdago del PSOE y se negó a cumplir los designios de Pedro Sánchez. El exministro de Transportes protagonizó este martes una rueda de prensa memorable, ruidosa, imprevisible, que ha terminado de aventar las dimensiones políticas del 'caso Koldo'. Uno de los arquitectos del sanchismo se va al Grupo Mixto y rompe definitivamente con Ferraz. "No nos lo esperábamos", confesaba en los pasillos del Congreso un destacado dirigente del partido del puño y la rosa. Pero la oposición pasa ahora al siguiente escenario. El PP ya no insiste en renombrar el caso con el apellido del político valenciano, caído, sino que extiende la duda a "la banda del Peugeot".

Se trata de una forma imaginativa de hablar de un "clan" –así lo llaman en Génova– que mete en el mismo saco (o coche) a Koldo, Ábalos, Santos Cerdán y al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los cuatro giraron por España en un Peugeot 407 para hacer a Sánchez, en dos ocasiones, secretario general del PSOE. No obstante, como es sabido, todo un ramillete de dirigentes socialistas se han visto salpicados presuntamente por la trama. Y el PP (y Vox en Baleares) cavan trincheras contra Francina Armengol, expresidenta balear y actual presidenta del Congreso, y Ángel Víctor Torres, expresidente canario y actual ministro de Política Territorial, en ambos archipiélagos.

El hecho de que Armengol y Torres fueran desalojados de su atalaya autonómica el pasado 28-M favorece la capacidad del PP de amasar pruebas. Vozpópuli ya informó la semana pasada que Alberto Núñez Feijóo había activado al partido en Baleares y Canarias. La ofensiva ya toma cuerpo. PP y Coalición Canaria (CC) registrarán juntos este miércoles una comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Algo que ya hizo Vox el pasado viernes en el Parlament de Baleares. El PP esperará a que haya debate parlamentario, aseguran fuentes insulares del partido, para apoyarla. "Lógicamente, no podemos estar en contra", desliza un dirigente popular con mando en plaza en Mallorca.

El Govern balear, liderado por la presidenta popular Marga Prohens, mientras tanto, ya ha anunciado que se personará como acusación particular en la investigación abierta por la Audiencia Nacional sobre el 'caso Koldo'. Fuentes del PP canario consultadas por este periódico aseguran que también exploran esta vía. Será, en cualquier caso, una decisión consensuada con CC, el partido que ostenta la presidencia de la coalición de gobierno a través de Fernando Clavijo. El PP, eso sí, tiene el mando de la Consejería de Hacienda canaria. Un departamento jugoso en información donde ya están "investigando" toda la documentación "para cumplir con el requerimiento de la UCO [Unidad Central Operativa de la Guardia Civil]".

"Pediremos los 3,7 millones íntegros"

Como desveló en exclusiva Vozpópuli, entre Francina Armengol y Ángel Víctor Torres dieron 10 millones de euros a dedo a la empresa de mascarillas del 'caso Koldo' en abril de 2020. El proceder fue idéntico en ambos casos. El acuerdo suscrito por el Servicio de Salud de Islas Baleares con la empresa Soluciones de Gestión suponía la adquisición de mascarillas FFP2 por un importe total de 3,7 millones de euros. La licitación se tramitó por la vía de emergencia y se negoció sin publicidad. El Servicio Canario de la Salud, por su parte, adjudicó a esta compañía la compra de mascarillas por un valor total de 6,87 millones de euros.

El reintegro de esos 3,7 millones de euros será exigido por el Govern balear. Una cifra que, además, será investigada por la Fiscalía Europea por posible malversación de fondos europeos al emplear, presuntamente, el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para la compra. "Queremos el importe total del contrato, y vamos a ir hasta las últimas consecuencias", avisa la fuente antes citada. Tal cantidad fue destinada a comprar 1,4 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión en mayo de 2020, siendo Armengol presidenta del Govern. Un gasto inútil: las mascarillas eran fake, inservibles, no cumplían los estándares de calidad. Cuatro años después, como desveló 'El Mundo', permanecen en cajas sin abrir y almacenadas en una nave.

"Estamos preguntando quién contactó con el Govern de Armengol, cuál era el contacto de la empresa en Baleares, porque no sabemos todavía quién es y, previsiblemente, es alguien al más alto nivel", apuntan. "Armengol sigue sin contestar una pregunta clave: si Ábalos les dijo que contratara esa empresa, como reconoció Ángel Víctor Torres", siguen otras fuentes populares.

La presidenta del Congreso aseguró este martes que siente "asco" por aquellas personas "que se podían estar lucrando" con la venta de mascarillas durante la pandemia y defendió la "total" transparencia y "legalidad" de las compras. Además, sostuvo que "el Gobierno de Baleares reclamó en tiempo y forma que esa empresa devolviera una parte del dinero" y que el Servicio de Salud dejó "firmado el expediente reclamación".

Sin embargo, el Govern presidido por Armengol no reclamó una parte del dinero hasta tres años después, a pesar de que la Guardia Civil solicitó que entregara documentos y facturas en julio de 2022. "¿Cómo se puede tardar más de tres años en denunciar?", se preguntan en el PP de Baleares. "Además, la reclamación se hizo el 6 de julio, mientras Marga Prohens celebraba su investidura", afirman. "Parece que se cubrió las espaldas antes de irse", elevan la sombra de sospecha. ¿Y el informe? "Nadie informó de nada en el traspaso de poderes: ni en la memoria, que era un tochaco, había referencia alguna".

Denuncia de la Fiscalía en Canarias

El PP tuvo que hacer pedagogía con Coalición Canaria para sacar adelante la comisión de investigación que será registrada este miércoles en el Parlamento autonómico. El partido regionalista, capaz de pactar a izquierda y derecha, "no quería cerrarse la puertas del PSOE para siempre", explican fuentes del PP canario.

Los populares aprovecharán para reactivar el conocido como 'caso Mascarillas' –la investigación por el pago de 4 millones de euros del SCS por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas– y que "incluya todo lo que se está conociendo ahora" tras la explosión del 'caso Koldo'. En la anterior legislatura, el PSOE de Ángel Víctor Torres "tumbó" la comisión de investigación solicitada por el PP al tener mayor músculo parlamentario.

Según publicó 'El Mundo', el Gobierno de Canarias modificó en 2021 los contratos de mascarillas con Soluciones de Gestión, un año después de firmarlos, para poder sufragarlos con fondos FEDER provenientes de la Unión Europea. La Fiscalía Europea, puesta sobre aviso por Anticorrupción, también revisa estos pagos por idénticos motivos que en Baleares. El expresidente canario y actual ministro estaba informado, además, de las compras por 12,2 millones a la empresa que operaba en el entorno de Ábalos. El gobierno de Torres rubricó al menos tres contratos con Soluciones de Gestión por los que llegó a pagar alrededor de 12 millones de euros por cinco millones de mascarillas.

Los enredos judiciales en torno a la gestión de Torres, además, no cesan. La Fiscalía de Las Palmas presentó este martes una querella en la que acusa de malversación, blanqueo de capitales y fraude a cuatro empresarios que vendieron material sanitario al Gobierno de Canarias durante la pandemia. Figuran entre ellos el presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, y el exconsejero en el Cabildo de Gran Canaria Lucas Bravo de Laguna. El importe total es de 22,9 millones de euros. De ellos, alrededor de 10 millones de euros de dinero público en material sanitario que jamás se llegó a entregar.