Ciudadanos no ha aclarado hoy si recurrirá el revés judicial que ha sufrido en el Tribunal de Cuentas sobre el expediente de Plus Ultra y ha dejado la puerta abierta a una segunda denuncia más adelante sobre el daño patrimonial de ese rescate.
El vicesecretario general y responsable del área de Comunicación, Daniel Pérez, ha minimizado el archivo decretado por el organismo fiscalizador al tratarse, a su juicio, de una "cuestión de forma" ya que el Tribunal de Cuentas considera que el rescate aún no se ha producido en su totalidad.
"Nos dicen que todavía no se ha producido el daño patrimonial, lo cual no significa que no se vaya a constatar en un momento dado. Técnicamente, por una cuestión de forma, no se admite esa acción pública individual pero se deja la puerta abierta para volver a denunciar el daño patrimonial", ha señalado en rueda de prensa.
Pérez ha insistido en que "nadie dude" de que Ciudadanos no va a tirar la toalla en este asunto. "El dinero público no se puede ni se debe malversar en una jugada de capitalismo de amiguetes", ha advertido antes de reiterar la petición de su partido de que dimita la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por esta operación que aprobó en marzo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
"Ha sido una entrega gratuita de un montón de millones de euros, de 53, una parte ya entregada y la otra paralizada", ha hecho hincapié el dirigente de Ciudadanos sobre una decisión que ha considerado que fue "gratuita, arbitraria y pensando en criterios contrarios a la lógica y racionalidad". Además, ha recordado que con esos 53 millones equivalen a 183.000 cuotas de autónomos, 1.300 salarios públicos de profesores y médicos, y el IVA de 2 millones de usuarios del consumo eléctrico.
Ciudadanos considera que en este caso, finalmente, se acabará demostrando que se ha cometido tanto un delito penal como una infracción contable. "Nosotros tenemos un criterio distinto y consideramos que es de sentido común que con el desembolso de los 19 millones de euros a una empresa en quiebra se da por hecho el perjuicio económico", han explicado fuentes de Cs a Europa Press.
Pese al archivo de la investigación, destacan que la decisión del Tribunal de Cuentas "abre la puerta a que ese perjuicio económico se dé cuando se constate la insolvencia" de la empresa y que la inyección del dinero "se ha dado para otros fines". En la formación naranja están "convencidos" de que, junto con la investigación judicial, "se acabará demostrando no solo el posible delito penal, sino la infracción contable".
El dinero desviado por Plus Ultra
Ciudadanos había reclamado al Tribunal de Cuentas que analizara la responsabilidad de todas las autoridades por la ayuda del fondo de la SEPI concedida a Plus Ultra, ya que considera que no se cumplían los requisitos para su aprobación, y pretendía también que se aclarase cuánto dinero se ha desviado y asegurar su retorno a las arcas públicas.
En concreto, la formación de Inés Arrimadas discrepa de la decisión del Tribunal de Cuentas, al entender si le prestas a alguien insolvente que sabes que no te va a devolver el préstamo y que no cumple los requisitos, ya estás produciendo un daño al erario público.
La titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, Esperanza Collazos, ordenó la semana pasada suspender la entrega a Plus Ultra de 34 millones de euros que forman parte del rescate a la aerolínea y que se debían desembolsar este 28 de julio, para que antes la empresa acredite que realmente necesita este préstamo para pagar a sus acreedores.
Sin embargo, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado no compartían esta tesis naranja y en la instrucción defendieron el archivo de la investigación, como así ha sido finalmente, según fuentes próximas al órgano fiscalizador consultadas por Vozpópuli.
