Hace justo un año, el 10 de agosto de 2016, el entonces presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, mantuvieron en el Congreso de los Diputados la reunión que desatascó el bloqueo institucional tras la legislatura fallida. Aquella cita puso la primera piedra al pacto de investidura. Rajoy estrechó la mano de Rivera y aceptó sus seis medidas anticorrupción para empezar a negociar un acuerdo de gobernabilidad. Estas líneas de actuación recibirían pocos días después, el 17 de agosto, el visto bueno del Comité Ejecutivo nacional del PP. A partir de aquí las conversaciones fructificaron en el documento 150 compromisos para mejorar España, que ambos dirigentes rubricaron el 28 del mismo mes.
¿Qué grado de cumplimiento ha tenido este pacto tras su primer año de vida? Fuentes de la dirección de Ciudadanos consultadas por Vozpópuli saludan las reformas iniciadas, como la ley de autónomos o el complemento salarial para menores de 30 años, pero critican la desidia del Gobierno en materia anticorrupción. "Sólo se ha cumplido un 20% del pacto", apuntan las mismas fuentes, en un claro aviso al Ejecutivo para que acelere la tramitación del resto de medidas. Según recalcan las fuentes citadas, hay algunas cuestiones que "tienen que abordarse ya", puesto que su periplo parlamentario podría dificultar la aplicación de las mismas antes de que acabe la presente legislatura. Es el caso, según indican, de la supresión de los aforamientos para diputados y senadores, bandera de la formación naranja y una de sus prioridades para el nuevo curso político que arranca en septiembre.
La eliminación de tales privilegios es una de esas seis medidas anticorrupción que firmó Rajoy. Sin embargo, el Gobierno todavía no ha dado ningún paso al respecto. El pasado mayo, en sesión de control en el Parlamento, Rajoy sólo se mostró dispuesto a "abrir un debate" sobre esta reforma, al tiempo que advirtió a Rivera de que "no por mucho madrugar, amanece más temprano". En diciembre de 2016, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ya dijo al líder centrista que se trataba de un asunto muy complejo, pues habría que cambiar los distintos Estatutos de autonomías o la Ley orgánica del Poder Judicial, entre otras normas, dado que los parlamentarios regionales, los jueces y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado también gozan de aforamiento.
Además, la número dos de Rajoy insistió en que habría que delimitar si tal supresión de este privilegio sería "para todos los delitos o solo para los relacionados con la vida pública". La fórmula que plantea C's es la de una reforma exprés de la Constitución, inviable sin el PP y el apoyo y el consenso del PSOE. Por su parte, Podemos se autodescarta aquí al querer convocar también un referéndum sobre este cambio (puede hacerlo al tener más del 10% de la Cámara). Populares y naranjas creen que el partido de Pablo Iglesias convertiría este referéndum en un plebiscito al Gobierno.
El futuro de Rajoy
Una tramitación más sencilla es la propuesta por Rivera para la limitación del mandato presidencial a "ocho años consecutivos", otra medida que la formación naranja quiere impulsar en el próximo periodo de sesiones y que también formó parte de aquellas seis condiciones iniciales que C's impuso al PP para negociar el pacto de investidura. El líder naranja ha abogado en este caso por una revisión de la Ley del Gobierno del 97, evitando así otra reforma de la Constitución. Sin embargo, tampoco se ha dado al respecto ningún paso destacado, más allá del intercambio de papeles y declaraciones. La formación de Rivera llegó a reconocer el pasado enero que esta limitación arañada al PP no tendría carácter retroactivo -no se concretó este aspecto en el texto del acuerdo-, por lo que el presidente Rajoy podría volver a presentarse a la reelección para un tercer mandato tras ocho o nueve años en La Moncloa. Esta misma semana, el líder popular ha dicho que se ve "con fuerzas" para ganar las próximas elecciones generales.
La formación de Rivera reconoció el pasado enero que la limitación del mandato presidencial a "ocho años" arañada al PP no tendría carácter retroactivo
Otra de las seis medidas que va para largo, con un amplio espectro de materias sobre la mesa, es la reforma de la ley electoral. El pasado 10 de mayo -con cuatro meses de retraso- se constituyó formalmente en el Congreso la Subcomisión que se encargará de los trabajos. De momento, su presidente, Jesús Posada (PP), fijó como prioridad la revisión del voto rogado. A ello están dispuestos los principales partidos. Sin embargo, hay otros asuntos donde los choques son frontales, por lo que la redacción definitiva de un texto consensuado se alargará bastante. Por ejemplo, Ciudadanos quiere implantar el sistema alemán de doble lista para mejorar la proporcionalidad, el PP aboga por que gobierne la lista más votada en los ayuntamientos...
Ley 'ómnibus' anticorrupción
También al regreso de las vacaciones, Ciudadanos confía en que salga adelante su ley integral contra la corrupción, ya en tramitación en la Cámara baja. Uno de los puntos de esta ómnibus (toca distintas regulaciones) es la "prohibición de conceder indultos a personas condenadas por delitos de corrupción", otra condición previa que Rivera planteó a Rajoy en agosto de 2016. El Ejecutivo sostiene que en lo que va de mandato no ha otorgado ningún indulto a condenados por "corrupción política". Sin embargo, desde la oposición le han criticado que sí lo ha hecho en al menos seis ocasiones en casos de "prevaricación". El Gobierno ha contestado que no considera "corrupción política" la "prevaricación administrativa" de esos expedientes porque no hubo un "enriquecimiento personal" de los indultados. Todo ello anticipa que será dura la negociación parlamentaria entre PP y Ciudadanos sobre la letra pequeña de dicha ley ómnibus.
Donde parece haber más coincidencia es en la "separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción". Esta es otra medida anticorrupción que aceptó Rajoy en la reunión del 10 de agosto de 2016. Ciudadanos también la lleva en la citada ley ómnibus, fijando "la inhabilitación o suspensión de cargo público, desde que sea firme la resolución que acuerde la apertura del juicio oral o el procesamiento". Tanto populares como naranjas explican que "imputado formalmente" es un momento procesal más avanzado que lo que se conoce coloquialmente como "imputado" a secas, ahora llamado "investigado" en el lenguaje técnico. El partido de Rivera espera contar aquí con el apoyo del PP en la votación del Congreso. Todavía faltan meses para que este texto llegue al BOE si consigue superar toda la tramitación parlamentaria.
Donde parece haber más coincidencia entre ambos partidos es en la "separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados formalmente o encausados por delitos de corrupción"
Y de las seis medidas, la que generó más polémica, la creación de una comisión sobre la presunta financiación irregular del PP, es paradójicamente la única que se ha implementado. Los populares terminaron votando a favor de su creación en el Pleno del pasado 30 de marzo para no quedar aislados y dar así cumplimiento al pacto con C's. Eso sí, el Grupo Popular planteó que la investigación en la llamada Comisión Bárcenas se limitara a hechos ocurridos en la presente legislatura o hasta 2015, año en que la tipificación del delito de "financiación ilegal" se introdujo en el ordenamiento jurídico.
En un momento dado, los populares incluso transmitieron a Ciudadanos que estaban abiertos a retrotraerse al año 2004 (desde que Mariano Rajoy es presidente del PP), como querían los naranjas, siempre y cuando negociasen otros aspectos como la delimitación territorial o administrativa de la investigación. Pero C's pidió al PP que abordara todo esto en una mesa junto a ellos, PSOE y Podemos (estos tres grupos registraron la iniciativa de creación de dicha comisión). Los populares se negaron.
Al final, la Comisión no tiene delimitación ninguna (ni temporal, ni territorial, ni administrativa) y por ella ha desfilado ya el primer tesorero del PP, Rosendo Naseiro (años 89 y 90). Por ello, el partido que sostiene al Gobierno recurrió esta comisión ante el Tribunal Constitucional el pasado 28 de julio. Su intención es que el TC declare nulos los acuerdos parlamentarios al respecto, tanto de la Mesa del Congreso como de la propia Comisión. Los populares temen que la oposición haga de la misma una "causa general" contra el PP hasta el final de la legislatura. Ciudadanos quiere que Rajoy sea el último en comparecer, pero fuentes del Grupo Popular recuerdan que el presidente ya dio explicaciones sobre el caso Bárcenas en sede parlamentaria, en concreto en un Pleno extraordinario en el Senado (el Congreso se encontraba en obras) en agosto de 2013.
En respuesta también a esa falta de delimitación, el PP ha activado en el Senado (donde tiene mayoría absoluta) una comisión de investigación sobre las finanzas de todos los partidos. Y aquí quiere escuchar a Albert Rivera, Pedro Sánchez (PSOE) y Pablo Iglesias (Podemos). Aunque la oposición ha abandonado este órgano en señal de protesta, los tres dirigentes están obligados por ley a comparecer y decir la verdad.
Reforma laboral
Fuera del ámbito de regeneración democrática, Ciudadanos también pondrá el foco en en los próximos meses en la reforma del mercado de trabajo y exigirá abordar el punto 36 del pacto de investidura, donde aparece recogido un "contrato de protección creciente" con duración de hasta tres años, con indemnizaciones crecientes de 12 a 20 días por año trabajado y con conversión en indefinido el tercer año sin pagar cuota por los primeros 500 euros de salario, para favorecer el empleo estable (la formación naranja no logró incluir su famoso "contrato único"). No obstante, la propuesta de reforma laboral que C's trasladará al Gobierno no será una línea roja para apoyar los Presupuestos General del Estado (PGE) de 2018. PP y Ciudadanos saben que la estabilidad del país es crucial para poder avanzar en el pacto que ambos empezaron a perfilar hace hoy un año.
