El grupo parlamentario de EH Bildu se suma a la reforma impulsada por los socios de Gobierno de Pedro Sánchez para acabar con la Ley de Seguridad Ciudada, conocida como 'ley mordaza'. El acuerdo anunciado este jueves por la portavoz del grupo vasco en el Congreso, Mertxe Aizpurua, se centra en la prohibición de las pelotas de goma, las sanciones por faltas de respeto y desobediencia a la autoridad y las devoluciones en caliente. Cuatro líneas rojas impuestas por el ministro del Interior, Grande-Marlaska, en la anterior legislatura y que, ahora, saltan por los aires.
La nueva ley que, hasta ahora sólo contaba con el apoyo de PSOE, PNV y Unidas Podemos, pondrá fin a la "discrecionalidad" existente en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y desobediencia. De esta forma, el acuerdo firmado con EH Bildu pasa por reformar el apartado 4 del artículo 37 de la norma, relativo a infracciones leves, de tal forma que se incluyen nuevas excepciones o requisitos para que las faltas de respeto y de consideración cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad sean consideradas como una infracción.
Con la nueva redacción, deberá justificarse que la expresión utilizada sea "relevante", "sin que pueda considerarse sancionable la sola disconformidad con un mandato legítimo o el ejercicio fundamental a la libertad de expresión". Este nuevo texto deja un amplío espacio entre la sanción y aquello que pueda verse incluido dentro de la libertad de expresión.
Debe existir una "negativa expresa" o "resistencia corporal"
Del mismo modo, se dejará sin efecto aquellas sanciones leves cuando la persona sancionada acceda a retractarse y disculparse por sus expresiones, escenario que no se contemplaba hasta ahora en la norma aprobada en 2015. Además, sólo serán sancionables cuando haya un "negativa expresa" a cumplir una orden legal o exista una "resistencia corporal a un mandato de los agentes".
Para cumplir con esta nueva condición incluida por EH Bildu, se añade un nuevo apartado al artículo 37 de la norma: Sólo se considerarán como infracciones leves cuando exista una "desobediencia manifiesta y clara a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico y cuando no sea constitutiva de infracción penal. La resistencia a la autoridad o sus agentes utilizando oposición corporal cuando se trate de la negativa a cumplir una orden legal o ajustada a la legalidad o al ordenamiento jurídico, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".
Asimismo, este nuevo apartado se detiene a presentar como un motivo de desobediencia "justificada" aquellas situaciones en las que el sancionado exprese una "negativa manifiesta y clara a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes, o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación, y cuando no sea constitutiva de infracción penal".
Pelotas de goma
Otro de los puntos calientes del nuevo acuerdo y que ha suscitado mayores resistencias en los últimos meses el el tema del uso de pelotas de goma. Por ello, se prohíbe el uso de este tipo de material y se sustituye estos por medios menos lesivos.
Para ello, la norma pactada entre el Gobierno, PNV y EH Bildu incorpora una nueva disposición en el apartado de "Gestión policial y material antidisturbios". De tal forma que las Policía Nacional deberá desarrollar un "protocolos específicos" para la gestión policial de manifestaciones y reuniones. En dichos protocolos deberá incluirse unas reglas básicas para la utilización de uso de la fuerza y material antidisturbios, "en orden a utilizar siempre los medios menos lesivos para las personas y evitando aquellos que causen lesiones irreparables".
Reforma ley de Extranjería
Por último, el Gobierno y Bildu han pactado que en el plazo de seis meses se aborde la modificación de la ley de Extranjería, en concreto, para establecer nuevos criterios para realizar las expulsiones de migrantes en frontera, las llamadas devoluciones en caliente. Entre las medidas anunciadas se incluye una disposición adicional para Ceuta y Melilla, de tal forma que se habilitarán lugares en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla para que los migrantes que lleguen a las vallas puedan ser identificados para evaluar sus solicitudes de asilo.
"La nueva disposición deberá reconocer y garantizar los derechos de las personas migrantes y asegurar que las solicitudes de asilo se tramitarán conforme a lo establecido en la normativa de Derechos Humanos y protección internacional de la que España es parte, con estricto respeto al Derecho Internacional Humanitario", recoge el escrito.
