Los Gobiernos autonómicos -tanto del PP y del PSOE como nacionalistas- consideran que España se encamina a un nuevo estado de alarma y el confinamiento general ante la segunda oleada del coronavirus. Las comunidades demandan a Pedro Sánchez mecanismos legales "urgentes" que faciliten confinamientos parciales y selectivos en sus territorios para frenar la expansión del virus.
Sanidad ha notificado este lunes más de 16.250 contagios de covid-19 desde el pasado viernes. Las cifras son especialmente preocupantes en Aragón, Cataluña, País Vasco y Madrid. Solo estas regiones acumulan 21.321 casos diagnosticados en los últimos siete días, según los datos facilitados por el Ministerio de Sanidad.
La mayoría de Ejecutivos autonómicos ha aprobado en las últimas horas las nuevas medidas restrictivas acordadas con el Gobierno central el pasado viernes: cierre de discotecas, prohibición de fumar, etc.
Reforma legal "urgente"
Sin embargo, algunos gobiernos como el vasco han dejado entrever la posibilidad de ordenar toques de queda y confinamientos selectivos para frenar esta ola de contagios que amenaza con llevarse por delante todos los planes de septiembre, incluido la vuelta a las aulas.
"No podemos dejar crecer esta ola", advierten desde el Gobierno de una comunidad autónoma. "Es urgente que haya capacidad legal de tomar decisiones de confinamientos parciales si no queremos acabar de vuelta en un confinamiento general".
Algunos Ejecutivos como los de Aragón y Castilla y León han decretado medidas similares al confinamiento en áreas concretas. Pero sus responsables políticos aseguran que han encontrado muchas dificultades por el camino. En Zaragoza, que ha sufrido uno de los rebrotes más importantes del verano, se ordenó a la Policía Municipal extremar la vigilancia en determinados barrios. La sospecha de las autoridades es que algunas personas diagnosticadas o que habían tenido contacto con casos positivos no guardaban la cuarentena obligatoria.
Sánchez incumple la promesa
Las comunidades autónomas necesitan autorización judicial para estos confinamientos. La justicia avaló el confinamiento parcial Aranda de Duero, en la provincia de Burgos, a petición de la Junta de Castilla y León. Lo hizo primero por siete días y lo prorrogó otra semana. La decisión generó un conflicto con los pequeños municipios de los alrededores, que dependen en gran parte de los suministros de Aranda.
Sánchez se comprometió con los presidentes autonómicos a reformar las leyes sanitarias para permitir que las comunidades ordenasen confinamientos selectivos sin estado de alarma. El Gobierno dijo que aprovecharía la tramitación del decreto de 'nueva normalidad' como proyecto de ley para hacer estos cambios, que afectan a derechos fundamentales. Fuentes de Moncloa consultadas por Vozpópuli no han respondido acerca de cuando se aprobarán estas modificaciones.
Las promesas que hizo el Ejecutivo en mayo y junio no se han hecho realidad. El temor a que esta segunda ola de la pandemia iguale las cifras dramáticas de primavera hace que algunos dirigentes autonómicos teman que el estado de alarma y el confinamiento general sea de nuevo la única salida.
