El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá y votará este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de administraciones públicas y de cada uno de sus subsectores para el periodo 2018-2020 y el límite de gasto no financiero, conocido como techo de gasto, del Presupuesto de 2018, que sube un 1,3%, hasta los 119.834 millones de euros, así como la oferta de empleo público (OEP) extraordinaria de 4.282 plazas para este año y el próximo.
El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, iniciará el debate a las 15.00 horas para defender los objetivos de estabilidad y deuda para el periodo 2018-2020 y el techo de gasto de 2018, que en sendos casos el Gobierno había aprobado ya el pasado lunes pero que retiró del Congreso y volvió a aprobar en el Consejo de Ministros de viernes para relajar los objetivos de déficit autonómico.
Además del mayor margen a las CCAA, Montoro cerró también la semana pasada un principio de acuerdo con Ciudadanos para bajar el IRPF a determinados colectivos más vulnerables y se comprometió con Coalición Canarias a permitir que las CCAA puedan destinar su superávit a inversiones productivas financieramente sostenibles.
Con estos cambios el Gobierno tiene prácticamente garantizado el apoyo al techo de gasto de 2018 por parte de los mismos partidos que respaldaron los Presupuestos para este año aprobados en junio. Estos son su socio de investidura Ciudadanos, PNV, Foro Asturias, UPN, Coalición Canaria y Nueva Canarias, que ha anunciado este lunes que se abstendrá en la votación, frente al previsible voto en contra del resto de partidos, incluido el PSOE, a pesar de que en diciembre respaldó los objetivos de estabilidad para los Presupuestos de 2017.
El Ejecutivo ha fijado en 119.834 millones de euros el límite de gasto no financiero del Estado para 2018, paso previo a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018, lo que supone un aumento del 1,3% respecto a las cuentas públicas de este año y el primer alza en los últimos cuatro años al elevarse el nivel de gasto en 1.497 millones de euros respecto a este año.
De su lado, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el viernes unos objetivos de déficit para las CCAA que elevan del 0,3% al 0,4% en 2018 y del 0% al 0,1% el déficit autonómico, para registrar equilibrio en 2020.
La décima de margen que otorga Hacienda a las CCAA en 2018 y 2019 (con 1.000 millones más en cada ejercicio) procederá de la Seguridad Social gracias a los "buenos datos" de las cotizaciones, así como de los nuevos ingresos que se derivarán del aumento de las cotizaciones como consecuencia de la subida salarial que se fije en la negociación colectiva. A estos 2.000 millones en los dos próximos ejercicios se suman otros 1.200 millones que las CCAA percibirán de la liquidación de 2015.
Pese a la relajación de los objetivos de déficit que Montoro ha dado a las CCAA, el cambio no ha afectado al déficit del conjunto de las administraciones públicas ni al techo de gasto, por lo que se mantiene el objetivo de déficit del 2,2% para 2018 y el aumento del 1,3% previsto para el límite de gasto no financiero.
Los nuevos objetivos de déficit y deuda
Así, la meta de déficit público del 2,2% del PIB comprometida para 2018 queda repartida en el 0,7% para el Estado, el 1,1% para la Seguridad Social, el 0,4% para las CCAA y el 0% para los ayuntamientos. Con estas cifras España se asegura abandonar el procedimiento de déficit excesivo en el que lleva inmersa desde 2009.
Para 2019, el objetivo de déficit del 1,3% se derivaría de un déficit del 0,3% del Estado y del 0,9% de la Seguridad Social, frente al 0,1% de las CCAA y el equilibrio de las corporaciones locales.
Para 2020, España registraría ya solo un déficit del 0,5% de la Seguridad Social, si bien Montoro ya indicó que en la práctica "no habría déficit" porque "lo más probable" es que alguna de las otras administraciones registre superávit, con lo que se alcanzaría el equilibrio presupuestario.
Los nuevos objetivos de deuda pública de las administraciones públicas, son del 70,8% para la Administración Central en 2018, el 69,5% en 2019 y el 67,6% en 2020; del 24,1%, el 23,3% y el 22,4% para las comunidades autónomas; y del 2,7%, el 2,6% y el 2,5% para las entidades locales, respectivamente.
De esta forma, la deuda pública, que se situará en el 98,8% en 2017, bajará al 97,6% en 2018, al 95,4% en 2019 y al 92,5% en 2020, lo que supone una caída de algo más de seis puntos en estos cuatro años. Mientras, se contempla un aumento del 2,4% de la regla de gasto para 2018, del 2,7% en 2019 y del 2,8% en 2020.
Una vez se aprueben los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda para el próximo trienio y el techo de gasto, el Pleno del Senado los recibirá al día siguiente, el miércoles, para su aprobación. Con este paso, el Gobierno iniciará la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018.
OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA DE 4.282 PLAZAS
De igual forma, el Pleno del Congreso convalidará el decreto ley por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria de 4.282 plazas para 2017 y 2018 destinadas fundamentalmente a la Agencia Tributaria, Seguridad Social, Inspección de Trabajo, oficinas de DNI y Dirección General de Tráfico (DGT). De estas plazas, 3.832 plazas son de turno libre y 450 de promoción interna.
Estas nuevas plazas irán destinadas a la lucha contra el fraude y la mejora de los servicios públicos y se concentrarán en la Agencia Tributaria (AEAT), Seguridad Social, Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), Ministerio del Interior (oficinas de DNI y DGT) e Inspección de Trabajo.
Concretamente, la oferta extraordinaria recoge 2.150 plazas para la AEAT (la mitad para 2017 y la otra mitad para 2018); 415 plazas para el SEPE (215 en 2017 y 200 en 2018); 564 para la Seguridad Social (la mitad para este año y la otra mitad para 2018); 320 para la Inspección de Trabajo (160 plazas este año y 160 el próximo) y 178 para la Intervención General del Estado (89 este año y 89 en 2018), así como 150 para las oficinas del DNI y 505 para la DGT, para este ejercicio en ambos casos. Las plazas previstas para 2018 podrán convocarse ese mismo año.
No obstante, el Consejo de Ministros aprobó el viernes una oferta de empleo público total de 20.280 plazas (15.99 plazas más las 4.282 de la oferta extraordinaria), a las que se les añaden las 7.969 plazas aprobadas hace unas semanas para docentes y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con lo que el total de plazas de la oferta de empleo público para 2017 y en menor medida para 2018 alcanza las 28.249 (20.451 de turno libre y 7.798 de promoción interna).
De las 15.998 plazas que componen la oferta ordinaria de empleo público aprobada, 10.323 son plazas de turno libre y 5.675 son de promoción interna. En detalle, se aprueban 11.844 plazas para la Administración General del Estado (6.994 de turno libre y 4.850 de promoción interna; otras 3.704 para Justicia 3.079 de turno libre y 625 de promoción interna) y otras 450 para funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional (250 de turno libre y 200 de promoción interna).
