Después de que este martes se conociese la sentencia del Tribunal de Justicia de Madrid que da la razón a una filial de Abertis por los derechos de cobro de peaje en un tramo de la autopista AP-7, este miércoles se ha sabido que Consejo de Estado advirtió a la entonces ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, de que el convenio que iba a rubricar llevaba implícita una "peligrosa" cláusula de compensación que implicaba la "desaparición del riesgo" para la empresa.
El contrato incluía un punto que obligaba al Ejecutivo a hacerse cargo de la infraestructura en caso que el tramo de la AP-7 entre Tarragona y la Jonquera generase pérdidas económicas. Por esto mismo, el Consejo de Estado avisó a Álvarez de que "se apartaba del principio rector" que regulaba la concesiones de las autopistas desde 1972, según la sentencia a la que ha tenido acceso El Mundo.
Sin embargo, la ministra, hizo caso omiso de la advertencia y firmó el convenio. Además, aumentó su categoría convirtiéndolo en un Real Decreto, aprobado por el gobierno de Zapatero el 7 de abril de 2006. La socialista andaluza estaba segura de que el tráfico iba a crecer un 2% anual hasta 2021, cuando terminaba la concesión.
De lo contrario, el trato era compensar a Abertis, como finalmente ha terminado sucediendo. La crisis económica provocó un caída de la circulación del 30 % de media en toda España. El actual titular de la cartera de Fomento, Íñigo de la Serna, recurrirá ya esta decisión judicial para evitar un pago que debería ejecutarse en 2021.
