Las elecciones generales del próximo 28 de abril, con el escenario político más abierto de los últimos años, reabren el eterno debate sobre la reforma de la Ley Electoral. Todos los partidos incluyen en sus programas diferentes propuestas para cambiar una norma que tradicionalmente las formaciones minoritarias han tachado de injusta y poco proporcional en la distribución de escaños.
Durante esta legislatura han sido varios los intentos de tocar este texto de 1985. Podemos y Ciudadanos llegaron a sentarse en una misma mesa de negociación para explorar la posibilidad de establecer un sistema más proporcional que no requiriese un cambio de la Constitución. La modificación de la Carta Magna necesitaría el concurso del PSOE y del PP y ninguno de los dos estaba por la labor.
Hace apenas dos meses estuvo a punto de conseguirse la supresión del voto rogado; el sistema implantado con la mayoría absoluta del PP en 2011 que dificulta la participación en los comicios a los más de dos millones de españoles residentes en el extranjero. Precisamente, los de Pablo Casado reconocen ahora en su programa "los problemas que se han manifestado con el actual sistema" y se comprometen a cambiarlo.
"La actitud obstruccionista del Partido Popular ha propiciado el retraso continuado del proceso", denuncian, por su parte, los socialistas en su programa. El PP presidía la comisión del Congreso encargada de estudiar el cambio normativo que finalmente quedó en nada con la disolución de las Cortes.
Por su parte, Ciudadanos quiere blindar por Ley los debates electorales que tanto están dando que hablar estos días y se comprometen como el resto de formaciones a eliminar el actual sistema de voto rogado. el partido de Albert Rivera aboga además por establecer un mínimo de un 3% de los votos en toda España para que un partido pueda tener representación en la Cámara Baja. Un extremo que impediría a ERC, PDeCAT, PNV, Bildu o el PACMA entrar en solitario al Congreso.
En cuestión de listas, los naranjas también pretenden desbloquearlas y prohibir por Ley que los imputados por corrupción puedan ser incluidos en las mismas. Los morados quieren blindar las listas cremallera en todos los procesos electorales como forma de garantizar la presencia de mujeres en las instituciones públicas.
Un extremo que contrasta con la propuesta de Vox de "suprimir las cuotas (por sexo o por cualquier otra causa) en las listas electorales". "Cada partido las elaborará de acuerdo a las decisiones de sus militantes", dicen los de Abascal en su documento de cien medidas urgentes presentado antes de las elecciones andaluzas del pasado diciembre.
El partido de Pablo Iglesias propone reconocer el derecho al sufragio a partir de los 16 años y aboga por impulsar un cambio de la LOREG que haga más proporcional el Senado. La Cámara Alta ha sido usada durante la segunda parte de esta legislatura por los populares como ariete contra Sánchez y para boicotear con su mayoría absoluta su acción de Gobierno. Abogan además por suprimir los aforamientos, como también defiende el programa socialista.
Estos últimos proponen además una reforma constitucional para modificar el principio de reciprocidad del derecho de sufragio en las elecciones municipales de los extranjeros residentes en España, "extendiendo así sus derechos a la participación política".
Los de Abascal proponen también un "control de los cargos públicos antes, durante y después de su mandato" así como un reforzamiento de la "normativa incompatibilidades de los políticos tras el abandono de los cargos públicos y la exigencia de devolución de los caudales públicos".
