Razones políticas, pero también motivos económicos. Para que el pacto entre el PSOE y Podemos pueda desbloquearse hace falta resolver muchas incógnitas. Entre ellas, la que más suspicacia despierta en ambientes socialistas es la firme apuesta de Pablo Iglesias por la derogación integral de la reforma laboral aprobada por Mariano Rajoy en 2012.
Iglesias se lo prometió a los sindicatos, especialmente a UGT, que de entrar en el Ejecutivo peleará para revisar integralmente dicha normativa. Esa promesa ha permitido a Iglesias obtener el respaldo de los sindicatos, y concretamente de UGT, para su entrada en el Consejo de Ministros. Así lo confirman varias fuentes sindicales, tanto de UGT como de CCOO, aunque los portavoces del secretario general Pepe Álvarez lo niegan.
Sea como fuera, Iglesias ha afirmado en público su intención de derogar la reforma laboral de Rajoy. Pero en el Ministerio de Economía, liderado por la socialista Nadia Calviño, aseguran que aplicar ese plan frenaría la recuperación de la economía española. La propia Calviño afirmó el jueves: "Tenemos que empezar a pensar de cara al futuro. Dedicar todo nuestra energía política a estar constantemente tejiendo y destejiendo reformas parciales no resuelve los problemas que tiene nuestro mercado laboral”.
En el ministerio de Economía no ven, de hecho, con buenos ojos que Iglesias entre en el Consejo de Ministros. Tienen una hoja de ruta para apuntalar el crecimiento de la economía nacional. Consideran que si Podemos entra en el Ejecutivo y pone en práctica algunos de sus puntos programáticos será más difícil cumplir con los objetivos de la UE, y eso mermaría el crecimiento de España. El propio PNV, socio clave para la investidura de Sánchez, no quiere que se avance en una derogación de la reforma de 2012.
Frenar la temporalidad
Hasta ahora, Iglesias ha asumido que está dispuesto a garantizar "lealtad" en los asuntos de Estado, como la cuestión catalana. Pero en el ámbito económico su apuesta por la reducción del coste de la energía, el aumento de las pensiones y la derogación de la reforma laboral se mantienen de facto como líneas rojas. En Podemos, por ejemplo, califican de insuficiente la última propuesta del PSOE de retocar la norma, pero sin tumbarla.
Hace un mes, la dirigente Noelia Vera habló de derogar los aspectos “más lesivos” de la reforma. Pero pocos días después Iglesias señaló la "sintonía" de su partido con la petición sindical de derogar integralmente la reforma. En opinión del secretario general, esa medida es necesaria para modificar la prevalencia de los convenios y frenar la temporalidad de los contratos.
La presión interna ejercida por el núcleo anticapitalista impide a Iglesias modificar su posición en las cuestiones programáticas
El problema para Iglesias es doble. Por un lado, su "sintonía" con los sindicatos le obliga a no ceder en el ámbito laboral. La UGT, de hecho, quiere convertir esa batalla en una bandera para evitar perder terreno con respecto a Comisiones Obreras. Y a nivel interno, la presión ejercida por el núcleo anticapitalista impide a Iglesias modificar su posición en las cuestiones programáticas.
Enfado de los andaluces
Este viernes, pocas horas después de anunciarse la nueva consulta entre las bases sobre la investidura de Sánchez, Rodríguez atacó a la dirección, afirmando que las opciones planteadas son "abiertamente tendenciosas". Es "lamentable" y un "verdadero insulto a la inteligencia" que en las preguntas no se deje margen a cuestionar el apoyo o no al gobierno de Sánchez sin tener "detalles del pacto", ha remarcado la dirigente. Rodríguez es partidaria de ofrecer apoyo externo a Sánchez, pero Iglesias pretende entrar en el Ejecutivo.
La pelea por los sillones es, en este sentido, una piedra más en el zapato de Sánchez. El socialista no quiere que el líder de Podemos le robe visibilidad desde el Consejo de Ministros. Pero la cuestión económica también pesa. En ella, el mayor escollo es la derogación de la reforma laboral. Sobre todo para aquellos sectores del PSOE que recuerdan que el nuevo Ejecutivo debe aspirar a gobernar el país durante cuatro años. Y que, de no ser así, es preferible volver a votar en noviembre.