La fiscal Dolores Delgado (Madrid, 1962) es la segunda mujer que encabezará el Ministerio de Justicia, al que llega con un amplio bagaje en la lucha contra el yihadismo, materia en la que es especialista en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, en la que ha ejercido como coordinadora de terrorismo internacional y de breve portavoz.
Defensora a ultranza de la justicia universal, en la que cree "firmemente" -como confiesa en su perfil de Twitter-, se ha mostrado siempre combativa con la reforma del PP que limitó este tipo de jurisdicción.
Protagonizó la acusación contra el ex militar argentino Adolfo Scilingo, logrando que fuera condenado en 2007 a 1.084 años de cárcel por delitos de lesa humanidad, y se opuso por contra en 2013 a la entrega a Suiza del exempleado del HSBC Hervé Falciani, al considerar que había contribuido a luchar contra la crisis económica y el expolio de fondos públicos.
Su marcha de la Audiencia Nacional, tribunal en el que lleva 25 años desarrollando su carrera -primero en la Fiscalía Antidroga y después en la de la Audiencia- será muy sentida entre muchos de sus compañeros fiscales y también entre los jueces con los que mantiene en general buenas relaciones profesionales y personales.
Recientemente consiguió una plaza en el renovado Consejo Fiscal, órgano asesor de la Fiscalía General del Estado, como representante de la Unión Progresista de Fiscales, asociación a la que pertenece desde casi los inicios de su carrera como fiscal.
En su campaña para las elecciones al Consejo Fiscal se manifestó en contra de "una justicia digital inoperante" y de la limitación de los plazos de instrucción judicial y a favor de la "la objetividad y mérito en los nombramientos".
Apasionada de su trabajo, su principal preocupación se ha centrado en articular correctamente contrarreloj las siempre dificultosas investigaciones sobre yihadismo para conseguir sentencias condenatorias.
"La mejor herramienta frente a un terrorismo que se ha demostrado exprés es una justicia exprés. Es la mejor forma de combatir desde Europa" el yihadismo, aseguraba en una entrevista a Efe.
Últimos logros
Uno de sus últimos logros ha sido la condena a penas de 12 y 8 años de cárcel a diez yihadistas detenidos en 2015 en la Operación Caronte y que planeaban atentar en lugares emblemáticos de Barcelona como el Parlament y secuestrar y decapitar a un "infiel".
También ha sido pionera en muchas iniciativas en la lucha antiyihadista como la de oficializar la figura del agente encubierto para interactuar en internet con posibles terroristas.
De su labor en la Fiscalía Especial Antidroga destaca su aportación como acusación en la "Operación Temple", dirigida por el exjuez Baltasar Garzón, que supuso el apresamiento del segundo mayor alijo de droga del mundo.
Con Garzón entabló una amistad que aún permanece y en la que comparten su creencia en la justicia universal y en la que el exjuez marcó grandes hitos como el procesamiento del exdictador chileno Augusto Pinochet o el de Scilingo por los llamados vuelos de la muerte durante la dictadura argentina.
Con él participó además en operaciones contra ETA como la que les llevó a la detención del exjefe del comando Vizcaya Arkaitz Goicoechea, quien después les condujo a un zulo en el que escondían 125 kilos de explosivos, así como jeringuillas y ampollas de tranquilizantes, que, según confesó el etarra, iban destinadas al secuestro de un concejal del PSE.
Esta estrecha relación con Garzón le costó su amistad con el que fue su jefe hasta el año pasado, Javier Zaragoza, que fue quien decidió su incorporación a la Fiscalía de la Audiencia Nacional tras estar juntos en Antidroga, donde llegó a ostentar de forma provisional la Jefatura cuando Zaragoza recaló en la de la Audiencia Nacional en mayo de 2006.
Memoria histórica
Al inicio la sintonía entre ambos era evidente, pero las desavenencias entre ellos llegaron cuando Zaragoza se opuso a la apertura de fosas para exhumar los restos de desaparecidos en el franquismo ordenada por Garzón, al considerar que no era competente para llevar a cabo esa investigación.
Entre su jefe y Garzón, optó finalmente por este último y le llegó a acompañar al Tribunal Supremo, junto a otros jueces como Santiago Pedraz, cuando el magistrado fue juzgado por presunta prevaricación en el caso de la Memoria Histórica.
Recientemente se mostró muy crítica con la decisión de la Fiscalía de pedir prisión para al exempleado de HSBC Hervé Falciani, reclamado por Suiza para cumplir 5 años de cárcel por filtrar datos bancarios, al ser detenido de nuevo en Madrid.
A su juicio se trataba de los mismo motivos por los que ya se denegó su entrega en 2013, pero ella no intervino en esta nueva reclamación y fue sustituida por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, por orden del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Jesús Alonso, con el objeto de que este pidiera la prisión para él, petición que rechazó el juez de instrucción.
Con Alonso también mantenía buenas relaciones, de hecho llegó a hacerle portavoz de la Fiscalía, pero las discrepancias con su teniente fiscal, que alcanzaron su cénit a raíz de los atentados del 17-A en Cataluña, culminaron con su cese en la Portavocía a favor de Carballo, que es quien ahora la ostenta.
Delgado está casada con Jordi Valls, un gran aficionado a la fotografía con cuyas coloristas obras tiene decorado su despacho, y tiene dos hijos.
