La Comisión de Garantías y Valores de Ciudadanos ha cerrado la investigación sobre las primarias sin detectar anomalías y avisa a los candidatos que pidieron la revisión de las votaciones que han podido crear "una situación perjudicial para el partido", por lo que da traslado al órgano de Régimen Disciplinario.
Según el acta sobre las primarias a la que ha tenido acceso EFE, la Comisión concluye que en todos los procesos de primarias sobre los que se solicitó revisar el recuento, se han cumplido con todas las garantías exigidas "y sin apreciar ningún tipo de incidencia valorable".
Varios candidatos a las primarias para las elecciones generales, autonómicas y municipales, solicitaron información a la Comisión de Garantías y Valores después de que la victoria de la candidata de la dirección a la Presidencia de Castilla y León, la expopular Silvia Clemente, fuera anulada en favor de Francisco Igea tras apreciarse irregularidades en el proceso.
También se anularon dos votos, que no alteraron el resultado final, en la elección del "número uno" por la circunscripción de Santa Cruz de Tenerife.
Pero en todos los demás procesos de primarias, este órgano, que precisa que todas estas solicitudes llegaron fuera del plazo de los cinco días establecidos, no ha apreciado nada anormal.
Así se lo ha notificado a los aspirantes que reclamaron en la Comunidad de Madrid, Cantabria, Región de Murcia, Aragón, Alcaldía de Valencia, cabeza de lista por Cádiz y Cabildo Insular de Canarias.
"Perjudicial para el partido"
Se incluye en este acta que se les ha remitido la advertencia de que han podido generar "una situación anómala y perjudicial para este partido, con publicidad externa en redes sociales y medios de comunicación".
Situaciones que podrían ser "conculcadoras" de algunos de los preceptos recogidos en el artículo 12 de los Estatutos de Cs y es por eso por lo que lo ponen en conocimiento de la Comisión de Régimen Disciplinario para que lo valore.
De acuerdo con el régimen sancionador, se considera falta muy grave las manifestaciones públicas que menoscaben el buen nombre del partido o de sus afiliados, así como la creación o participación en grupos organizados que sean contrarios a los intereses del partido.
Las faltas muy graves pueden ser castigadas con una suspensión de militancia de dos a cuatro años o incluso la expulsión.
