Enrique López es el consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, a la par que máximo responsable del PP en asuntos de Justicia y Administraciones Públicas. Este magistrado, nacido en Cacabelos (León) en 1963, ha pasado por el CGPJ, la Audiencia Nacional y el Tribunal Constitucional y ahora trabaja "a toda velocidad" en una nueva Ciudad de la Justicia "del siglo XXI" para la capital, con el fin de que el diseño de los primeros edificios sea una realidad en esta legislatura. Pero antes de ello, hay que dejar atrás la pandemia.
Termina el estado de alarma. ¿Qué sensación tiene de cómo sale España?
Es un país que ha sido muy azotado por el coronavirus en Madrid, especialmente junto a Cataluña y otras zonas de España. Me gustaría que de esta crisis hubiésemos obtenido algún tipo de lección y sobre todo que ante grandes crisis, debe primar la lealtad institucional, la cooperación responsable entre administraciones y sobre todo la sinceridad entre los responsables políticos, fijando como único objetivo la seguridad de los españoles.
Lo que nunca puede primar es ampararse en una situación de necesidad para, como se ha hecho en algunos casos, establecer un auténtico derecho excepcional. En otros casos, se ha utilizado el estado de alarma para introducir cuestiones puramente ideológicas de oscura oportunidad como colocar al vicepresidente (Pablo Iglesias) en la comisión que controla la actividad del CNI. De todo esto deberíamos de aprender, tomar lecciones y hay aspectos que nunca deberían volver a repetirse y sí tomar buena nota de todo aquello que se ha hecho y muy bueno en la gestión de la crisis, para protocolizarlo y prepararse ante cualquier otra situación similar envergadura.
¿Qué tal se ha llevado con el ministro (de Justicia, Juan Carlos) Campo durante la crisis?
Bueno, de hecho, se ha pasado muy bien. No sólo porque tenemos una relación previa sino que, a pesar de que el ministro de Sanidad le confirió el mando y la coordinación superior de los cuerpos de funcionarios y servicio de la Administración de Justicia mediante una orden ministerial del 19 de marzo, él ha intentado en reuniones periódicas que todas las decisiones fuesen adoptadas oyendo a las CCAA y de una manera horizontal. Para mí es un ejemplo de lo que debería haberse hecho en otros ministerios y a nivel de Gobierno central.
Es un poco lo que ha sido el 'modelo alemán' en el que la canciller, Angela Merkel, reunía a los líderes de los lander antes de tomar decisiones para tomar codecisiones y no al revés, como ha hecho el presidente Sánchez, que ha reunido a los presidentes de CCAA para comunicarles las decisiones que se habían adoptado el día anterior. En ese sentido, en Madrid hemos notado un cierto grado de antipatía, no sólo con el Gobierno de la Comunidad de Madrid sino con los madrileños desde el Gobierno central. Eso hay que corregirlo.
¿Por qué entonces el PP se opuso al decreto de Campo que había consensuado con todos los consejeros autonómicos, inclusive usted?
El ministro consensuó con todos los consejeros y conmigo mismo las grandes líneas de ese decreto y estábamos totalmente de acuerdo. Luego, al ver el decreto, que por escrito nunca llegamos a ver hasta que circularon los borradores, pues contenía algunas medidas que no compartíamos.
Se han producido reformas de materia de ley orgánica que pueden estar a reservar a ley orgánica, con todas las dudas que esto supone y, al final, el que va a tener que decidir es el Tribunal Constitucional. Además, introdujeron previsiones al margen de la materia de Justicia por parte de otros ministerios. Ello fue lo que determinó el voto en contra del PP y de otros partidos como Ciudadanos, por ejemplo.
Da la sensación de que hay un ambiente propicio para pactos. Sánchez tiende la mano. Casado también lanza mensajes conciliadores. ¿Ve oportuno este momento para intentar acuerdos de Estado?
No hay ningún momento malo para alcanzar acuerdos y pactos. Puede haber momentos más propicios o menos, pero malos nunca. Pero claro, el problema es que estamos hablando de las últimas 24 horas. No hablamos de hace una semana o quince días. Si me preguntan por cuestiones de Justicia, estamos en mitad de junio. En enero ya se comenzó muy mal nombrando a una fiscal general (Dolores Delgado) sin solución de continuidad ya que hasta ese momento era la ministra de Justicia y diputada del PSOE. Lo cual, obviamente, nos hace sospechar y barruntar que el respeto por la independencia y objetividad del Ministerio Fiscal, del Gobierno y del presidente, que es el que la propone, dista mucho de ser la óptima.
Proseguimos con un vicepresidente que, en cuanto puede, descalifica al Poder Judicial, insulta a los jueces y los menosprecia. Ya ha sido llamado al orden dos veces por el CGPJ y no hay que olvidar que no actúa como responsable de un partido radical y revolucionario como Podemos, sino que está actuando en su condición de vicepresidente del Reino de España, cuestionando nada más y nada menos a todo un Poder Judicial, atribuyéndole fines torticeros, espurios e incluso cuasi delictivos, como él mismo diría.
¿No parece un buen escenario?
No. Luego, si seguimos analizando la actitud de Sánchez, vemos que ha impulsado acuerdos con partidos herederos de ETA, como es el caso de Bildu, pactando nada más y nada menos que el marco de las relaciones laborales de España, que no es un aspecto menor, sino esencial. Vemos que llega a un acuerdo con ERC sobre posibles reformas de las leyes que regulan la sanidad y salud pública cuando es algo que lleva pidiendo el PP con un gran pacto de Estado. En definitiva, nos encontramos con un escenario nada fácil para alcanzar acuerdos. La guinda la pone un ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que so pretexto de una regulación de la cúpula de Interior, que hemos descubierto que no era cierto, cesa a un oficial de la Guardia Civil porque no le daba información sobre el estado de la elaboración de un informe.
Desde el PP, que es un partido de gobierno y que ha conformado muchos acuerdos de renovación de órganos judiciales, estamos dispuestos a cumplir con nuestras obligaciones, pero es necesario que el presidente del Gobierno demuestre que es leal con el PP y con el Estado. Cuando encontremos eso, encontrará el acuerdo y la lealtad del PP.
¿Ve posible una renovación del CGPJ y el TC antes de las vacaciones parlamentarias?
La situación es la que es y estamos esperando a que el presidente del Gobierno defienda al Estado, a sus instituciones, a la Corona, al Poder Judicial, que salga para garantizar la división de poderes, que se genere una situación de normalidad constitucional. El estado de alarma se ha prolongado de forma injustificada hasta el 21 de junio, de forma desproporcionada y se ha utilizado para crear un derecho excepcional.
¿Puede poner algún ejemplo?
Los decretos que carecen de la urgencia que determina la Constitución y la doctrina del Tribunal Constitucional. También se han adoptado acuerdos en el Consejo de Ministros que se han publicado días después en el BOE y que muchos nos barruntamos que fueron confeccionados con posterioridad a la celebración del Consejo de Ministros.
Ahora que el TC va a estudiar la sentencia del procés, ¿ve oportuno un cambio en la composición del alto tribunal?
El TC tiene la plena legitimidad al margen de quienes lo conformen. La ha tenido, la tiene y la tendrá sin lugar a dudas. Recordemos que la sentencia que estudió el estatuto de autonomía de Cataluña fue una sentencia dictada por un TC prorrogado casi tres años y nadie puede restarle un ápice de legitimidad a esa sentencia.
En el Supremo ya está el recurso del PP por la sentencia del caso Gurtel. ¿Cómo cree que quedará la condena del PP a título lucrativo?
Como miembro de la dirección nacional del PP, espero que la sentencia sea revocada en este aspecto y que se determine que el PP no se lucró a título lucrativo, valga la redundancia, en los hechos que se juzgaron en el proceso (en la Audiencia Nacional). En cualquier caso, estamos a la espera de lo que diga el alto tribunal y diga lo que diga, se respetará. Espero que la sentencia se acomode en lo máximo posible a lo que en mi conciencia es la verdad.
También ha llegado al Supremo el caso del rey Juan Carlos I. ¿Hasta dónde estima que llegará la Fiscalía en este asunto?
Lo desconozco. Tenemos la máxima confianza en la presunción de inocencia del Rey emérito y a partir de ahí, estaremos a lo que determine la Justicia. Lo que sí esperamos es que no haya ninguna fuerza política que utilice o instrumentalice estas diligencias en el Supremo para empezar a cuestionar o a horadar una institución tan importante como es la Monarquía parlamentaria.
¿Se imagina al Rey emérito yendo a declarar al Supremo?
No quiero ni siquiera ni especular en esa materia. Confío plenamente en la presunción de inocencia del Rey emérito.
¿No le ha parecido sospechoso que Delgado se haya quedado con esta causa, al pasar de la Fiscalía Anticorrupción a la del Supremo?
No lo valoro porque desconozco qué es lo que ha pasado en el seno de la Fiscalía. Lo que ocurre es que la fiscal general Dolores Delgado me genera una sombra de duda, de falta de objetividad y de imparcialidad desde el inicio pues en el PP consideramos que es una ruptura de las reglas del juego de una manera absoluta por parte del Gobierno.
Por eso hemos propuesto una reforma del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para que se impida que juristas que han ocupado cargos de naturaleza política puedan ser nombrados para esto durante un tiempo razonable. Y así eliminar esa apariencia de parcialidad que creo que concurre en la actual fiscal general del Estado.
¿Cree que el Gobierno va a intentar finalmente que la instrucción de las causas penales las lleven los fiscales en vez de los jueces de instrucción?
Ya lo ha anunciado el Ministerio de Justicia. Precisamente, un nombramiento de esta naturaleza como el de Dolores Delgado añade un obstáculo más a alcanzar un consenso en esta materia. Las consecuencias las tiene: nadie podía pensar que una ministra de Justicia y diputada pudiera ser la fiscal general del Estado. Este hecho no es menor, sino un obstáculo enorme para alcanzar un acuerdo un consenso en esta materia.
¿Qué recorrido judicial va a tener el recurso del coronel Diego Pérez de los Cobos contra su destitución?
No lo sé pues lo tiene que determinar un tribunal. No debo hacer especulaciones. Sí es cierto que estamos ante un hecho de una extrema gravedad política. El ministro del Interior ha podido inmiscuirse en una actuación judicial cesando a un oficial de la Guardia Civil, precisamente por no darle cuenta e informarle del estado de un informe. Si yo hubiera sido ministro del Interior en un Gobierno del PP y hubiera hecho lo que ha hecho el ministro Marlaska, ¿estaría en estos momentos al mando del Ministerio del Interior?
¿Y qué respuesta tiene?
Pues, evidentemente, hubiera sido tal la presión de la oposición, del Poder Judicial y de todos los estamentos para que yo dimitiera, que no podría estar al frente del Ministerio.
¿Cómo ha vivido la guerra entre los consejeros Escudero (PP) y Reyero (Cs) en la Comunidad de Madrid?
Con la tranquilidad de que en Madrid se han hecho bien las cosas. No sé si las podíamos haber hecho mejor, pero también se podían haber hecho peor. Hicimos lo que había que hacer conforme a los recursos que estaban a nuestro alcance. Esta polémica o desencuentro está resuelto. El Gobierno de Madrid defiende una unidad de acción clara y en concreto, en lo que se refiere a las residencias de ancianos, que está absolutamente justificada por la gestión respecto a las imputaciones de exigencia de responsabilidad que se están haciendo desde diferentes ámbitos.
¿No tiene miedo a este frente judicial que se está abriendo con querellas y demandas?
No, en absoluto. Primero, hay partidos políticos y asociaciones muy relacionadas con esas formaciones que banalizan permanentemente la acción penal. No hay que olvidar que lo que están imputando son homicidios causados por imprudencia temeraria. Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Se está imputando a los consejeros que se ha dejado morir a personas y que esas muertes pueden estar causalizadas con lo que se denomina la infracción del deber de cuidado a título de imprudencia. Y esto, para los que somos penalistas, es muy grave.
En algunos casos hay un claro desprecio temerario a la verdad. Y esto también tiene un nombre en el Código Penal, que se llama calumnias. Este Gobierno, como todos, estamos obligados a rendir cuentas pero pediría una mayor cautela a la hora de ejercer acciones penales. Máxime con frases tan disparatadas como pude oír de la alcaldesa de Móstoles (la socialista Noelia Posse), calificando a las residencias de mayores de "centros de exterminio selectivo".
También están ahí las acusaciones de Iglesias, ¿las califica de calumnias?
Iglesias es una persona que habla con mucha soltura cuando quiere y a veces de una manera excesivamente irresponsable. Él vino a decir que había una responsabilidad penal y esta condición determina que no se le pueda imputar una calumnia. Además, goza de la inviolabilidad de todo diputado cuando habla desde el Congreso de los Diputados. Por eso, nada que decir. Pero, políticamente, lo que ha dicho Iglesias sólo obedece a dos razones.
La primera, de descargo de su propia responsabilidad. Y en segundo lugar, demuestra un sectarismo como yo pocas veces he podido concebir desde que tengo uso de razón. Es curioso que cuando habla de esa responsabilidad sólo menciona a Madrid o a Castilla y León. No habla de la Comunidad Valenciana, de Cataluña, de Castilla-La Mancha o de Extremadura. Por supuesto, no estoy esparciendo ningún tipo de responsabilidad.
Lo que sí es que estamos ante una tragedia que ha asolado España, a Europa y medio mundo al penetrar el virus con una crueldad tremenda en las residencias de mayores. Por supuesto, que tenemos que analizar lo que ha ocurrido y tomar medidas dentro de lo posible para proteger a los mayores. Tenemos que hacer un estudio muy serio para protegernos más y mejor ante una nueva pandemia y lo que le pido a Iglesias es que deje de utilizar maledicencias, expresiones injuriosas y se ponga a trabajar codo con codo con todas las administraciones para prepararnos más y mejor ante un rebrote.
El Gobierno de Ayuso dijo que estaba pensando en acciones legales contra Iglesias por lo que había dicho...
No ha habido una declaración expresa. Insisto en que Iglesias, cuando habla desde el Congreso, goza de esa inviolabilidad, pero también habría que pedirle que no abusara de esa inviolabilidad.
Madrid presentó recurso ante el Supremo por no dejarle pasar a la fase 1. ¿Van a ir hasta el final?
Sí. Hemos iniciado un recurso contencioso administrativo. El objeto sigue vivo. Ya sabemos que Madrid no va a pasar a la fase 1 cuando queríamos, pero sí queremos que el Supremo estudie si se utilizaron criterios homogéneos o heterogéneos con relación a otras CCAA. En muchos casos, son criterios que tienen una naturaleza oscura por falta de transparencia que desconocemos y día a día, se iban sumando razones nuevas para imposibilitar que Madrid pasase a la fase 1. Nadie tiene que tener miedo a los tribunales.
Desconocemos quiénes son los autores de los informes que determinaron que Madrid no pasara a la fase 1. Y no es por curiosidad por saber quiénes son, sino por conocer si tienen relaciones directas o indirectas con la Comunidad de Madrid. De amistad, de enemistad, etc.. Y eso está previsto en la ley. Además, las cifras estaban muy por debajo de otras CCAA que sí que pasaron.
¿Se podrá ver desfilar por el Supremo a responsables políticos por este caso?
Depende de lo que determine nuestro abogado general y nosotros no vamos a influir en él.
Con la llamada 'madrileñofobia', ¿no temen que el Gobierno apruebe un estado de alarma únicamente para Madrid si hay un rebrote?
Estamos ante una especulación. Si se produce un rebrote, pues habrá que analizar cuál es su entidad y gravedad y eso es lo que hacemos en la Comunidad a través de de nuestra política de prevención de cara al coronavirus. Lo único que puede justificar la limitación de nuevo de la movilidad o las actividades económicas es una situación de grave riesgo para la salud pública. Ahora, lo que deseamos y en lo que estamos trabajando es para que no haya que recurrir de nuevo a una restricción de derechos fundamentales. No podemos bajar la guardia bajo ningún concepto y en la Comunidad de Madrid vamos a mantenerla alta mientras estemos en una situación en la que haya riesgo de que el virus pueda coger fuerza.
En Barajas, ¿creen que el Gobierno está preparado para la llegada de extranjeros?
Bueno, es que desconocemos, más allá de la voluntad política, si existe un plan específico para los aeropuertos. No solo Barajas. Creemos que es necesario que se haga un plan de control del aeropuerto de Barajas. Sobre todo, que esté guiado por la prevención y la seguridad siempre equilibrado con la normalidad de la actividad del aeropuerto, tan necesaria para Madrid y España.
Queremos ser oídos en la elaboración de ese plan para Barajas en relación a la covid-19, sobre todo teniendo en cuenta los pocos recursos que tiene Sanidad Exterior, dependiente del Ministerio de Sanidad, y que va a tener que recurrir siempre a la Comunidad de Madrid para pedir el auxilio de recursos ante cualquier problema en Barajas por pueda surgir en materia de salud pública. Sería bueno que Madrid fuera oído en este plan.
En su opinión, ¿qué se tiene que hacer?
Sabemos que el aeropuerto de Barajas ha sido uno de los grandes vectores de transmisión del virus en España junto a El Prat en Barcelona. Está muy claro. En aquellos países donde existe una alta afectación de coronavirus habrá que establecer una serie de controles. No prohibición de entrada, pero sí controles. Queremos ser oídos y que en ese plan participe nuestra Consejería de Sanidad.
