Un desfalco millonario y una macrocausa con más de 200 imputados ha dejado aquel procedimiento que se inició en 2001 desde la Junta de Andalucía de Manuel Chaves; un sistema que pretendía respaldar a las empresas 'obligadas' a presentar expedientes de regulación de empleo para realizar prejubilaciones o despidos. La Audiencia Provincial de Sevilla aún no ha dictado sentencia sobre el primer juicio del caso de los ERE, pero el Tribunal de Cuentas ya reclama los reintegros a los responsables del agujero económico.
La más reciente solicitud se ha dado a conocer este miércoles. El organismo fiscalizador ha condenado a la Sociedad Estudios y Explotación Material Auxiliar de Transporte, S.A., a Francisco Javier Guerrero Benítez (director general de Empleo de la Junta) y a Juan Márquez Contreras (ex director general de Trabajo de Andalucía) a reintegrar las "cantidades por las que se les ha declarado responsables contables".
En concreto, ha cifrado en dos millones de euros el menoscabo causado en los fondos públicos de la Junta de Andalucía. De ahí que ambos tengan que responder "solidariamente" con la entidad; Guerrero lo hará con 1,1 millones de euros; y Márquez, con 937.500 euros. Además, tendrán que hacer frente al pago de los intereses computados.
Es la segunda vez en lo que va de mes que a Márquez se le reclama un reintegro. El pasado 14 de marzo se hizo pública la decisión del Tribunal de Cuentas de declararle responsable contable directo y solidario -junto a Antonio Gálvez Peluqueros, S.L.- del menoscabo causado a los fondos público de la Junta. La suma en aquella ocasión ascendió hasta los 862.500 euros.
En sentencia del 13 de febrero, el órgano fiscalizador también condenó a Guerrero y a Márquez a devolver 800.000 euros de las subvenciones concedidas a la Fundación San Telmo. El fallo exigió al director general de Empleo de la Junta a abonar un importe de 520.000 euros; los 280.000 restantes los tendrá que pagar el director de Trabajo.
Millones reclamados
El Tribunal de Cuentas va, poco a poco, 'rascando' en la trama con la intención de recuperar las ayudas otorgadas desde la Junta de Andalucía. Ya son más de 30 las sentencias condenatorias emitidas. Según ha señalado esta semana a La Razón el presidente de la Sección de Enjuiciamiento del órgano fiscalizador, José Manuel Suárez, se han recuperado más de 20 millones de euros en el marco de la macrocausa.
Algunas de las sentencias más sonadas han sido las que reclaman 446.339 euros de la Faja Pirítica; 168.000 de Calderinox; 200.000 de Saldauto; casi 470.000 de Valeo Iluminación; 380.000 de Nueva Lima; 262.500 de Consyproan; y más de 5,6 millones de Astilleros. Y aún quedaría un centenar de ayudas por sentencia.
La cifra perseguida hasta ahora aún no se acerca a los 741 millones de euros que según la Fiscalía anticorrupción se desfalcaron con los ERE. La acusación popular ejercida por el Partido Popular habla de unos 1.200 millones.
El Tribunal de Cuentas ha respaldado sus sentencias en los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas que advertía de "graves irregularidades" en la concesión de ayudas a las empresas. Y ha asegurado que en ninguno de los casos hasta ahora reclamados se cumplían los requisitos para la concesión de las subvenciones y ayudas del programa presupuestario 31L, el conocido como 'fondo de reptiles' de la Junta de Andalucía.
