La endurecimiento del discurso desplegado por el líder del PP Pablo Casado refuerza el tándem del Gobierno con Unidos Podemos. La acusación de 'golpista' que lanzó el pasado miércoles el líder de los populares dejó oculto el conflicto abierto entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez por la venta de armas a Arabia Saudí. De hecho, el secretario general del partido morado salieo en defensa del jefe del Ejecutivo frente al ataque del presidente de los populares.
Es bien sabido que Iglesias no está dispuesto a dejar caer a Sánchez, pues necesita a toda costa sacar adelante unos Presupuestos con una profunda carga social que permitan mantener a flote sus aspiraciones para las autonómicas y municipales de 2019. Las primeras grietas que han surgido sólo dos semanas después de sellar el pacto en La Moncloa no parecen hacer peligrar la estrategia de llevar la legislatura hasta su final natural en 2020. La acusación de Casado llevó al Presidente a "romper relaciones" con el líder de la oposición.
Otra cosa es que dentro de la formación morada y entre los socios del grupo confederal cunda el temor a que el PSOE dé pasos atrás en sus compromisos. Como muestra, la subida de la cuota a los autónomos que planteó el Ministerio de Trabajo frente al compromiso adquirido en las negociaciones con sus socios de Gobierno. Iglesias preguntará en la sesión de control de este miércoles al jefe del Ejecutivo por esta cuestión. Tampoco está claro cómo se abordará el cambio en la ley de alquileres para que los ayuntamientos puedan fijar precios máximos de referencia en determinadas zonas.
A la vista de las posibles maniobras de los socialistas, Iglesias pidió directamente a Pedro Sánchez establecer una mesa de seguimiento del pacto, en la que deberán estar presentes los dirigentes que se implicaron más activamente en la ronda final de las negociaciones. La portavoz adjunta en el Congreso, Ione Belarra, o el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique. En frente tendrán a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que ahora prefiere centrar sus esfuerzos en sumar el apoyo de los independentistas del PDeCAT y ERC, así como de los nacionalistas del PNV.
Pero al margen de escenificar una vigilancia del acuerdo presupuestario, los morados han impulsado una campaña en redes sociales para mantener activa la movilización en las calles. Distintos dirigentes del partido animaban a la gente a participar en las movilizaciones de este sábado 27. Lo que en la formación de los círculos denominan como "el empuje de la gente" para forzar al Gobierno a cumplir con los compromisos adquiridos en materia de salario mínimo, pensiones o dependencia.
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