El penúltimo lunes del año abrirá una semana clave para conocer si finalmente el proceso de negociación entre el PSOE y ERC desemboca en una investidura en la recta final de año o si, como finalmente parece, ésta queda pospuesta hasta enero de 2020.
En plenas vísperas de las jornadas festivas, la Mesa del Congreso se reúne este lunes, una jornada que se espera que pueda servir al menos para determinar si la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, descarta finalmente convocar un pleno de investidura antes de la conclusión del ejercicio.
Hasta ahora se manejaban las fechas del 27 y 28 de diciembre como dos posibles jornadas para celebrar el pleno, que se cerraría en una segunda votación el lunes 30 si, como es probable, el candidato a presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no alcanzase la mayoría absoluta en la primera votación del día 28.
Pero el hecho de que ERC contemple que la investidura se pueda producir antes del festivo del 6 de enero abre otra posibilidad: que el primer tramo del debate se celebre los días 2 y 3 de enero, lo que llevaría una hipotética segunda votación al día 5.
ERC ha insistido en que el acuerdo para facilitar la investidura será más difícil si el Abogado del Estado no pide la puesta en libertad de Junqueras
No obstante, consultadas sobre este hipotético calendario, fuentes del Gobierno insistieron el sábado en que por el momento no hay fecha para la investidura.
Puesta en libertad de Oriol Junqueras
En los últimos días, mientras dirigentes socialistas han urgido en a cerrar un pacto antes de final de año, ERC ha insistido en que el acuerdo para facilitar la investidura será más difícil si el Abogado del Estado no pide la puesta en libertad de Oriol Junqueras tras la sentencia europea que le otorga inmunidad parlamentaria.
Este asunto se ha entrecruzado en la negociación después de que la portavoz de la formación independentista, Marta Vilalta, anunciara el pasado jueves que Esquerra no volvería a reunirse con los representantes del PSOE hasta conocer el pronunciamiento de la Abogacía del Estado sobre la sentencia europea.
