La investigación que la Fiscalía abrió a más de 70 alcaldes catalanes en vísperas del 1-O se ha acabado limitando a media docena de denuncias contra ediles que tuvieron una "participación activa" en la organización del referéndum, más allá de la mera "adhesión política".
Así lo ha explicado este jueves el fiscal superior de Cataluña, Francisco Bañeres, en la comisión de Justicia del Parlament, donde ha expuesto la memoria de la institución de 2017, en una comparecencia en la que los grupos independentistas le han hecho diversos reproches por el papel del Ministerio Público contra el 'procés.
La investigación comenzó por una instrucción que, en vísperas del referéndum, dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, en la que adjuntaba un listado de más de 700 alcaldes que, según la página web de la Asociación Municipios por la Independencia (AMI), habían firmado decretos para apoyar la votación.
Críticas de los diputados independentistas
Esas diligencias han sido criticadas por los diputados independentistas Eusebi Campepadrós, de JxCat, que ha denunciado que la Fiscalía se erigiera en "brazo represor" al investigar a los alcaldes y Jordi Orobitg, de ERC, ha afeado al Ministerio Público su "comportamiento errático".
Bañeres ha reconocido que las cerca de 70 diligencias que abrió la Fiscalía antes del referéndum "han quedado reducidas a poco más de seis o siete denuncias", en casos en los que se ha podido concretar "que la participación va más allá de la mera adhesión o el respaldo político" al 1-O.
Figuran entre los denunciados hasta ahora el alcalde de Agramunt (Lleida) y diputado de ERC en el Parlament, Bernat Solé, así como ediles de Collbató (Barcelona), Molins de Rei (Barcelona), La Bisbal d'Empordà (Girona) y Castelló d'Empúries (Girona).
El fiscal superior ha reconocido que la investigación sobre los alcaldes suscitó "problemas de discusión de cuál era el límite" del comportamiento delictivo y las diferencias entre "la mera adhesión ideológica a un proyecto político, totalmente lícita, o a actos materiales concretos o apreciables que pudieran dar lugar a cierta colaboración con relevancia jurídico penal".
Esa discusión, ha precisado Bañeres, inmiscuyó a las fiscalías provinciales, la Superior de Cataluña y se acabó trasladando también a la Fiscalía General del Estado, cuya dirección ha cambiado de manos desde el 1-O y, con el Gobierno socialista, pasó a ser liderada por María José Segarra.
Fruto de esas "discusiones", según Bañeres, se ha establecido que solo serán denunciados aquellos alcaldes que presenten indicios de "una participación activa con actos ejecutivos de colaboración" con el referéndum. "Y eso es lo que se ha hecho", ha zanjado.
También a raíz de las críticas de los diputados independentistas, Bañeres ha afirmado que, hasta lo que él conoce, la Fiscalía no ha presentado ni un solo escrito de acusación en que se califique de delito de odio las injurias contra miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad.
A preguntas de la diputada de Cs Lorena Roldán, que ha denunciado una "diáspora" de funcionarios que ejercían en Cataluña por el "clima político" derivado del procés, Bañeres ha admitido que hay fiscales que han pedido su traslado a otras comunidades, pero que no se puede "anudar esa solicitud a la situación política de Cataluña".
