El Gobierno bipartito de PSOE-Podemos en Castilla-La Mancha se ha estrenado con polémica. Ambas formaciones acaban de impulsar una reforma -vía enmienda al Proyecto de ley en materia de gestión y organización de la Administración- para permitir a los altos cargos del Ejecutivo un avance más rápido en el escalafón funcionarial, con la consiguiente mejora salarial (o "sobresueldo").
El nuevo vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha y líder de Podemos en la región, José García Molina, es funcionario y se beneficiará, por tanto, de estos cambios. Este dirigente se encuentra en "servicios especiales" desde mediados 2015, año en que siendo profesor titular de Pedagogía Social en la UCLM obtuvo el acta de diputado regional.
La normativa vigente señala que "el tiempo de permanencia en la situación de servicios especiales será computado, a efectos de consolidación del grado personal, como prestado en el último puesto desempeñado en la situación de servicio activo". Sin embargo, el PSOE de Emiliano García-Page y Podemos plantean una particular modificación, según la cual el personal funcionario "consolidará por el desempeño de dichos cargos públicos desde su nombramiento el grado personal en idénticos términos a los previstos en la regulación de la carrera profesional".
García Molina (47 años) se convirtió en Profesor Titular de Pedagogía Social en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) a finales de 2011, una plaza que tiene asignado un nivel 27 de la Administración pública (un Catedrático es nivel 29). Después de apenas cuatro años y medio de actividad docente en dicho puesto universitario, el dirigente morado pasó a "servicios especiales" por el escaño conseguido en las Cortes de Castilla-La Mancha. Y, de ahí, el diputado dio este jueves, en el ecuador de la legislatura, un salto repentino al Gobierno socialista, con cargo de vicepresidente.
Ahora, García Molina podrá consolidar el máximo rango de la escala funcionarial: nivel 30. Y lo hará por la vía rápida de los altos cargos, conservando este nivel si luego regresa a las aulas (es lo que se conoce coloquialmente como "nivel 33"). El Gobierno de María Dolores de Cospedal (PP) suprimió este complemento o "nivel 33" en la legislación autonómica, pero el Ejecutivo bipartito pretende rescatarlo así: "Consolidará grado personal el personal funcionario de carrera que pase a la situación administrativa de servicios especiales por haber sido nombrado o elegido para alguno de los cargos para los que artículo 87.3 del texto refundido de la Ley del EBEP reconoce el mismo tratamiento que se establezca para quienes hayan sido Directores Generales y otros cargos superiores de la correspondiente Administración pública".
Desde el Sindicato de Trabajadores de Administración y Servicios de Castilla-La Mancha (STAS-CLM) destacan que "si alguien queda retratado con estas enmiendas es Podemos", y más concretamente su secretario general en la región, el vicepresidente segundo José García Molina, que "no sólo da su visto bueno a estos privilegios, si no que se beneficia directamente de ellos, recuperando el antiguo complemento de alto cargo".
Décadas de espera
El STAS-CLM también subraya que esta reforma "supone en la práctica una transgresión a la carrera profesional del personal funcionario de la Junta, que sigue sin desarrollarse, y que va a ver cómo mientras un alto cargo consolida el grado máximo en un tiempo récord, el resto de personal tiene que esperar décadas para conseguirlo, y si es que al final lo hace".
Por su parte, UGT ha pedido igualmente a la Junta que retire el texto y ha cuestionado que los altos cargos vayan a ver incrementada su retribución "sin haber participado en los procesos objetivos de la Administración" que son "promoción interna, promoción directa en el puesto y concurso general de méritos".
El otro diputado de Podemos que se ha sentado junto a García Molina hasta esta semana, David Llorente, ha pedido a su grupo parlamentario que "retiremos nuestro apoyo y rechacemos cualquier enmienda que pueda suponer privilegios". "No he participado en la negociación de las enmiendas que denuncia STAS-Intersindical y no soy funcionario ni alto cargo ni aspiro a serlo", ha asegurado. Llorente es afín a la corriente Anticapitalistas y muy crítico con el pacto de gobierno suscrito con el PSOE en esta comunidad.
