La pregunta de si Cataluña pide una financiación singular porque tiene un gasto también singular, tiene respuesta afirmativa. Las páginas de los Presupuestos de esa comunidad y del Diari Oficial de la Generalitat incluyen docenas de partidas y acuerdos para gastos exclusivos y específicos del nacionalismo excluyente. Aparte de los muy señalados en Acción Exterior con su red de embajadas, las dotaciones presupuestarias con cargaidentitaria separatista incluyen subvenciones, por ejemplo, para uso del catalán en mezquitas o en festivales de cine o para unas `propinas´ a los abogados de oficio que lo empleen en los juzgados. Por lo demás, a cuenta de la singularidad lingüística también se ha consolidado un privilegio fiscal.
El régimen económico especial que el Gobierno de Sánchez promete al independentismo en Cataluña ha de cubrir un primer gasto exclusivo, el sueldo de 136.177 € del Molt Honorable President, muy superior al que perciben el resto de presidentes autonómicos. Una retribución en consonancia con la dimensión del gobierno catalán: 368 altos cargos, más del doble de los de la Comunidad de Madrid y por encima de los 300 de Andalucía, una comunidad ésta que duplica el territorio catalán y alberga casi un millón más de habitantes.
El sueldo de cualquier conseller del Govern, 120.773 euros, supera los de todos los presidentes de CC.AA. algunos de los cuales, como los de Andalucía, Castilla-La Mancha, Canarias o Comunidad Valenciana están incluso por debajo de los 92.659 € de un director general de la Administración catalana. Si la cantidad de altos cargos con retribuciones superiores a los de sus homólogos de otras regiones es una singularidad, también lo es su abultado sector público, 205 entes con 129.334 empleados que, junto a los 243.762 de la Generalitat, aportan una densidad de 11,62 empleados públicos por km2. Esos 205 entes públicos casi triplican los 83 de la Comunidad de Madrid y superan los 204 de Andalucía.
Lo de financiación singular no lo ha inventado Pedro Sánchez, es el eufemismo con el que tituló la Generalitat de Cataluña las 86 páginas de propuesta financiera para esa comunidad presentada en marzo pasado. La segunda justificación expuesta en ese documento para cambiar el modelo fiscal se aleja de la justicia distributiva al sostener que el actual modelo no es equitativo, ya que “los ciudadanos de otras comunidades autónomas que aportan menos acaban recibiendo más”. Una confusión sobre justicia y equidad que también se aprecia en cómo se dispone en Cataluña de los recursos públicos.
Los gastos propios del proyecto identitario, también presentes en la deuda de 15.000 millones con el Estado español, que los dirigentes separatistas quieren que sea condonada, se localizan en casi todos los departamentos del Govern y resto de administraciones públicas. Algunos parecen de menor cuantía, pero todos sumados conforman la singularidad económica que clama por una financiación a medida. En ellos figura la propina o complemento económico de 25 euros que reciben los abogados del turno de oficio por cada actuación en sede judicial usando la lengua catalana, una gratificación a la que el Departament de Justícia, Drets i Memòria dedica 350.578 € anuales.
En el bosque de las especificidades económico-financieras de Cataluña se esconde un discreto privilegio fiscal a costa de las arcas públicas. Se benefician del mismo los donantes a organizaciones que fomenten el uso del catalán, a razón de una deducción fiscal del 15% de la cantidad donada para el que la aporta, situando en posición ventajista para obtener recursos a las 361 asociaciones registradas en el Censo de entidades de fomento de la Lengua Catalana, entre ellas Club de Tenis de Badalona, Colegio de Registradores de la Propiedad, Asociación LGTBIQ de Sitges, la patronal Pimec, UGT, Asociación de Seguidores del Barça y muchas otras de las que recoge una selección el cuadro junto a estas líneas.
De la cascada de ayudas que brotan de la cúspide del Govern se beneficia con 650.000 € la Associació d’Amics de La Bressola, una red de escuelas en la llamada Catalunya Nord, alguna en territorio francés, con inmersión absoluta en catalán. O el Patronat de la Muntanya de Monserrat, enclave religioso/turístico/nacionalista, con 1,45 millones (M) de euros que llegan a 4,59 M sumando su dotación como ente público. También la empresa Intercatalònia, matriz de la Agencia Catalana de Noticias, con 5,02 M, aunque se lleva la palma la Corporació de Mitjans Audiovisuals con 265,3 M y otras aportaciones, hasta los 352,7 M.
El Molt Honorable President cuenta con una Oficina de Estrategia y Comunicación dotada con más de 5 M que sufraga con 1,66 M un Centre d’Estudis d’Opinió y destina 580.000 € a “trabajos realizados por personas físicas o jurídicas” en el programa Mitjans de Comunicació Social. También depende del presidente un departamento de Asuntos Religiosos con presupuesto de 1,56 M que no incluye las cuantiosas ayudas que por otras vías llegan a instituciones católicas. Es una partida que sirve en buena medida para vincular las confesiones religiosas instaladas en Cataluña al proyecto nacionalista mediante líneas de subvenciones como las dos siguientes:
- 650.000 € para actuaciones en materia de asuntos religiosos con el requisito de “s'ha d'utilitzar sempre i de manera preferent la llengua catalana o aranesa” en las comunicaciones y publicaciones de esas entidades. Estas subvenciones se reparten entre entidades como el Consell Evangélic de Catalunya, Diari de Girona, Comunidad Islámica Amigos de la Mezquita, Obispado de Girona, Fundació Catalunya Religió (con 118,251€), editora de El Punt Avui, Iglesia Evangélica Bethania, Unión de Comunidades Islámicas de Cataluña (95.784 €), etcétera.
- 500.000 € para adecuación de centros de culto de confesiones religiosas, con la condición de que cumplan la normativa de política lingüística y redacten al menos en catalán la señalética y los anuncios informativos del local de culto.
De las 205 fundaciones, consorcios, mercantiles, etc. del sector público de Cataluña, más de 20 corresponden al sector cultural donde se acumula y se ramifica el menudeo de gastos singulares emboscados en cifras macroeconómicas como los 45.359 millones de Presupuesto de 2023, prorrogado. La partida de 111 M para promocionar la lengua cooficial es solo una parte de los mismos e incluye, entre otras cantidades, 1,4 M en subvenciones a proyectos “per al foment de la llengua catalana”, 30 M para formación y acreditación en catalán, 518.000 € en cursos de catalán para adultos…
Todo lo anterior se coordina desde la Secretaría de Política Lingüística que dispone de cinco organismos para desarrollar su labor promocional, añadidos al Centre de Terminologia TERMCAT y al Consorci per a la Normalització Lingüística. Con los 477 M de presupuesto para Cultura i Llengua se alimentan diez líneas de subvenciones para fomento del catalán dirigidas a diferentes sectores, entre las que destacan 32,6 M en ayudas a producciones de largometrajes y series en catalán “com a motor de divulgació i de progrés de l'ús social i del català”, más 6 M para doblaje y subtitulación en el mismo idioma.
La práctica de `despeses singulars´ alcanza sectores estratégicos y sensibles bien nutridos por el nacionalismo excluyente. Las TIC o la ciberseguridad, utilizados fraudulentamente para el referéndum ilegal y demás preparativos de la secesión en 2017, también son agraciadas por partidas de ese cariz como los 3,64 M para la Autoritat Catalana de Protecció de Dades que no evitó la usurpación de datos personales para el censo ilegal del 1-O, los 6 M del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació o los 40,68 M que nutren la Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
