Moncloa recibe un nuevo varapalo de la Justicia. El Gobierno asume que el señalamiento de los fiscales del Tribunal Supremo a Carles Puigdemont por un supuesto delito de terrorismo complica las negociaciones con Junts para sacar adelante la ley de amnistía. Fuentes gubernamentales aseguran que el Ejecutivo esperaba la conclusión de la Junta de fiscales del Alto Tribunal y perciben a Junts renqueante ante un escenario "complicado". El núcleo duro del presidente, no obstante, advierte de que la última palabra, al final, la tiene el fiscal general y ve a los de Puigdemont cayendo en una trampa de la Justicia.
Estas fuentes avisan a navegantes: "[La última palabra] la tiene quien la tiene", en referencia a la Fiscalía General del Estado, que consideran un órgano "jerárquico". De manera que el criterio de la Junta de Fiscales aún puede variar. Este dictámen colisiona de pleno con la opinión política del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien, en reiteradas ocasiones, ha dicho que el independentismo no es terrorismo. Pero la partida de cartas entre Moncloa y Junts no solo no ha terminado, sino que se está complicando.
El Gobierno, en público, echa balones fuera y sostiene que "el diálogo y las negociaciones [sobre la medida de gracia] no le corresponden al Ejecutivo, sino a los partidos". Es más, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que la intención de retocar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para acotar los plazos de instrucción busca "mejorar la eficacia de la Justicia", pese a que el PSOE se opuso a ello en 2015, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy, con el PP asediado por casos de corrupción, hizo lo mismo. Entonces, para el propio Sánchez ese retoque era una ventana de "impunidad".
Lo cierto es que el reloj de la amnistía ya ha empezado la cuenta atrás definitiva. Y el lapso hasta que la medida de gracia se someta de nuevo a examen en el Congreso tras suspender el pasado martes va a ser un juego de gato y ratón entre el PSOE y Junts. El líder socialista intenta persuadir a Carles Puigdemont de que pese a los posibles "agujeros" de la ley, ni el juez Manuel García Castellón ni el juez Joaquín Aguirre van a poder colarse por ellos para reventar la amnistía.
Fuentes socialistas de alto nivel consultadas por este diario inciden en que no van a "sacrificar la seguridad jurídica". La obsesión del PSOE es que la ley pase el filtro del Tribunal Constitucional y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y eso mismo quieren los socios de Pedro Sánchez, que repiten machaconamente que es mejor tener una ley y ver cómo navega las olas de los juzgados que no tener nada. Al menos una bala. Pero Junts tiene miedo de que su líder espiritual se quede fuera y, por eso, coquetea con la idea de impedir que el resto se pueda beneficiar; algo por lo que ya está recibiendo el hostigamiento de ERC. En el mundo de Junts ya hay quien hablar de una pinza del PSOE con los republicanos para estrangularles.
El presidente aseguró este lunes en una entrevista en La Sexta que España, como indican los rankings internacionales, es una "democracia plena" con un modelo "garantista" que hace que si hay "errores" judiciales, estos puedan subsanarse en instancias superiores. Por eso, él mismo pidió a los independentistas que sean "rigurosos" y "escrupulosos en el cumplimiento de la constitucionalidad y en la alineación con el Derecho europeo". Un recado a Puigdemont, a quien quiere que se amolde a la legalidad para que pueda ser amnistiado.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que el nuevo informe que contemplará el criterio mayoritario de los fiscales del Alto Tribunal lo redactará la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde ante la discrepancia de los dos fiscales de Sala que integran dicha junta -Fidel Cadena y Joaquín Sánchez-Covisa-. El nuevo documento será el que la Fiscalía remita a la Sala de lo Penal del alto tribunal, que es la que tiene la última palabra acerca de si asume o no la investigación contra Carles Puigdemont.
Fuentes de la propia junta avanzaban a este medio que la junta que se celebra con carácter ordinario cada martes se avecinaba especialmente intensa no solo por el contenido del asunto a tratar, sino también por la polémica acerca del primer "borrador" que redactó Redondo en el cual, según informó el diario El Mundo, plasmaba un criterio totalmente contrario al informe que finalmente se ha deliberado este martes y que se presentó en la junta del pasado martes previa visita al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, informa Gema Huesca.
