Aunque el Gobierno sigue en funciones desde febrero, el gasto en asesores no ha dejado de crecer. Según datos de la liquidación presupuestaria de la Intervención General del Estado hasta junio, últimos datos disponibles, el Ejecutivo ha aumentado en un 29,2% la partida destinada a pagar al personal eventual, es decir, a los cargos de confianza contratados a dedo que emplea como asesores del presidente, ministros y altos cargos.
Si hace un año el gasto en la Administración General del Estado (ministerios sin organismos autónomos) era de 19.201.000 euros, en junio de 2019 alcanzó los 24.817.000. El aumento es de 5.616.000 euros, una cifra que no se había producido desde que hay series presupuestarias. Se debe al aumento del número de asesores como consecuencia también del incremento del número de ministerios del equipo de Pedro Sánchez (17 frente a los 13 de Rajoy) y de sus altos cargos (409 frente a los 379 en el año anterior) y al alza salarial muy por encima del IPC para la función pública.
Presidencia del Gobierno es el departamento que cuenta con mayor número de asesores. Sánchez tiene directamente asignados a 252 asesores
En realidad, el gasto es mayor desde el punto de vista de la contabilidad pública ya que esos 24,8 millones hasta junio corresponden a pagos realizados, pero existen más de 2,8 millones de obligaciones pendientes aún de pago (hace un año sólo llegaban a los 94.000 euros). Lo que significa que las obligaciones reconocidas netas de pago (el verdadero gasto) superaron a mitad de año los 27,6 millones frente a los 19,3 millones de hace un año. Es decir, crece a un ritmo del 43,3%.
Por tanto, esta partida presupuestaria sólo dispone de 17,6 millones como remanente de crédito disponible para atender el abono de los seis meses con paga extra incluida que quedan pendientes para finalizar el ejercicio frente a los 21,3 millones que quedaban hace un año ya que el crédito inicial total es de 43,2 millones (6,9% más que en 2018). La cifra prevista inicial en la Administración General del Estado es de 45,3 millones si se considera las modificaciones al alza que se han hecho de 2,1 millones (sólo 125.000 euros más en 2018) tras el decreto para habilitar los pagos de personal como consecuencia de la negativa del Congreso a la aprobación de los Presupuestos Generales.
Más asesores de lo previsto
Todo esto quiere decir que el Ejecutivo había calculado a la baja esta partida y que probablemente ha contratado más asesores que no se contemplaba en las previsiones presupuestarias. En todo caso, es evidente que el Gobierno ha gastado en el primer semestre del año el 64% de los créditos iniciales comprometidos para este abono frente al 47,8% de hace un año. El porcentaje se reduce al 61% si el cálculo de gasto se hace sobre los créditos definitivos tras las modificaciones realizadas. Pero, es aún my superior al 47,6% en junio de 2018. Estos datos corresponden al montante de las nóminas, es decir, el gasto para el erario público es aún mayor porque en estas cifras no se incluye las cuotas a la Seguridad Social que el Estado realiza como empleador.
Según figura en la memoria de los Presupuestos Generales de 2019, el Gobierno había previsto para este año 864 asesores en los ministerios frente a los 774 del año anterior, más otros 86 más en organismos autónomos (Patrimonio Nacional, Consejo de Seguridad Nuclear, Consejo Superior de Deportes y Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia). La cifra total estimada es de 950 frente a los 869 que tenía Rajoy y su equipo. Por tanto, el alza de efectivos de este personal de confianza es del 10,5%. En el año previo a la crisis, en pleno boom económico (2006), había 700. Por tanto, hay ahora un 36% más de asesores en los ministerios. Su presupuesto total inicial (Estado más organismos de los ministerios), excluidas las cuotas sociales, es de 49,1 millones frente a los 44,9 del año pasado (9,6% más). Esta partida se ha incrementado un 35,2% desde el inicio de la crisis económica (en 2007 era de 36,4 millones) y un 10,5% el último año (crédito inicial), que supera con creces el ritmo de años anteriores.
Según figura en la memoria de los Presupuestos Generales de 2019, el Gobierno había previsto para este año 864 asesores en los ministerios frente a los 774 del año anterior,
Presidencia del Gobierno es el departamento que cuenta con mayor número de asesores (los previstos eran 342). Sánchez tiene directamente asignados a 252 asesores para atender al programa 912M de Presidencia del Gobierno frente a los 245 que tenía Rajoy. Resulta curioso observar que el jefe del Ejecutivo dispone de un número de asesores contratados casi similar al de funcionarios adscritos (285) así como 73 laborales fijos más. Es decir, casi el 71% de los empleados a disposición del Presidente han sido nombrados a dedo. Pero, como se trata de personal de confianza, que no se elige por méritos profesionales o formativos, no todos tienen un nivel académico para garantizar la solvencia.
Por ejemplo, sólo el 31% (78) es titulado superior; el 8% tiene titulación de grado medio (20); un 20% (52) dispone de bachiller o de un nivel similar; un 14% (35%) sólo alcanza el graduado escolar; y otro 27% (67) sólo acredita tener un certificado de escolaridad. Así, llama la atención que el 56% de los asesores del Tribunal de Cuentas, el organismo especializado en fiscalizar la contabilidad pública, tenga estudios medios y otro 38% bachiller o similar.
Además, sorprende que sólo tengan estudios superiores el 10% de los asesores del Consejo General del Poder Judicial. En sentido contrario, el 84% de los 168 asesores del ministerio de Política Territorial y Función Pública dispone de estudios superiores. Es decir, el ministerio que se encarga de los funcionarios es el departamento (tras Presidencia) que más personal de confianza contrata del exterior y con mayor formación teórica. En todo caso, sólo la mitad de esos 950 asesores tienen formación académica superior.
