La cifra total de asesores de confianza en la Administración Central supera con creces el millar, ya que no constan oficialmente los datos de este personal de algunas instituciones, como por ejemplo el Tribunal Constitucional, ni de otras contrataciones similares de asesores técnicos en empresas públicas y en los diversos organismos autónomos o administrativos del Estado.
A estos hay que añadir además los asesores que los grupos políticos tienen en el Congreso y el Senado, pese a que no habrá actividad legislativa hasta que se configure un nuevo Ejecutivo en septiembre o después de otras nuevas elecciones. Llama la atención que, por ejemplo, los partidos dispongan en el Congreso en la nueva legislatura de más asesores directos (311) que en la anterior (271). Y ahora no hay nada de qué asesorar porque además sus señorías están de vacaciones.
El número total (incluyendo los que están a disposición de los órganos de las cámaras y los presidentes de las comisiones) llega hasta los 361 totales frente a los 337 de hace un año. La cifra será aún mayor próximamente ya que, al no haber actividad legislativa, hay menos comisiones parlamentarias (legislativas y no legislativas). En todo caso, cada diputado dispone de media de al menos un asesor. Si le sumamos el personal de confianza del Senado (59), sale que los políticos tienen a su disposición a 420 asesores frente a los 399 de la anterior legislatura, que pagan las cámaras con cargo al presupuesto público y no a las subvenciones que reciben los partidos.
Los partidos que más asesores tienen
Excluidos los de las comisiones, el PSOE dispone de 111 contratados como personal de confianza frente a los 84 en el anterior periodo de sesiones al disponer de más diputados; el PP, alcanza los 59 (103 antes) al perder escaños; Ciudadanos tiene 51 (25 en la última legislatura); Unidas Podemos ha asignado a 38 frente a los 52 anteriores; Vox llega a los 22; ERC a los 13 frente a los 7 de hace un año; 5 el PNV, uno más; mientras, el puzle del grupo mixto consigue 13, dos menos que en la legislatura precedente.
Los partidos se han convertido en verdaderas agencias de colocación pública directa, eso sí, de sus afines
En número redondos, esta cohorte total de contratados en la Administración Central y Cortes puede acercarse inicialmente a los 2.000. La cifra puede alcanzar sin dificultad los 30.000 si se suma los que contratan en las comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, instituciones, empresas y demás organismos públicos. Lo que significa que los partidos se han convertido en verdaderas agencias de colocación pública directa, eso sí, de sus afines. Sólo hay que ver que creció su número durante las dos recesiones económicas ya que los partidos incluyeron en la nómina pública a sus ‘próximos’ mientras que el ajuste se cebaba en el resto del empleo.
Falta de transparencia
Los nombres y apellidos del personal de confianza, así como los méritos, el curriculum profesional y el sueldo, se han convertido en el secreto mejor guardado. Muchos de ellos proceden de las oficinas del partido que alcanza el Gobierno, e incluso son compromisos personales o familiares de los políticos al rebufo del enchufe y ajenos a la dificultad de conseguir un sueldo y un empleo precario en el sector privado. El Portal de la Transparencia publicó algunos datos (nombre, cargo y sueldo) de 2012 y 2013. Pero, tras una protesta generalizada de los asesores, se han omitido en los años posteriores. En aquella época, la media salarial superaba con creces los 50.000 euros. Pero, había muchos casos con sueldos cercanos a los 100.000 euros.
En número redondos, esta cohorte total de contratados en la Administración Central y Cortes puede acercarse inicialmente a los 2.000
Según la Ley de la Función Pública, el nombramiento de este personal de confianza es de libre designación por parte de los altos cargos. Sale del empleo cuando cesa quien le nombró, aunque en algunas administraciones se ha utilizado este portillo para conseguir una plaza pública incluso a través de oposiciones restringidas. Su contratación no está sujeta a convocatoria pública ni a transparencia alguna.
Estos empleos no están reservados a funcionarios de carrera, la élite en formación en las Administraciones, y suponen un incremento de gasto y un cierto grado de desconfianza respecto a los empleados públicos que se han ganado su plaza mediante una oposición o concurso según su competencia profesional y méritos. Suelen ocuparse de la asistencia técnica de los políticos, jefatura de gabinetes, comunicación y asesoría personal. Esta modalidad de contratación procede de una ley franquista de 1964.
UCD diferenció por decreto entre el personal de confianza con titulación adecuada y quienes no la tenían. El PSOE en 1984 hizo tabla rasa y extendió la norma al conjunto de las administraciones públicas dónde ahora se produce una autentica inflación, sobre todo tras las últimas elecciones municipales y autonómica. Por ejemplo, el ayuntamiento de La Coruña ha incrementado un 45,6% el gasto anual en asesores y el PP ha anunciado que intentará recolocar como asesores en la Comunidad de Madrid a parte del personal excedente del partido al disponer de una menor subvención pública como consecuencia de tener la mitad de los diputados en la actual legislatura para evitar un duro ajuste o incluso un ERE.
