El Gobierno considera que el aplazamiento del Pleno del Parlamento de Cataluña en el que se iba a investir “de manera fraudulenta” a Carles Puigdemont es la consecuencia “obligada” de la actuación del Estado de derecho, “tanto por la acción del Gobierno como de los tribunales”.
Fuentes del Ejecutivo resaltan que, “gracias” al recurso que presentó el Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) y a las cautelares dictadas por éste, “se ha evitado que hoy se hubiera producido una burla a nuestra democracia”.
“Los independentistas saben que están obligados a cumplir la ley como el resto de ciudadanos”, añaden las mismas fuentes.
El Gobierno avisa a los independentistas ante cualquier decisión en los próximos días se seguir imponiendo la investidura de Puigdemont por las bravas que “seguirá velando por defender la ley y las instituciones en todo momento”.
