El Gobierno del PP dejará su puesto en los próximos días sin haber publicado en el Boletín Oficial del Estrado (BOE) el patrimonio del presidente y de los ministros y altos cargos en el momento de su nombramiento. La última vez que se hizo fue en 2014, y en estos últimos dos años el Ejecutivo del PP no ha aprobado el reglamento necesario para adaptarse a la ley de 2015 reguladora del ejercicio del alto cargo.
Fue una ley del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que regula los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y los Altos Cargos de la Administración General del Estado, la que implantó en 2006 la obligación de publicar en el BOE esas declaraciones de bienes de los miembros del Ejecutivo.
Cambios legales
Los altos cargos deben presentar una declaración de bienes y patrimonio en los tres meses siguientes a su toma de posesión y se añadió que, antes de finales de septiembre, debían publicarse en el BOE las de los ministros y secretarios de Estado nombrados o cesados entre el 1 de julio del año anterior y el 30 de junio del presente.
Con la Ley de Transparencia, el Ejecutivo del PP amplió el listado de cargos que deben publicar las declaraciones de bienes, incluyendo a embajadores, subsecretarios y otros. Así se hizo en septiembre de 2014, la última vez que se cumplió con este trámite.
Y es que la Ley de 2015 reguladora del ejercicio del Alto Cargo derogó el decreto que fijaba en septiembre el momento de la publicación en el BOE y dejó todo pendiente de un reglamento que nunca llegó a ver la luz.
Por tanto, el Gobierno de Rajoy que tomó posesión el 4 de noviembre de 2016 nunca llegó a hacer público su patrimonio en el momento de ser nombrados y todo apunta a que tampoco se verán las de su cese. Sí son públicas las declaraciones de bienes y actividades de los ministros que a la vez son diputados, que no son todos.
En Comú: ¿No ha tenido tiempo?
El pasado enero, En Comú Podem pidió explicaciones al Gobierno por no haber aprobado ese reglamento: "¿No ha encontrado un momento en 15 meses para hacerlo? -preguntaba el portavoz adjunto de la confluencia catalana de Unidos Podemos, Josep Vendrell-. ¿Considera que la transparencia, especialmente en la regulación de los conflictos de intereses, es un tema menor que puede ser pospuesto durante 15 meses?".
En su respuesta, recogida por Europa Press, el Gobierno aseguró no tener "la más mínima intención de incumplir o retrasar" ninguno de los preceptos de la ley de 2015 que precisamente tenía por objeto "mejorar la credibilidad en los altos cargos y luchar contra toda actuación corrupta o contraria a los valores de ética pública".
Pero Moncloa insistió en la necesidad de esperar a ese desarrollo reglamentario pendiente para definir exactamente qué es lo que se publica en el BOE, ya que no se pueden publicar las declaraciones de patrimonio completas. A su juicio, se trata de buscar "una declaración comprensiva de la situación patrimonial de los altos cargos, omitiéndose aquellos datos referentes a su localización y salvaguardando la privacidad y seguridad de sus titulares".
La Oficina de Conflictos de Intereses, cuestionada
Mientras tanto, la custodia de las declaraciones de bienes y actividades sigue en manos del Ministerio de Hacienda, cuya Oficina de Conflictos de Intereses tiene encargada la vigilancia de las incompatibilidades.
Precisamente, el Tribunal de Cuentas desveló en un informe referido al periodo 2012-2014 que esa Oficina no verifica las declaraciones de los altos cargos, ni tampoco busca posibles omisiones, y que en ese periodo sólo solicitó aclaraciones sobre actividades previamente declaradas o sobre noticias que aparecían en la prensa.
En concreto, el Tribunal criticaba que la mencionada Oficina "se limitó" a gestionar los registros de bienes y actividades de los altos cargos, pero "no desarrolló las facultades que le atribuye la ley para verificar e investigar" la información declarada.
Cuando se conoció este informe, el pasado noviembre, tanto el PSOE como Unidos Podemos plantearon sendas propuestas de resolución pidiendo que la Oficina de Conflictos de Intereses ejerza un mayor control de la veracidad de las declaraciones de bienes e intereses de los altos cargos.
En concreto, los socialistas planteaban que se realicen comprobaciones de las declaraciones de los altos cargos contrastándolas con las antiguas, y que se les requiera a subsanar defectos u omisiones bajo amenaza de abrir un procedimiento sancionador. De su lado, Unidos Podemos sugería "desarrollar todas las facultades" que permite la ley para "verificar e investigar los datos declarados".
Incluso el PP reconoció en otra resolución que la situación debía mejorar al incidir "especialmente" en la conveniencia de realizar "comprobaciones periódicas y aleatorias" para verificar los datos declarados por los altos cargos. Su texto fue el único que se aprobó, ya que su mayoría en la Comisión Mixta pudo derrotar las demandas de la oposición.
