“Tuvimos un informe de la Asesoría Jurídica del Departament de la Presidencia que recomendaba paralizar el pago de la factura”. La confesión es del director general de difusión de la Generalitat, Ignasi Genovés. Su departamento dependía de Presidencia y, según admitió ante el juez que investiga el referéndum del 1-O en Barcelona, fue ese organismo el que recomendó dejar sin pagar las facturas relacionadas con la consulta ilegal.
Hasta ahora se conocían varias partidas que habían quedado en el limbo atendiendo a las declaraciones de varios implicados. Lo que no se conocía es que eso formase parte de una instrucción dirigida desde el Departamento de la Presidencia que encabezaba Carles Puigdemont, ahora bajo la intervención del Gobierno de Mariano Rajoy en virtud del artículo 155 de la Constitución.
“El informe se basaba en una cuestión de que este proyecto estaba sub iúdice (bajo investigación) y, por tanto, parece ser que hay un artículo de la Ley de Finanzas Públicas que prevé que en estos casos se paralice el pago hasta que se dilucide el resultado de todo el proceso”, precisó este trabajador de la Generalitat en su declaración del pasado 2 de mayo como testigo ante el magistrado José Antonio Ramírez Sunyer.
Se refiere a una factura derivada de un contrato de publicidad firmado con una agencia para un anuncio cuya finalidad oficial era promocionar el registro de catalanes en el extranjero. No obstante, los investigadores indagan si esta campaña se usó para promocionar el referéndum.
El testigo indicó que estos hechos sucedieron en marzo, justo dos meses después de que el abogado Miguel Durán y VOX presentasen sus denuncias en respuesta a las declaraciones del senador de ERC y juez, Santiago Vidal, quien desveló en una conferencia -sin medir la repercusión que sus palabras tendrían en los medios- las presuntas irregularidades del Gobierno catalán en sus planes independentistas.
Ignasi Genovés admitió que, en virtud de ese informe de la Asesoría Jurídica, él personalmente dio la orden de no pagar a la agencia de publicidad. Eso a pesar de que el anuncio se llegó a publicar en La Vanguardia y en otros medios de comunicación digitales. En el spot se veía un mapa de Cataluña desprendido del fondo (dando a entender que del resto de España) y una pregunta “Si o No”. Además, entre las ventajas que se ofrecían a quien se registrase, se incluía la posibilidad de decidir sobre su país, tal y como recordó el juez durante el interrogatorio.
Ramírez Sunyer le preguntó sorprendido al testigo si la empresa en cuestión reclamó la retribución pactada por el trabajo realizado. Genovés respondió que “no le quedaba otra opción” que conformarse después de que le remitiese un correo en el que le notificaba que “la factura estaba retenida hasta nueva orden”. “Y no se ha pagado”, remachó al tiempo que admitió “alguna llamada” por parte de la agencia.
A este mismo informe de la Asesoría Jurídica se refirió también el entonces secretario general del Departamento de Presidencia, Joaquín Nin. En su caso acudió ante el juez en calidad de investigado y acusado de los delitos de rebelión, malversación, desobediencia y revelación de secretos por, entre otras cosas, gestionar publicidad para el 1-O.
Nin fue preguntado por el juez acerca de si se había pagado otra factura de 80.440,19 euros por los trabajos realizados por una UTE de empresas contratada para la difusión de publicidad que los investigadores vinculan con el 1-O. “Por el conocimiento que yo tengo del Departamento, hay un informe de la Asesoría Jurídica instando (su compañero habló sólo de "recomendación") a la suspensión del pago", respondió el imputado. Nin, además, situó temporalmente el documento “a finales del 2017” cuando comenzaron las primeras operaciones policiales contra el procés tras meses de discretas pesquisas judiciales.
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Los investigadores reúnen pruebas para acreditar el uso de fondos públicos para la celebración del referéndum para poder demostrar con ello el delito de malversación del que se viene acusando a buena parte de los imputados, tanto los investigados en el Juzgado de Instrucción Número 13 de Barcelona como en el Tribunal Supremo a cuenta del juez Pablo Llarena. Eso incluye a Puigdemont y al resto de exconsellers fugados.
El expresident ha alegado en el proceso que se sigue en Alemania para su entrega a España que todo lo relacionado con la consulta se pagó “con fondos privados” y sus abogados confían en poder demostrar que no hay facturas con dinero público en contra de lo que sostienen los informes de la Guardia Civil.
