El Gobierno de Mariano Rajoy se niega a hacer público el reparto de los alrededor de 70 millones de euros anuales que gasta en publicidad institucional entre cada uno de los distintos medios de comunicación en los que se promociona.
Así se deprende al menos del hecho de que el Ejecutivo central haya recurrido las ocho solicitudes de información vertidas en esta materia por el Consejo de Transparencia, el órgano independiente del Gobierno encargado de tutelar la aplicación de la Ley de Transparencia que entró en vigor en 2014.
Las ocho solicitudes se han transformado en ocho de los 26 pleitos legales pendientes de resolución firme entre el Consejo y el Gobierno. Entre ellos además figuran un recurso contra la publicación del expediente de liquidación y adjudicación del Banco Popular y la copia de las resoluciones sancionadoras al banco, una información que se ha denegado por verse afectados intereses económicos y comerciales y el principio de confidencialidad.
"La mayor parte de los pleitos que tenemos con las autoridades estatales tiene que ver con solicitudes de información sobre el uso de dinero público", asegura a Vozpópuli la directora de reclamaciones del Consejo, Esperanza Zambrano.
La directora de reclamaciones resalta el caso de "las trabas a la transparencia" de la publicidad institucional y se lamenta que, a nivel estatal, se 'escuden' en no dar la información para no perjudicar la libre competencia de los medios privados y no se aplique el mismo criterio que a nivel autonómico: las Comunidades Autónomas están obligadas a publicar, sin que nadie se lo pida, el desglose de sus gastos en publicidad institucional por cada empresa de publicación.
En el caso de los pleitos de publicidad institucional del ministerio de Defensa y Sanidad, ya existe, en cualquier caso, un fallo judicial en primera instancia favorable al Consejo de Transparencia.
Los sueldos de directivos de RTVE y Navantia, también a 'oscuras'
Dentro de los organismos públicos, asimismo, Zambrano destaca que la Corporación de Radio Televisión España (RTVE) es el ente que más recursos ha presentado contra las solicitudes del Consejo de Transparencia.
Algunas de ellas ya se han resuelto a favor del Consejo, como lo fue la referida al coste de la participación de nuestro país en la edición 2015 de Eurovisión.
Sin embargo, otras como la publicación de los sueldos de altos directivos (algo que también ocurre con la sociedad pública Navantia) no han prosperado aún en firme, pese a que un juez en primera instancia ya ha obligado a la corporación a publicar dichos sueldos ya que, pese a ser una sociedad mercantil, ofrece un servicio público y está sujeta a la Ley de Transparencia.
