Habrá huelga, pero sin consenso. Los sindicatos nacionalistas, liderados por ELA y LAB, han convocado una "huelga general" en el País Vasco y Navarra para el próximo 30 de enero. Comisiones Obreras, UGT y diversos colectivos de pensionistas ya han mostrado su oposición a la protesta y no participarán en la misma. Así, la primera protesta en las calles contra el Gobierno de PSOE y Podemos llega con una enorme división en el seno del propio movimiento sindical y entre los grupos de pensionistas.
La idea de esta huelga general surgió ya en noviembre. Había cierta expectación por si el acuerdo de gobierno progresista del primer Ejecutivo de coalición desde la Segunda República cambiaría las cosas. Ese pacto no ha cambiado nada y los convocantes siguen erre que erre porque, a su juicio, "sobran motivos" para "pasar a la ofensiva".
Así, los sindicatos nacionalistas ELA, LAB, Steilas, ESK, Hiru, Etxalde y EHNE registraban la pasada semana la convocatoria de la "huelga general". Diversos movimientos sociales como SOS Racismo, la plataforma contra el Tren de Alta Velocidad, grupos de pensionistas o colectivos feministas también respaldan la protesta.
Clima de división
Más allá de si la huelga tendrá éxito o no, la realidad es que se celebrará en un clima de gran división entre los propios movimientos sindicales. Porque Comisiones Obreras, UGT y varios grupos de pensionistas de Euskadi y Navarra rechazan de plano esta huelga. Ni les parece oportuna ni se van a sumar a ella ni van a acudir a las consiguientes manifestaciones convocadas en las calles de ambas comunidades autónomas.
Esa división se traduce en cruce de acusaciones y reproches. La respuesta de UGT es una de las más duras. El sindicato denunciaba esta semana que "no tiene justificación" la huelga convocada por ELA y LAB y "una serie de organizaciones sindicales y sociales del entorno abertzale". A su juicio, el único objetivo es "dividir y marcar territorio".
"Sectaria", "precipitada"
Para el sindicato afín al PSOE, la huelga del 30 de enero es "una convocatoria sectaria, que ahonda la división sindical" y que "rompe la unidad que hasta ahora ha caracterizado las movilizaciones de los pensionistas y de otros colectivos sociales".
En opinión de Comisiones Obreras, la huelga que los sindicatos nacionalistas llaman "general" porque se celebra en País Vasco y Navarra "deteriora la unidad del movimiento de pensionistas, y trata de patrimonializar una reivindicación apoyada en las calles por miles de personas".
Se trata, a juicio de la central históricamente unida al PCE, de una convocatoria "parcial" que tildan de "despropósito" por estar hecha "fuera de contexto y precipitada", teniendo en cuenta además que el primer consejo de ministros del nuevo Gobierno "aprobó una revalorización de las pensiones".
En frente, los sindicatos ELA y LAB, mayoritarios en Euskadi pero minoritarios en Navarra, insisten en que es el momento de lanzar esta "huelga general". Por ejemplo, el secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, afirma que "sobran razones" para celebrar la protesta contra "los gobiernos central, vasco y navarro" porque los convocantes comparten "una preocupación por el empeoramiento progresivo y notorio que padece la población, debido al aumento de la pobreza, la brecha salarial y la precariedad laboral y social que algunos quieren invisibilizar".
Pensionistas divididos
El enfrentamiento entre los sindicatos es habitual desde hace años. Ocurre que la división que está provocando la huelga del 30-E no sólo se produce entre los representantes de los trabajadores. Porque el propio movimiento de los pensionistas, tan exitoso sobre todo en el País Vasco durante los últimos años, también se ha dividido.
El movimiento de pensionistas que tantos apoyos ha suscitado en Euskadi es heterogéneo. Y básicamente los colectivos no nacionalistas acusan a los nacionalistas de querer instrumentalizar a todo el movimiento mediante esta huelga. La división era evidente el pasado lunes, durante la ya tradicional protesta a favor de las pensiones dignas, ya que unos grupos lucían carteles a favor de la protesta del 30-E para disgusto de otros.
Reivindicaciones
La "huelga general" del 30 de enero incluye una serie de reivindicaciones laborales. Entre ellas están que la pensión mínima sea de 1.080 euros, la subida del salario mínimo interprofesional a 1.200 euros, la jornada laboral de 35 horas semanales o la derogación de las dos últimas reformas laborales, tanto la del Gobierno de Zapatero como la del Gobierno de Rajoy.
Los convocantes de la protesta reclaman también que la edad de jubilación sea de 65 años, pero con la posibilidad de jubilación anticipada a los 61 si ya se ha trabajado durante 30 años. Además, reclaman que para calcular la jubilación se tengan en cuenta solo 15 años de cotizaciones.
